Los centros se dirigen a los padres para abrir las aulas de forma anticipada. El Principado ha decretado que el curso comienza dos semanas más tarde
04 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Asturias fue la primera comunidad, después lo haría Murcia, en retrasar la apertura del curso escolar lo que ha supuesto un encendido debate social sobre las consecuencias en la conciliación. El día 22 de septiembre se iniciará para Infantil y Primaria, en lugar del día 10, como estaba previsto. En Secundaria y Bachillerato será entre los días 28 y 29. Desde el pasado 1 de septiembre, los equipos directivos ya se encuentran en los centros pero no están abiertas las aulas para los alumnos. Pero la situación no será igual para todos, los centros privados ya valoran la posibilidad de comenzar de forma adelantada, hasta dos semanas antes que el resto.
Según ha podido conocer La Voz de Asturias, en determinado centros privados ya se ha enviado a los padres la intención de acoger alumnos de primaria el día 9 de septiembre, el próximo miércoles. Desde el Colegio Laude Palacio de Granda también se han dirigido a los padres indicando su intención de «retomar actividad presencial el día 11 de septiembre para todas las etapas escolares a falta del visto bueno por parte de la Consejería de Educación». El centro afirma que «hemos estado en contacto estrecho con la Consejería de Educación y el Ministerio de Sanidad para aclarar nuestra posición como centro privado y para confirmar que la incorporación de nuestros alumnos cumple las condiciones óptimas y sigue las pautas oficiales establecidas».
Y añade que el profesorado se someterá a las pruebas PCR requeridas por Sanidad y Educación en las 48 horas previas a la del día 11 de septiembre «con el fin de incrementar la seguridad sanitaria y minimizar cualquier tipo de riesgo». A lo largo de esta semana los padres recibirán el protocolo de apertura e indicaciones de las reuniones telemáticas que se realizarán la próxima semana «antes de retomar nuestra actividad».
Lo cierto es que, no sólo este año, sino en cada curso, los centros privados pueden abrir sus puertas cuando lo deseen y desde hace décadas, tanto en los puramente privados como en los concertados, la apertura a los alumnos se producía días o semanas antes que en la escuela pública. Pero, con una limitación, en teoría no se podía adelantar currículo en todo caso.
La normativa fija que el calendario escolar «será fijado anualmente por las Administraciones educativas y comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias». De hecho, aunque el curso escolar se restrase hasta finales de septiembre, la Consejería de Educación ya había adelantado en su anuncio que las jornadas lectivas se recuperarían en junio.
Con todo, la intención de los centros privados es la inciar ya las clases presenciales y se guardan la posibilidad de recibir el «visto bueno» de la Consejería de Educación.
Si bien en rigor no puede haber, conforme a la legislación, diferencias sobre las enseñanzas impartidas a los escolares en los centros públicos o privados, lo cierto es que con esta situación se crea un desequilibrio respecto a la conciliación, ya que en unos casos, especialmente con los niños de menor edad, los padres tendrán que seguir a cargo de los pequeños hasta final de mes aunque deban regresar al trabajo y en otro no.
Protocolo de Salud Pública
En la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en el Principado de Asturias, publicada por la Dirección General de Salud Pública, se establecen una serie de directrices para las distancias y mediadas de protección en las aulas y lugares comunes como los comedores o las bibliotecas así como que «en el transporte escolar colectivo, será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad».
También señala que se considerará «caso sospechoso» a cualquie alumno o trabajador que presente «un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire». Además indica que no podrán acceder al centro ni estudiantes ni trabajadores que tengan la consideración de caso sospecho, tengan una infección confirmada, ni «aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 y por tanto considerada caso con infección activa confirmada» y tampoco las «personas convivientes de un caso con infección activa confirmada, independientemente de su relación dentro del Centro Educativo, ya que también tendrán la consideración de contacto estrecho».
La Fiscalia perseguirá el absentismo
Según recogió la agencia Efe, la Fiscalía actuará cuando se produzcan absentismos escolares reiterados e injustificados derivados de la crisis del coronavirus y abrirá las oportunas diligencias para analizar las causas que concurran en cada caso.
Así lo señala este jueves la Fiscalía General del Estado después de que el fiscal de Sala de Menores haya unificado los criterios a seguir por las fiscalías provinciales en materia de absentismo escolar.
Recuerda la Fiscalía que la asistencia presencial del alumnado, en las condiciones que hayan acordado las diferentes administraciones, «constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los menores afectados».
«Su desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, como ha venido ocurriendo de forma habitual hasta el momento en los supuestos de absentismo», resalta la Fiscalía.
Los centros educativos son los encargados de comunicar a las respectivas comisiones locales o provinciales de absentismo los casos de inasistencia voluntaria e injustificada a las aulas, explica el Ministerio Público en su instrucción.
Pero solo en los casos de «repetida y no justificada» inasistencia se deberá remitir copia a la Fiscalía, que abrirá las oportunas diligencias preprocesales «a fin de ponderar individualmente las circunstancias concurrentes en cada caso».
Y se modulará la respuesta institucional «a la situación concreta de los alumnos afectados y sus respectivas familias, tomando en consideración la actual situación de pandemia y el singular escenario derivado de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también el familiar».
De todos modos, la Fiscalía proseguirá las diligencias solo en los casos en los que no quede justificada clara y terminantemente la exención, aun de forma temporal, de asistir a clase, y podrá ejercer la acción penal contra los padres o tutores que hayan infringido sus deberes.