El déficit de inversión en las carreteras asturianas asciende a 346 millones, según denuncia la Asociación Española de la Carretera
28 jul 2020 . Actualizado a las 19:15 h.El coste que supondría actuar sobre las deficiencias que presenta la red de carreteras del Principado ascendería a 346 millones de euros, según un informe hecho público por la Asociación Española de la Carretera (AEC) que estima en 68.580 euros el dinero que debería dedicarse por cada kilómetro.
Asturias, La Rioja y Aragón son las tres comunidades que presentan un peor estado de conservación de sus carreteras, aunque las dos primeras han mejorado en el último año y presentan una tendencia positiva..
La asociación ha cifrado en 7.463 millones de euros el déficit de inversiones en la conservación de las vías en el conjunto de España, un 5,7 % más que dos años antes, y ha llamado a aprovechar la Ley de Movilidad Sostenible que prepara el Gobierno para definir un sistema de financiación propio que incluya el pago por uso.
Según el informe «Necesidades de Inversión en Conservación de Carreteras en España 2019-20» que ha presentado este martes la AEC, tanto la red viaria del Estado como la de las comunidades autónomas presentan un «empeoramiento» dentro de su estado de mantenimiento «deficiente», con uno de cada diez kilómetros en situación «muy deficiente» que afecta a deterioros graves en la más de la mitad del pavimento.
El estudio recoge que la señalización vertical de las carreteras del Principado tuvo en 2019 una nota media de un 4,6, frente al 4,4 del año 2017, una décima más que la nacional.
Por su parte, las marcas viales de la carreteras de la región también contaron el pasado año con un suspenso de un 4, cuando dos ejercicios atrás era del 4,4, mientras que la media de España se fija en un 5,4.
En cuanto a las barreras metálicas, Asturias obtiene la peor nota de todas las comunidades con un 3,8, aunque mejor que la del 2017 de un 2,8, seis décimas por debajo del conjunto del país.
De todos los elementos analizados, el balizamiento ha sido el que ha presentado un estado más saludable en las carreteras de Asturias, pasando de un 5,8 en 2017 a un 5,3 en 2019.
El estudio señala que de los 7.463 millones con los que se revertiría la situación en España, 2.376 corresponden a la red que gestiona el Estado (25.000 kilómetros) y 5.087 millones, a la de los gobiernos autonómicos y forales (75.000 kilómetros), lo que supone un déficit de inversiones acumulado entre 2017 y 2019 del 7,5 % en la Red de Carreteras del Estado y del 5 % en las de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales.
Según el estudio, el estado del pavimento en las carreteras titularidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) baja su nota en un 7 % con respecto a 2017, mientras que las vías autonómicas empeoran un 3 %.
El presidente de la AEC ha aseverado que a luz de los datos las carreteras españolas no son seguras, ni verdes, ni están conectadas y ha comparado las consecuencias ambientales con un «impuesto encubierto que pagan los españoles asociado al mal estado de conservación de las carreteras».
Un buen estado de conservación de la red viaria -ha explicado- podría suponer descensos del 9 % en las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y del 6 % en los pesados.
En un escenario «muy negativo» que se acentúa por la situación económica actual, esta falta de conservación hace mella en un patrimonio valorado en 215.000 millones, que desde 2009 ha sido «ignorado por los ajustes en los presupuestos», ha señalado.
A su juicio, la «única solución pasa por la definición de un espacio de financiación propio, global y sostenible que habría de nutrirse con recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, de los fondos europeos y de sistemas de pago directo».
Tras recordar que la semana pasada se abrió a consulta pública previa el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano, ha hecho hincapié en la oportunidad que supone para «desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación del stock de infraestructuras en el marco de la normativa europea».
Aunque ha declinado pronunciarse sobre el sistema finalista que tiene que arbitrarse, ha subrayado que la tasa por uso se da en todos los países de la Unión Europea y que en 23 países de ellos tienen tarificados el cien por cien de la red, frente al 15 % de España.
Ha advertido de que sin este tipo de medidas en pocos años habría que afrontar una reconstrucción de la red mucho más costosa y ha abogado por el «consenso político» para articular un sistema de financiación de infraestructuras en general y en particular de la red viaria, a la que consideran servicio publico esencial.