La pandemia paralizó los procesos judiciales cuando debían fijarse. El Principado había estimado recuperar casi cinco millones por daños y perjuicios
12 jun 2020 . Actualizado a las 12:20 h.La consejera de Educación Carmen Suárez está a la espera de conocer la resolución de la sección tercera de la Audiencia Provincial que fijará las indemnizaciones que deberán afrontar los condenados por el «caso Marea», la mayor trama de corrupcion destapada en la administración regional.
El Principado había estimado en 4,9 millones de euros los daños y perjuicios ocasionados por la adjudicación irregular de contratos sin pasar previamente por un concurso público, aunque la Audiencia Provincial no tenía previsto fijar hasta el pasado 13 de marzo las indemnizaciones que deberán afrontar cuatro de los cinco condenados por esta trama.
No obstante, dado que por la COVID-19 se detuvieron todos los procesos judiciales hasta el 4 de junio, el Gobierno asturiano no ha recibido ninguna notificación y está a la espera de que se les haga llegar próximamente.
«La resolución adoptada, sea cual sea, será aceptada, como no puede ser de otra manera», ha señalado Suárez al ser preguntada sobre esta cuestión en la Comisión de Educación de la Junta General del Principado por la diputada popular Gloria García.
La titular de Educación ha aprovechado para asegurar que ella quiere «hacer una gestión absolutamente transparente» y para asegurar que a raíz de que se destapase el caso Marea estuvo «bastante deprimida» porque ella, al igual que la mayoría de funcionarios de la Consejería, no sabía nada y porque cree «que el dinero público es sagrado y hay que administrarlo adecuadamente».
Para la parlamentaria popular, sin embargo, «no se puede seguir con maniobras dilatorias» por lo que pidió a la consejera que reclamen cuanto antes la ejecución de condena para poder «recuperar los cerca de seis millones de quebranto económico que tasó la Audiencia».
En su opinión, ese dinero vendría muy bien en un momento como el actual en el que la pandemia del COVID-19 va a exigir aumentar el gasto educativo.
El Principado cuantificó en octubre en 4,9 millones de euros los daños y perjuicios causados a las arcas públicas por la exdirectora general de Educación, María Jesús Otero, la exfuncionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, condenados por el «caso Marea».
Los cuatro acusados fueron condenados a penas que oscilan entre los 2 años y 8 meses de prisión y los nueve años de cárcel por una causa por la que también cumple una condena de cinco años de prisión el exconsejero de Educación socialista José Luis Iglesias Riopedre; según informó EFE.