No ve ninguna circunstancia nueva para variar su situación pese a la petición de la Junta de Tratamiento de la cárcel por razones humanitarias debido a su salud y a tener 80 años
14 abr 2020 . Actualizado a las 19:02 h.La Fiscalía ha informado desfavorablemente a la puesta en libertad condicional del exconsejero de Educación del Principado, el socialista José Luis Iglesias Riopedre, condenado a cinco años de prisión por el caso «Marea», que ha sido propuesta por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Asturias. El Fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía ha emitido un informe que ha enviado al Juzgado de Vigilancia Penitencia mostrando su oposición a la salida del exconsejero.
La Junta de Tratamiento de la prisión asturiana propuso el pase a régimen de tercer grado y puesta en libertad condicional del exconsejero aludiendo a «razones humanitarias», dado su estado de salud y su avanzada edad, al haber cumplido ya los 80 años. El Fiscal, en su informe, se opone a esta modificación de la calificación penitenciaria del exconsejero alegando que no ha habido ninguna circunstancia que haya hecho variar la situación del condenado desde el último auto judicial por el que se denegó su progreso a tercer grado hace dos meses, y teniendo en cuenta además que aún no ha cumplido la cuarta parte de la condena impuesta.
La Fiscalía ha reconocido que el exconsejero padece diferentes patologías, entre ellas una enfermedad cardiaca, pero entiende que no hay un informe nuevo que haga pensar en la necesidad de su excarcelación. Por otro lado, la salida del centro penitenciario del exconsejero en este momento dejaría, a juicio de la acusación, sin efecto el fin último de la pena, como es la reinserción social del penado, y considera que sería «desmoralizador» para el conjunto de la sociedad el hecho de que, al no haberse cumplido ni la cuarta parte de la condena, su comportamiento quedara sin el correspondiente castigo, impuesto por la Audiencia Provincial y ratificado por el Tribunal Supremo.
El exconsejero socialista ingresó en la cárcel de Asturias por su implicación en el mayor caso de corrupción en la administración regional por las irregularidades en la concesión de contratos y fue condenado a cinco años por su autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho. Su letrada solicitó en varias ocasiones la puesta en libertad por razones humanitarias y pidió el indulto pero hasta ahora ambas peticiones habían sido denegadas, informa EFE.