El Colegio de Abogados de Oviedo ve dificultades para desarrollar la justicia a partir de ahora con agilidad e insta a que se invierta en la administración de justicia para que ésta tenga posibilidades reales de desarrollarse telemáticamente
14 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La vuelta a la actividad en el marco de la nueva normalidad está siendo para el sector judicial «más que una desescalada, una escalada». Así lo ve el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo, que asegura que aunque los letrados hayan trabajado durante el confinamiento, la vorágine empezaba el 1 de junio con el inicio de las actuaciones administrativas y el día 4 de junio con el de las actuaciones judiciales. Los plazos a los que se tienen que ajustar ahora para presentar documentaciones y la acumulación de causas por el parón de los meses confinamiento motivados por el estado de alarma, sumado a las dificultades para desarrollar la justicia con agilidad por las dificultades que se derivan de las limitaciones de aforo en las salas judiciales, complican el desarrollo de un servicio que, hoy por hoy, no está preparado para la modalidad telemática.
Lo dice Luis Albo con claridad: «se han encontrado medidas ágiles y flexible para la justicia, pero lamentablemente, en Asturias nos han pillado a contrapié en el tema digital», y es que si bien reconoce que se puede hacer justicia telemáticamente, «nuestra sala de Gobierno sabe la realidad y constata que el uso telemático no es una alternativa real ni eficaz». El caso es que apunta también que en las salas de vistas «tampoco se puede desarrollar una defensa en condiciones» por la exigencia de mantener la distancia entre personas, lo que conllevará que los abogados tengan que tener los papeles en las rodillas para cumplir con la separación «y así es imposible llevar una defensa y seguir prestando un servicio de calidad».
Así, el mismo argumenta que las medidas de choque que se puedan poner en marcha para reactivar la justicia y darle agilidad deben llevar medidas económicas detrás, porque «las medidas de choque en algunos sitios chocan con la situación de la transformación digital». A su entender, se debe aprovechar, por tanto, el momento actual para invertir. «Era el momento de invertir en justicia en una situación así, porque difícilmente se podrá encontrar otra justificación para hacerlo». De haber contado con expedientes digitales y electrónicos, Luis Albo está convencido de que la justicia asturiana podría haber seguido trabajando como lo ha hecho el Tribunal Supremo en estos dos meses y medio de confinamiento, tribunal que ha dictado 800 sentencias después de sus correspondientes deliberaciones en las que toman parte entre tres y cinco magistrados. «Y quitando el presidente que acude a la sede, el resto han podido deliberar en sus casas con un sistema adecuado para hacerlo, y lo han podido hacer con el mismo rigor y exactitud».
La transformación digital hubiera permitido el 70 % del trabajo
El decano del ICA de Oviedo, aunque no dispone de una cifra fidedigna de cuantos procesos han podido quedar paralizados en la región por el estado de alarma, se muestra convencido de que si la transformación digital hubiera sido una realidad, «en Asturias el 70% del trabajo se hubiera podido hacer y ahora solo quedaría un 30 por ciento que serían esos casos en los que hay testigos o peritos». Además, indica que los meses de febrero a mayo son habitualmente los de mayor intensidad en los juzgados y que ha sido en esos meses cuando «se ha puesto una presa a la justicia que ahora se ha abierto de golpe».
«Ahora es el momento de poner en marcha una ley que es de 2011, la ley 18/2011, que regula el uso de la tecnología en la administración de justicia», insiste Luis Albo, que añade que la inversión se amortizaría en un corto periodo de tiempo porque «daría agilidad y abarataría los costes, además de mejorar la confianza de la ciudadanía». Y es que para el mismo invertir en justicia es invertir en paz social, «porque si los procesos se solucionan rápido, la gente está más tranquila. Al ciudadano le gusta defender su respuesta», apostilla.
Luis Albo explica que a partir de ahora se seguirá una agenda determinada y que serán los casos de marzo los que se fijarán primero. No obstante, ve difícil desentramar la madeja tras los dos meses y medio de parón aunque se haya declarado hábil dos terceras partes de agosto, una declaración que «solo afecta a los profesionales» y que por lo tanto considera «una norma de maquillaje» porque no la ve eficaz. Como ejemplo pone que si en la segunda quincena de agosto estuviera señalado un juicio y a los testigos que se llama tienen un viaje programado, eso sería causa de suspensión. «Y van a surgir situaciones así con toda normalidad y será un nuevo retraso», comenta el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, que agrega que el mayor problema es que a partir del 12 de agosto van a seguir corriendo los plazos de los procesos.
Medidas de choque para los abogados
El decano del Colegio de Abogados de Oviedo ha manifestado, por otro lado, que desde la institución han puesto en marcha varias medidas de choque para apoyar a los colegiados que no han facturado durante los meses en los que ha estado paralizada la justicia como consecuencia del estado de alarma por el COVID-19. Luis Albo ha dicho que salvo los abogados laboralistas, que suponen en torno a un 20% de los profesionales de la región, los demás «no han facturado» al quedar pendiente de liquidar sus honorarios.
Para tratar de aliviar a los colegiados en esa situación, desde el ICA de Oviedo han aplazado las cuotas de los meses de abril, mayo y junio al segundo semestre del año, a pesar de lo cual resalta que el servicio del colegio ha seguido a pleno rendimiento con teletrabajo y de forma presencial en la medida de lo permitido. «Así, la Junta de Gobierno está orgullosa de no haber tenido que hacer un ERTE», señala el mismo. Otra medida que se adoptó fue adelantar el pago del turno de oficio un mes para que los abogados pudieran recibir ingresos. También se agilizaron todos los informes pendientes sobre honorarios y en estos días el ICA de Oviedo se está estudiando un borrador consistente en la aprobación de una prestación a los colegiados ejercientes más afectados por la pandemia y que cumplan unos determinados requisitos.
«Con este abanico de medidas se pretende que el impacto de no estar cobrado no le suponga a un abogado tener que cerrar, porque eso sería un fracaso para el ICA de Oviedo. Queremos estar a la altura de las circunstancias y si es necesario volveremos a hacer lo que hicimos en abril de adelantar el pago del turno de oficio», ha concluido Luis Alba.