El colectivo denuncia que está realizando trámites que le corresponden al Gobierno sin nigún tipo de orientación o ayuda
07 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La imagen que acompaña esta información muestra una pantalla de un ordenador de una asesoría ovetense que estaba tratando, sin éxito, de tramitar ante el Servicio de Empleo (Sepe) uno de los casos de un ERTE de fuerza mayor que se le acumulan sobre el escritorio. La web llevaba horas colgada. No estuvo operativa desde el viernes poco antes de las nueve de la noche hasta el sábado después de la una y media. No era la primera vez que se caía. Las asesorías asturianas navegan entre el marasmo legal y económico que está creando la crisis del coronavirus casi a ciegas. Sus propietarios denuncian los constantes cambios legales, con correcciones que se superponen, modificaciones de formularios, trámites que están asumiendo pero que no les corresponden y, encima, fallos informáticos. Alertan de que el tapón administrativo que se está generando puede colapsar todo el sistema.
Nada está saliendo a la primera. Entienden que es un contexto de crisis pero temen la inseguridad jurídica que se está generando. Echan de menos que el Gobierno no salga con los deberes más hechos, que se anuncien las medidas por adelantado y luego se trabaje en unos decretos, que llegan a ser modificados varias veces. Otra asesoría consultada por La Voz lo califica como «una diarrea o incluso chorreo legislativo». Lo peor es que detrás están miles de trabajadores que no cobran, con ERTEs que no se resuelven y con ayudas que se anuncian pero que no se concretan.
A la «trágala»
Los problemas comenzaron ya el 13 de marzo con la propia gestión de los ERTES de fuerza mayor, los originados por el cese de la actividad. «Está siendo todo a la trágala», explican en la asesoría ovetense. Los expedientes tenían que presentarse ante la Consejería de Empleo del Principado que, según el real decreto, tenía un plazo de cinco días para contestar. Conscientes de que era inviable atender la catarata de solicitudes en tiempo, otorgaron 10 días más. En caso de que nadie respondiese, se daba por sentado que el silencio administrativo era una respuesta favorable. «Pasaron los cinco días, los 10 días y nada», explica. De las decenas que presentó este despacho, solo obtuvieron una única respuesta.
Comenzaron la tramitación casi a ciegas. No tenían número de expediente, así que estuvieron llamando al 012, hasta que les explicaron cómo tenían que hacerlo. En su caso, la gestión la hicieron directamente a través de la Red SARA, que es el registro electrónico común. Así que comenzaron con los trámites habituales a la Tesorería General de la Seguridad Social, para notificar la inactividad y ante el Sepe, para el cálculo de las bases de cotización. Cada paso supone un gigantesco esfuerzo por todas las dificultades técnicas que, además, se están encontrado.
Pero, por si esto fuera poco, en estos ERTEs, las asesorías tienen que hacer una labor extra. Se les ha otorgado la obligación de comunicar también los datos de todos los trabajadores implicados en los expedientes, desde sus números de teléfono a sus cuentas bancarias. Este era un trámite que antes realizaban los propios afectados, pero como las oficinas están cerradas y si cada uno fuese por separado podría ser un caos aún mayor, entonces son los despachos los que tienen que pasar sus hojas excel con toda la información. La mayoría no dispone de esos datos, ya que son datos que tienen los empresarios, así que han tenido que ponerse a recabarla.
El cabreo al inicio del fin de semana era monumental, con la página del Sepe colgada durante horas. Estos días, los fines de semana son, en realidad, un día más y ante la avalancha de trámites pendientes cualquier momento es bueno para trabajar. Además, la idea de que un sábado la web puede funcionar menor porque hay menos actividad puede convertirse en una pesadilla. No había manera de certificar nada. «Están descargando la obligación en las asesorías», explican. Aunque en las web oficiales se recopilar la información y los trámites a realizar, en el día surgen multitud de dudas. El problema es que resulta igual de complicado encontrar interlocutores.
¿Y los autónomos?
Esta parte es solo la de los ERTEs de fuerza mayor, que es a los que hasta ahora han dado prioridad, pero también tienen que gestionar los ERTES por causas de producción y organizativas, como les está pasando a odontólogos, ópticos o fisios, y la situación crítica que están atravesando muchos autónomos, que los cosen a preguntas que, en muchos casos, todavía no tienen respuesta. «No hay tiempo literal para atender al cliente y el cliente hierve», aseguran los responsables de la asesoría ovetense, con decenas de expedientes en las manos de peluquerías, bares, autoescuelas, tiendas,... Una buena parte son de hostelería.
Otra asesoría consultada por La Voz se muestra muy crítica con el procedimiento que está utilizando el Gobierno, con un presidente que anuncia medidas antes de que se organice su soporte legal. Se hacen públicos acuerdos que están por concretar. Muchas de esas medidas, reconoce, son buenas ideas, pero la forma en la que se está concretando es otra cosa. Pone un ejemplo claro, esta vez del Gobierno del Principado. La ayuda de 400 euros para los autónomos. «Hace días que la anunciaron y todavía no hay nada. Llamas para interesarte y te dicen que la están preparando pero a nosotros ya no están llamando los clientes para saber qué hay de eso», explica.
Pone más ejemplos que parecen fruto de la precipitación, con requisitos contradictorios entre sí. Para recibir unas ayudas, el autónomo no puede cesar su actividad. Para otras le reclaman justo lo contrario. «Está claro que es un error y que una de las dos tendrán que modificarla pero a estos nos enfrentamos», cuenta este asesor que lamenta la inseguridad jurídica que se está generando y que teme que se produzca un colapso del sistema.
Los asesores entienden la premura de tiempo con la que se está trabajando pero consideran que quizá sería mejor moverse de manera más pausada y contar con asesores externos que pueden orientar sobre el trabajo de los profesionales que van a tener que desenmarañar la madeja burocrática. Esos podrían ser, proponer, los colegios profesionales, que saben lo que es la práctica diaria.
