Arranca el juicio por el caso de un niño ahogado en una piscina en Palacio de La Bouza pese a la advertencia reiterada de que tenía pánico al agua
15 mar 2021 . Actualizado a las 17:33 h.El padre del niño ahogado en la escuela granja Palacio de La Bouza de Soto del Barco ha declarado este lunes que desde un principio dejó claro que su hijo tenía pánico al agua y que si la piscina era una actividad obligatoria se lo llevaría de vuelta a casa.
Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras comparecer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés que acoge el juicio contra la directora y dos monitoras de la granja escuela por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave por la muerte del niño de cinco años que se ahogó en la piscina del centro en 2017.
Según ha apuntado el padre, los responsables de las instalaciones le explicaron entonces que disponían de monitores con muchísima experiencia y que no habría ningún problema y ha lamentado que ahora la directora del centro niegue conocerle a él a su mujer.
«No solamente me mataron a mi hijo, sino que ahora me toman por mentiroso y dicen que no me conocen», ha dicho antes de advertir de que los responsables de las instalaciones en ningún momento dieron explicaciones de lo sucedido.
Además, la madre, que ha tenido que abandonar la sala del jugado por un ataque de ansiedad, ha reconocido que toma una gran cantidad de ansiolíticos para poder sobrellevar lo ocurrido.
La acusación particular ha pedido para el administrador de la granja-escuela cuatro años de cárcel, mientras que la fiscalía pide 250.000 euros por daños morales.
En la vista oral, el administrador ha declarado que su función en la granja-escuela era meramente administrativa y de gestión económica y que, en consecuencia, estaba al margen de la cuestión diaria y esa función recaía exclusivamente en la directora, con la que mantenía una relación laboral de treinta años, tenía total confianza en ella y desconocía cualquier irregularidad.
La vista oral seguirá en dos sesiones más, mañana y el miércoles, con el testimonio de más monitores del centro, guardias civiles y los sanitarios que atendieron al pequeño.
La Fiscalía solicita una pena individual de 3 años y 6 meses de prisión para la directora y las dos monitoras de la granja-escuela Palacio de La Bouza, así como su inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, cargo u oficio durante cuatro años.
Además, pide que indemnicen a los padres del menor, que sufrieron una reacción mixta de ansiedad y depresión, con 250.000 euros por daños morales, más 10.800 euros a cada uno de ellos por las lesiones y 6.000 a cada uno por las secuelas, de las que respondería como responsable civil directa la entidad propietaria de las instalaciones.
Según el relato fiscal, los padres del menor visitaron el centro el 12 de julio de 2017 y le inscribieron en las colonias de verano, pero al comprobar que había una piscina advirtieron a la directora «de forma clara, rotunda y concreta» que su hijo tenía «pánico al agua».
La directora los tranquilizó, pero no adoptó ningún tipo de medida y, según la acusación, no advirtió a las monitoras, una de ellas en prácticas, que el menor tenía un trauma con el agua ni les exigió que extremaran el cuidado y vigilancia, incluyendo al pequeño en un grupo con 17 niños para realizar la actividad.
De esta forma, según la Fiscalía, se incumplió la normativa que regula las actividades juveniles de aire libre en Asturias, donde es necesario un monitor de tiempo libre por cada diez participantes, así como que los monitores en prácticas no cuentan a efectos del cálculo de la ratio entre monitores y participantes.
La Fiscalía sostiene que la directora tampoco ordenó la señalización de la profundidad de la piscina, tanto máxima de 180 centímetros como mínima de casi 130 centímetros, cuando el menor medía 120, ni contrató a un socorrista para la piscina que carecía de licencia de apertura, ni solicitó tampoco autorización al Instituto Asturiano de la Juventud para el desarrollo de actividades de aire libre.
A todo ello se unía que la entidad responsable de la instalación no tenía concertado seguro de responsabilidad civil.
Pese a todas estas irregularidades, la secretaria del centro inscribió al menor e incluyó una nota en el apartado de recomendaciones donde reflejaba: «Pánico al agua, cuidado en piscina».
Las dos monitoras, que tenían a su cargo a menores, de 5 a 9 años, también fueron advertidas del miedo al agua del pequeño, lo que no impidió que realizara la actividad de piscina hasta el 25 de julio de 2017, día en que se produjo el ahogamiento.
Según detalla la Fiscalía, el menor se encontraba en la piscina con otros niños mientras las acusadas se sentaron en unas hamacas en el punto más alejado del vaso infantil, «sin extremar cautela».
Fue una de las menores que jugaba a bucear en la piscina de vaso grande, en la parte con más profundidad, cuando observó que el pequeño se encontraba en el fondo y pegado al suelo, por lo que lo subió a la superficie, hasta el bordillo de la piscina, pidiendo ayuda, alertando así a las monitoras acusadas.
Una vez que lo sacaron al exterior, las acusadas procedieron a realizarle técnicas de reanimación sin resultado alguno; informó EFE.