Guardas rurales reivindican su labor: «Asturias presume de naturaleza y somos nosotros los que cuidamos de ella todo el año»
ASTURIAS
El sector exige negociar la modificación de la normativa vigente en los cotos de caza, que supondría el «despido de una veintena de profesionales»
18 abr 2021 . Actualizado a las 17:35 h.La propuesta trasladada por las sociedades de cazadores al Gobierno del Principado para modificar la normativa relativa a la Guardería Rural en los cotos de caza ha desatado la polémica. La aprobación del borrador supondría reducir la contratación a un guarda de caza por cada 14.000 hectáreas, lo que abocaría «al despido de una veintena de profesionales». Además, la proposición de crear empleo temporal durante seis meses tampoco solucionaría la situación, puesto que tal y como asegura Chema Hernández Hernández, guardabosque del Coto de Gozón y delegado del sindicato USO en Asturias, la labor desarrollada es esencial durante todo el año. «Asturias presume de naturaleza, pero nadie se da cuenta de que los guardas rurales somos los que cuidamos de ella las 24 horas del día y los siete días a la semana», reconoce.
En este sentido, Hernández asegura que el trabajo de un guarda rural no es solo acudir cuando hay alguna batida y controlar las vedas, sino que va mucho más allá. «Moderamos el furtivismo, si hay un accidente, tenemos que acudir para quitar de la vía al animal muerto o herido (independientemente de la hora que sea), ayudamos en la prevención de incendios forestales, protegemos la fauna y la flora, evidenciamos los daños de un jabalí o un lobo lo antes posible para que así el ganadero o agricultor pueda recibir la ayuda, entre otras muchas cosas», detalla.
Por ello, exige que se mantengan los puestos de trabajo y las mismas condiciones porque «nosotros somos auxiliares de la guardia civil en el medio rural». Asimismo, reconoce que «no puede ser el cazador el que nos pague el sueldo ni tampoco debe ser el que apoquine los daños de los animales porque bastante tienen con abonar las tasas que conlleva el arma y las licencias». Además, indica que «somos un mal obligatorio» porque para que un coto de caza esté dado de alta tiene que haber un guarda rural por cada 10.000 hectáreas y, a medida que aumenta el terreno, se debe de incrementar el número de agentes.
De esta manera, exige que sea el Gobierno asturiano el que se haga cargo de las nóminas. «Por lo menos, deberían de costearnos la mitad de la misma o una parte de ella, ya que estamos haciendo una labor por el bien de Asturias y que, además, ellos mismos exigen», clama. En este sentido, Hernández explica que «dependemos del Principado en tema de vedas» y que, además, «somos auxiliares de la Guardia Civil del medio rural, estamos reconocidos como tal por el Ministerio Interior», pero el sueldo no lo paga la Administración. «A pesar de que hay que hacer un concurso oposición para poder trabajar», añade indignado.
Asimismo, asegura que es más rentable mantener los puestos de los guardas rurales que contratar agentes medioambientales. «Venimos a salir por entre 24.000 y 30.000 euros al año y todos los gastos los sufragamos nosotros. Si meten a un funcionario menos de 40.000 euros no van a pagar porque va a ser un especialista y además tendrá un vehículo de la administración, que se debe mantener», justifica. Por ello, pone de ejemplo la Comunidad Foral de Navarra. «Allí lo están haciendo muy bien porque destinan ayudas para la contratación de guardas de caza, la prevención de daños y mejoras del hábitat de especies cinegéticas. Y se ve que funciona», afirma y clama porque se utilicen las subvenciones que llegan de la Unión Europea, en materia de mundo rural.
Aún así, este guarda de caza del coto de Gozón exige que se busque una solución para que no queden personas en la calle. «Es muy duro perder el trabajo de la noche a la mañana», asegura y advierte de que la decisión va a traer consigo problemas como el furtivismo o la despoblación. «La vida se mueve en las grandes ciudades y sino se cuida de la zona rural nadie va a querer ir a vivir ahí», señala. Por ello, desde el sindicato USO han pedido una reunión conjunta entre la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático y los Guardas Rurales de Caza para llegar a un acuerdo sobre la modificación de la normativa.