La Junta de tratamiento del centro penitenciario de Asturias había informado favorablemente a la petición de libertad
21 abr 2020 . Actualizado a las 20:18 h.La juez de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado la puesta en libertad condicional del exconsejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, que cumple una pena de cinco años de prisión por el “caso Marea”, al considerar que no hay motivos que justifiquen un empeoramiento en su estado de salud.
La magistrada ha dictado un auto este martes por el que rechaza la petición de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Asturias que había informado favorablemente a la petición de libertad condicional por razones de enfermedad.
Entre otros argumentos, la juez señala que los informes médicos aportados por la Junta de Tratamiento ya habían sido conocidos cuando se solicitó y se denegó el tercer grado, y no aportan ninguna novedad en cuanto a un posible empeoramiento en el estado de salud del condenado.
La Junta de Tratamiento había propuesto el pase a régimen de tercer grado y puesta en libertad condicional del exconsejero aludiendo a “razones humanitarias”, dado su estado de salud y su avanzada edad, al haber cumplido ya los 80 años.
La juez ha seguido el criterio de la Fiscalía que se había opuesto a la libertad por estimar que no había ninguna circunstancia que hiciera variar la situación del condenado desde el último auto judicial por el que se denegó su progreso a tercer grado hace dos meses, y teniendo en cuenta además que aún no ha cumplido la cuarta parte de la condena impuesta.
La Fiscalía reconocía que el exconsejero padece diferentes patologías, entre ellas una enfermedad cardiaca, pero entendía que no existía un informe nuevo que hiciera pensar en la necesidad de su excarcelación.
Por otro lado, la salida del centro penitenciario del exconsejero en este momento dejaría, a juicio de la acusación, sin efecto el fin último de la pena, como es la reinserción social del penado, y considera que sería “desmoralizador” para el conjunto de la sociedad el hecho de que, al no haberse cumplido ni la cuarta parte de la condena, su comportamiento quedara sin el correspondiente castigo, impuesto por la Audiencia Provincial y ratificado por el Tribunal Supremo.
El exconsejero socialista ingresó en la cárcel de Asturias en octubre del pasado año para cumplir una pena de cinco años por su autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho por su implicación en el mayor caso de corrupción en la administración regional por las irregularidades en la concesión de contratos.
Su letrada solicitó en varias ocasiones la puesta en libertad por razones humanitarias y solicitó el indulto, pero hasta ahora ambas peticiones habían sido denegadas.