Quiere determinar las condiciones de salubridad en las residencias de mayores. El Principado ofrece su «absoluta colaboración»
25 mar 2020 . Actualizado a las 18:58 h.La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha comenzado a recabar información sobre la situación de las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, para identificar posibles contagios o fallecidos por coronavirus, así como situaciones de riesgo para residentes y trabajadores. Por su parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en coordinación con la de Salud, ha ofrecido su «absoluta colaboración», porque considera que esta investigación «refuerza el control y apoyo de todas las residencias de mayores». Con ese propósito, la administración ha anunciado que facilitará al ministerio público la información de la que disponen sus servicios de inspección sobre la situación epidemiológica en los centros, tanto en los públicos como en los privados.
Esta actuación de la Fiscalía de Asturias se enmarca en las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado para determinar si en algunas residencias de mayores hay ancianos enfermos en malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos por el COVID-19. Así, el resultado del expediente será trasladado tanto a la Fiscalía General del Estado como al Gobierno del Principado.
Para el análisis de la situación, las distintas fiscalías asturianas han solicitado información a la Dirección General de Gestión de Servicios Sociales del Principado, así como a todas las residencias de ancianos del Principado por escrito y vía telefónica. La Fiscalía de Asturias ha informado de que algunas de ellas han remitido directamente la información requerida, mientras que el resto lo hará ya a través de la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, que ha centralizado la recepción de toda la documentación desde este miércoles. El Ministerio Público no ha concretado aún la situación de las residencias por encontrarse todavía abierto el proceso de recopilación de información.
Total colaboración
La propia Consejería de Derechos Sociales ya inició el 19 de marzo un sistema de intercambio de información con los centros privados para conocer de primera mano la situación diaria de cada residencia. Este proceso ya lo venía realizando con los establecimientos de la red pública gstionados por el ERA. El objetivo prioritario de estos canales, ha explicado el Principado «es velar por la seguridad y calidad de la atención de las personas mayores y de los profesionales, planificar posibles medidas de refuerzo y canalizar las demandas de material u otras peticiones». No obstante, ahora ya es obligatorio realizar este tipo de seguimientos. Las órdenes ministeriales 265/2020 y 275/2020 obligan a llevar un control de todos los centros residenciales públicos y privados por parte de la Consejería de Salud y de todas las autoridades competentes.
Tal y como se ha instaurado en Asturias, el sistema permite que la información sea uniforme, periódica y sistemática y tiene en cuenta la presión a la que se enfrentan las direcciones de lo centros. «Queremos facilitarles la labor en estos duros momentos y poner a disposición tanto de las personas mayores como de los equipos profesionales, todos los recursos que estén a nuestro alcance, para frenar el avance del nuevo coronavirus», ha afirmado la consejera de Servicios Sociales, Melania Álvarez.
Langreo
Por su parte, el Ayuntamiento de Langreo ha informado de que la Sección Territorial de la Fiscalía de este concejo no ha detectado ningún caso de coronavirus en los once centros del concejo, aunque en cuatro de ellos se han tomado medidas de cuarentena por precaución y tienen a varios casos en estudio.
Esta actuación de la Fiscalía General del Estado ya ha llevado a la apertura de una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de ancianos por coronavirus en las residencias barcelonesas de Capellades y Olesa de Montserrat.
