Toda situación difícil y todo esfuerzo doloroso tiende a ser más llevadero cuando se prevé su duración temporal y se comparten, al menos básicamente, los objetivos que llevan al sacrificio transitorio de determinados derechos. Casi es una ley universal, propia de nuestra condición. Con ese ánimo o parecido estuvimos arrimando el hombro, cada uno en su papel, bajo el estado de alarma, durante más de tres meses. Buena parte de ellos contemplando con enorme inquietud cómo el sistema sanitario se veía sobrepasado en muchas Comunidades, cómo los poderes públicos parecían en ocasiones incapaces de dar respuestas eficaces a un problema de esta magnitud y cómo nuestros derechos más elementales (desde la libertad de deambular a la educación de nuestros hijos, pasando por la atención sanitaria a otros padecimientos o el acceso a la justicia) se veían seriamente cercenados cuando no anulados durante un tiempo superior a las 11 semanas de cuarentena de Wuhan, hasta entonces epicentro de este desastre. La desproporción en el tratamiento a los territorios menos afectados (toda España con un mismo régimen durante la mayor parte de ese periodo, como si el riesgo fuese el mismo en el intercambiador de Moncloa que en Tuiza de Arriba), el ejercicio a veces abusivo de las facultades especiales por los agentes del orden (1.044.717 propuestas de sanción lo dicen todo) o la falta de altura de una clase política enzarzada en una pugna entre la supervivencia y el acoso y derribo más mezquino, todo era secundario y relativo a partir del momento en que comenzó a vislumbrarse que la situación sanitaria mejoraría y que podríamos recobrar ciertas esperanzas de reconstruir algo parecido a la libertad y a una cierta seguridad.
Para lo que no estábamos en absoluto preparados era para afrontar una etapa posterior en la que, a la par que la asunción de riegos se manifiesta (con los distintos brotes y el incremento de contagios, aunque en un contexto bien diferente del de marzo), del discurso integrador y generoso del esfuerzo colectivo se ha pasado velozmente a una versión mucho menos amable del mensaje público. Ahora el tono común es el reproche, de dirigentes a ciudadanos y de estos entre sí, persiguiendo (y consiguiéndolo, espoleados por la zozobra) que entre estos se active un mecanismo sin parangón de control recíproco, que está dando sus primeros frutos amargos en la corrosión de las junturas sociales y el deterioro de la convivencia, veremos hasta qué punto.
Normalmente en democracia son los representantes los que rinden cuenta ante aquellos a los que representan (no sólo sus votantes, naturalmente), y estos forman distintos grupos de interés para tratar de hacer valer sus prioridades en la agenda pública. Pero los gobernantes de este tiempo, singularmente los de competencias territoriales o aquellos al frente de gobiernos autonómicos y locales, le han dado, voluntariamente o por seguidismo, la vuelta a la tortilla, ya sea colocándose en una posición de madrastra (a veces espontáneamente declarada, incluso), con capacidades exorbitantes atribuidas fuera del estado de alarma para decidir hasta el milímetro lo que cada elemento de la sociedad puede o no hacer, con amparo legal dudoso y sin someterse a test de proporcionalidad alguno; ya sea transmitiendo de manera prácticamente íntegra la responsabilidad pública y sus cargas al cuerpo social, al que se le hace pasar un examen cotidiano, cada vez más duro, cada vez más incomprensible y cada vez con peor resultado, sustituyendo el alineamiento de los viejos intereses confrontados por las nuevas categorías (los temerosos contra los descreídos, no tanto de la pandemia y sus efectos, sino sobre todo de las medidas adoptadas, cansados de que cada positivo se anuncie con la misma gravedad que el bombardeo de Pearl Harbour). Se ha reemplazado la auctoritas esperada del dirigente por una mezcla de sermoneo apocalíptico y vara de avellano, que alberga una enorme falta de confianza en la capacidad de la gente para cuidarse, tomar decisiones y hacerse valer por sí misma. Tal parece que la «Orden Especial» aquella de Els Joglars de 1991 (hoy sería sencillamente increíble que la televisión pública emitiese un programa así, y que Boadella u otro agitador aceptase dirigirlo) que fustigaba los males de la sociedad con terapias de choque, estaría al mando de la nave. Que quieren que les diga, yo echo de menos la época en que se invocaban valores y emociones distintos del miedo, la culpa y el resentimiento, aquella en la que incluso se nos animaba a la confianza y apoyo mutuo, al ejercicio responsable de la libertad y no a arrojar a la cara el frasco de vitriolo de la delación, la mirada aviesa y la inquina, encendiendo un fuego que no sabemos si controlaremos como tampoco sabremos si lo haremos con la pandemia.
El problema es que, en esta ocasión, las draconianas medidas que se acuerdan de la noche a la mañana, por meros actos administrativos que limitan drásticamente derechos, acompañados de amenazas sancionadoras y de un despliegue dialéctico abiertamente criminalizador hacia quienes se consideran fuera de norma, no sabemos cuándo van a tener fin, pues parece claro que el escenario de normalización de la situación está bastante lejos, y desconocemos si serán eficaces, porque vemos incluso como países con modelos hasta ahora virtuosos de control de la pandemia, apenas afectados en la primera ola, o que destacaron por medidas tempranas y también duras, comienzan a presentar cifras cada vez menos halagüeñas. Es decir, estamos en un terreno totalmente inexplorado y de recorrido prolongado e indefinido en el tiempo, que difícilmente se aguantará con la serenidad y fortaleza demostrada durante el estado de alarma si los gobernantes pierden la compostura y el sentido de la medida en su actuación y sus palabras. Cuando, además, los efectos de la crisis económica añadirán un grado dramático adicional a una prueba de estrés que ni la más madura y robusta de las sociedades puede pasar incólume.