Madrid subcontrata el servicio de vigilancia del coronavirus al grupo Quirón, gestionado por Víctor Madera
11 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha adjudicado por la vía de urgencia a una empresa del grupo Quirón un contrato para la «detección de contactos estrechos» de coronavirus, mediante un equipo de 22 sanitarios (20 auxiliares de enfermería y 2 médicos) durante tres meses y por un importe total de 194.223 euros, que deberán realizar al menos 190 encuestas diarias, según publica el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. El presidente el grupo Quirón es el médico asturiano Víctor madera, que vendió sus acciones al grupo Fresenius, por 400 millones de euros, pero que se quedó al frente de la firma. Hace ya unos años, en la etapa de Esperanza Aguirre, se dijo que Madera, un especialista en Medicina Deportiva, era en realidad el consejero madrileño de Sanidad en la sombra. Su camino vuelve a cruzarse con el de la comunidad.
Quién es Madera
Nacido en Oviedo, se especializó en Medicina Deportiva tras realizar estudios en Estados Unidos, aunque apenas llegó a ejercerla porque optó por la gestión sanitaria. Primero en una pequeña clínica de Cruz Roja en Asturias y posteriormente, en un gran salto, dirigiendo con 31 años el hospital María Cristina, en San Sebastián. A mediados de la década de los 90 creó Ibérica de Diagnóstico Cirugía (IDC), que fue adquirida en 1998 por el poderoso fondo de inversión CVC. Madera continuó en el cargo y basó su estrategia de crecimiento en las externalizaciones de los servicios sanitarios públicos.
Esta red de clínicas se aprovechaba de las carencias de la red pública para crecer. Su estrategia incluyó la compra de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, todo un golpe de efecto a principios de este siglo. Con los gobiernos intentando aliviar las listas de espera y las privatizaciones de algunas comunidades del PP, la sanidad privada podía convertirse en un negocio boyante. Así fue. En 2005, CVC vendió IDC, ya convertida en el primer gestor privado de la sanidad del país, al grupo Capio, una empresa sanitaria sueca por 300 millones de euros. Madera fue nombrado vicepresidente, con el 5 % del capital. Un año después, otro fondo de inversión, Apax, se hizo con Capio por 2.000 millones de euros.
En 2011, CVC adquirió de nuevo la división española de Capio por 900 millones. Madera continuó flotando y fue nombrado también primer directivo de la empresa, que pasó a llamarse de nuevo IDC. Su buena relación con Javier de Jaime, director de CVC selló un proceso circular con una enorme revalorización. En 2014, IDC compró el grupo Hospitalario Quirón y en aquel momento se barajó la salida a Bolsa. Y en 2018 apareció Fresenius ofreciendo 5.760 millones por el grupo. La operación implicó que Madera se convertía en un multimillonario porque recibiría 6,1 millones de acciones valoradas entonces en 400 millones de euros, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años hasta convertirle en un habitual de la lista de millonarios españoles en las publicaciones de Forbes.
Quejas de CCOO
CCOO ha tildado de «una vergüenza» que esta adjudicación se hiciera «con nocturnidad», después de que el contrato se adjudicara el 7 de agosto «por procedimiento sin publicidad» y una vez que la Dirección General de Salud Pública madrileña anunciara «la dificultad para cubrir los puestos ofertados» y recurriera a universidades y municipios en busca de voluntarios no remunerados.
El servicio consiste en la «realización de encuestas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de COVID-19 detectados en la Comunidad de Madrid, incluyendo, entre otras variables, los antecedentes del caso, el momento de inicio de los síntomas, la o las exposición/es de riesgo para la adquisición de la enfermedad y la identificación de los contactos durante el período en que haya podido ser transmisor» de la enfermedad, según el contrato. «Dada la importancia de los servicios a realizar y por tratarse de una emergencia de carácter inaplazable, la única empresa que puede iniciar los trabajos con carácter inmediato es Quirón Prevención, S. L., que cuenta además con las instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio», explica la resolución firmada por la directora general de Salud Pública madrileña, Elena Andradas.
El equipo se compone de «10 auxiliares de enfermería y 1 médico en turno de mañana, y de 10 auxiliares y un médico en turno de tarde», en horario de 9:30 a 21:00 horas de lunes a viernes no festivos, con un descanso para comer de hora y media, según el escrito, que establece que el número de encuestas a realizar diariamente será de «al menos 190 a 220 horas», recoge EFE.
La secretaria general de CCOO. Sanidad Madrid, Rosa María Cuadrado, ha tachado de «desfachatez» esta contratación, ya que la adjudicación, «realizada por vía de emergencia, sin publicidad y fechada el pasado viernes 7 de agosto, tendrá una duración de tres meses y un importe máximo de 194.223,15 euros», añade el sindicato.
Este sindicato critica que «primero intentan buscar rastreadores voluntarios sin retribución y, una vez que no lo consigue, adjudica un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas sí puedan cobrar. Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se les ofrece sin pudor a la privada», señala Cuadrado. «Una vez más, se demuestra que el único objetivo que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid es adjudicar contratos con total ‘oscurantismo’, de los que nos enteramos tiempo después, si es que nos enteramos, en vez de utilizar los recursos públicos y en vez de contratar trabajadores para la Sanidad Pública madrileña», añade. La máxima responsable de CCOO Sanidad Madrid recuerda que los rastreadores tenían que haber estado contratados, tal y como se comprometió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hace ya más de dos meses, antes de comenzar la desescalada. «Denunciamos que no tenían contratados ni el 4 % de lo prometido: hicimos seguimiento de los contratos en Salud Pública y hemos mantenido que, de los 400 anunciados ?cifra aún por debajo de las ratios recomendadas para la población de Madrid-, no llegaban al 8 % por técnicos de Salud Pública contratados», continúa.
El sindicato también denuncia que la situación de «plantillas infradotadas en Atención Primaria tampoco contribuía a soportar con cánones de calidad el rastreo en la región de Madrid», según Cuadrado. «Todo esto al final acaba como siempre en inyección de fondos públicos a la sanidad privada, en detrimento de la pública y de la salud de los ciudadanos», concluye.