El ingreso mínimo vital llegará a 15.700 hogares: Asturias no descarta la desaparición del Salario Social
ASTURIAS
La prestación del Gobierno central cubrirá a tres de cada cuatro perceptores de la renta asturiana
28 may 2020 . Actualizado a las 13:56 h.El Ingreso Mínimo Vital, la prestación que aprobará el Gobierno central esta semana para cubrir a la población más vulnerable, tendrá que convivir durante un periodo de adaptación con rentas similares de ámbito autonómico como el Salario Social asturiano pero, a largo plazo, no se descarta que la regional termine por desaparecer. Así lo indicó la portavoz del Principado y consejera de Derechos Sociales Melania Álvarez, quien insistió en que durante el tiempo de transición con ambas rentas «nadie se quedará fuera» y se «dará respuesta a todo aquel que lo necesite» pero también resaltó que con la puesta en marcha de la prestación estatal «será el momento de analizar la oportunidad de convivencia de los dos sistemas».
Álvarez explicó que los cálculos del Gobierno asturiano son que el Ingreso Mínimo Vital llegue a 15.700 unidades de convivencia en el Principado, tres de cada cuatro perceptores de la prestación asturiana. En la actualidad, con década y media de existencia, el Salario Social de Asturias llega a más de 22.000 hogares y alrededor de 45.000 personas. La consejera destacó que están a la espera de conocer los detalles concretos de la normativa una vez que se publique en el BOE, consideró «un paso de gigante» la puesta en marcha de la prestación estatal y apuntó que «no es casualidad que tenga tantas similitudes con el Salario Social» ya que, según afirmó, se ha desarrollado en coordinación con los modelos autonómicos ya vigentes. Hay varios y variopintos en España. Las prestaciones, hasta ahora más altas, correspondían a las comunidades forales, País Vasco y Navarra, pero dentro de las del régimen común, el Salario Social de Asturias era la de mayor extensión de cobertura llegando a un tercio de la población en situación de riesgo de pobreza en la comunidad cuando en el resto de territorios apenas llegaba al 10%.
Las diferencias con las comunidades forales también se notarán en la gestión. País Vasco y Navarra gestionarán el Ingreso Mínimo Vital dentro de sus comunidades aunque se trate de una prestación estatal. Álvarez señaló que Asturias no podría optar a esta posibilidad, a pesar de contar la pionera y larga experiencia del Salario Social ya que el Principado se encuentra entre los territorios del régimen común. Si el Salario Social llega a desaparecer, la prestación que quede, el Ingreso Mínimo, se gestionará desde Madrid y ya no desde Asturias.
Pero ahora se abre un nuevo periodo y Álvarez, quien indicó que pedirá comparecer a petición propia en la Junta General para analizar con el resto de grupos el impacto de esta medida en Asturias, indicó que «lo más importante es optimizar los recursos de la gestión». En todo momento destacó que ninguno de los beneficiarios de la prestación asturiana se quedará fuera en el tiempo en que ambas rentas funcionen de forma paralela, y que se evaluará que tipo de perfiles pueden acogerse mejor a una u otra.
El Salario Social de Asturias tiene un coste de alrededor de 100 millones de euros al año y ha sido objeto de un intenso debate político de forma permanente con la exigencia de los grupos conservadores y asociaciones patronales de que se vincule la ayuda a la búsqueda efectiva de un empleo. Lo cierto es en el balance hecho entre la primera década de su existencia, entre 2006 a 2016, se ponía de relieve que hasta el 85,7% de sus beneficiarios había accedido a alguna orientación del servicio de empleo del Principado, con una media de 3,5 sesiones por persona, el 20% de ellos acudieron a tutorías personalizadas de formación y orientación profesional. De los alrededor de 20.000 beneficiarios del salario social asturiano, algo más de 4.000 son mayores de 65 años, o padecen alguna discapacidad que les hace estar exentos de la búsqueda de trabajo. Entre los perceptores en Asturias, el 60,8% son mujeres con niños a su cargo, hay más de 10.000 menores que viven en una familia que está acogida a esta ayuda. Además se trata de un grupo que por edad encuentra de forma general más dificultades para integrarse en el mercado laboral, la media de las mujeres es de 45 años y la de los hombres de 46.
Después de una larguísima década, la de la Gran Recesión, en la que la demanda del Salario Social se había incrementado año a año a la par que aumentaba el número de parados, en febrero del año pasado se cerró el balance de 2018 con una nota positiva, por primera vez había menguado el número de solicitudes hasta situarse en los niveles previos al estallido de la crisis de 2008. Pero todo cambió como un torbellino con el pandemia y en abril de este año la consejera Melania Álvarez ya contaba con que se dispararía a «niveles máximos» con un incremento que podría llegar al cien por cien en las solicitudes. Los últimos datos correspondientes a abril eran de 22.232 personas que recibían de estas ayudas, 121 más que en el mes de marzo, y la nómina total ya asciendía a 9,7 millones de euros.
