El Principado, junto a Cantabria, Castilla y León y Galicia, frena el proyecto de incluir al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
20 nov 2020 . Actualizado a las 13:53 h.Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, las cuatro comunidades autónomas que gestionan a través de sus respectivos planes de gestión las poblaciones más numerosas de lobo ibérico de toda España, han logrado paralizar la propuesta del Ministerio de Transición y Ecológica y el Reto Demográfico de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Según ha informado el Gobierno de Cantabria, el Grupo de Trabajo del Lobo, conformado por técnicos del Ministerio y de las comunidades autónomas, tenía previsto abordar en su reunión de esta semana el borrador de «Estrategia para la conservación y gestión del lobo en España» elaborado por el Ministerio y que ya determinaba la inclusión del lobo en el Lespre, pero las cuatro comunidades autónomas del Noroeste solicitaron que se retirara del orden del día, con el apoyo del resto de los representantes autonómicos.
Una petición que fue aceptada por el Grupo de Trabajo, que ha tomado la decisión de elaborar un nuevo texto de Estrategia, basado en las aportaciones de las comunidades autónomas y el Ministerio. El texto será posteriormente analizado de nuevo en el Grupo de Trabajo para su consideración, evaluación y tramitación a los órganos que han de aprobar, en su caso, la nueva Estrategia. Los consejeros medioambientales de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han aplaudido la decisión porque, a su entender, «la necesidad de una estrategia nacional es y debe ser compatible con los actuales planes de gestión de las distintas comunidades autónomas», al tiempo que insisten en los graves perjuicios que supondría la prohibición de cazar esta especie al norte del río Duero por su inclusión en el Lespre.
El consejero cántabro Guillermo Blanco ha afirmado «que otorgar un nivel de protección adicional al lobo ibérico supondría la pérdida de su condición de especie cinegética y una mayor rigidez en su control», además de perjudicar de manera «muy seria» a la actividad ganadera, «clave en el medio rural de Cantabria para luchar contra el despoblamiento y conservar nuestra biodiversidad». Además, ha añadido Blanco, impediría su caza y la captura de un ejemplar sólo podría autorizarse de manera excepcional, «lo que haría mucho más difícil recurrir a acciones cinegéticas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos».
Precisamente, la incompatibilidad con la ganadería extensiva es lo que más preocupa a Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León debido al grave riesgo que generaría una mayor protección del lobo ibérico para su compatibilidad y equilibrio con las explotaciones ganaderas familiares. Blanco ha confiado en que esta decisión haga reflexionar al Ministerio sobre la importancia de revisar la Estrategia de Gestión y Conservación del Lobo «desde el equilibrio y la compatibilidad». «Nuestros planes de gestión han logrado controlar el crecimiento poblacional de la especie, compatibilizando su presencia con el mantenimiento y mejora de la ganadería extensiva», ha sostenido.
Los consejeros de las cuatro comunidades han afirmado que sus planes de gestión se ajustan «perfectamente a la normativa europea» y han logrado que en Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León las poblaciones de lobo hayan mejorado y ocupen nuevos territorios, además de aportar una información «fiable y continua» sobre la evolución de sus poblaciones, los daños que causan a la ganadería y la conflictividad social asociada a su gestión.
Desarrollados en el marco de la vigente Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo, que habilitaba a que el lobo fuese gestionado también a través de la actividad cinegética aunque en esos momentos sus poblaciones eran menos numerosas que en la actualidad, los planes de gestión del Noroeste de España están «técnica y científicamente avalados con datos y estudios» y cuentan con el respaldo de las principales organizaciones agrarias, por lo que, según Blanco, «no hay ninguna razón legal, técnica o científica para cambiar el actual estatus de la especie», informa EFE.