Down España acusa al Principado de trazar itinerarios segregadores para alumnos con discapacidad
ASTURIAS
El colectivo presenta alegaciones contra la reforma del decreto de admisión del alumnado que tramita la Consejería de Educación.
05 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.«Resulta preocupante que el Gobierno del Principado dé luz a una resolución orientada a mantener itinerarios segregadores para el alumnado con discapacidad. La educación del siglo XXI no puede ni debe señalar ni mucho menos clasificar a niñas y niños por razón de discapacidad, apartándolos de la vida en común, ya que estaremos faltando a los principios básicos de convivencia y respeto y atención a la diversidad que deben presidir cualquier política educativa». Así de contundentes se muestran las asociaciones Down España y Down Principado de Asturias en sus alegaciones contra el decreto de admisión del alumnado que promueve la Consejería de Educación. Ambos colectivos denuncian que ese decreto es contrario al ordenamiento internacional suscrito por España, ya que vulnera lo fijado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento para los estados. Explican que esta resolución perpetúa un enfoque de la educación no inclusivo.
La reforma del decreto de admisión, que pretende entrar en vigor el próximo curso, está en tramitación. Ya ha salido a exposición pública y ahora se somete al debate del Consejo Escolar del Principado. Esta modificación afecta en exclusiva a los artículos relacionados con la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales. La propia Consejería de Educación ha explicado que su única intención es adaptar el texto a lo que dice el artículo 74 de la LOE, que se mantiene en vigor. El anterior decreto, que data del año 2018, había eliminado todas las referencias. Lo que ahora se recupera es la orientación prioritaria de este alumnado hacia los centros de educación especial o hacia las unidades de educación especial, en el caso de los estudiantes alejados de la zona centro. También aconseja la escolarización mixta en otros casos. Por otro lado, orienta a los alumnos hacia aquellos colegios en los que hay recursos disponibles para ellos.
Quejas
Las alegaciones de Down España y Down Asturias explican que la nueva redacción del decreto, esa que prioriza la escolarización en centros de educación especial o en unidades especiales dentro de los centros ordinarios, en realidad, «vulnera el derecho de padres, madres y tutores a la participación en la decisión sobre el centro educativo ordinario al que desean que sus hijos e hijas acudan, así como no respeta la posibilidad de arraigo en la zona de referencia, supeditando la elección de centro educativo a la disponibilidad de recursos».
Los colectivos entienden que no está prevaleciendo el derecho a una educación inclusiva por encima de las características individuales y de la asignación de recursos y citan la sentencia de 14 de diciembre del Tribunal Supremo de 14 diciembre 2017, en la que se explica que la Administración Educativa «debe razonar porqué supone una carga desproporcionada para la Administración la escolarización en un centro ordinario, con los apoyos precisos». Además, están preocupados porque la escuela pierde su «función social inclusiva», tanto cuando orienta a los estudiantes a centros especiales como cuando recomienda una escolarización mixta. Insisten en que la sentencia del Supremo recalca que la escolarización en centro de educación especial debe «ser la excepción» y que antes se exige «una motivación que acredite que sea inviable la integración del menor discapacitado en un centro ordinario».
Down España y Down Asturias explica que lo único que están haciendo es defender los derechos de sus hijos, algo que la Administración asturiana debería hacer por sí misma, sin necesidad de que nadie se lo recuerde. Por esa razón, se dirigen al Gobierno regional, y le reclama que invierta esfuerzos y recursos para que todos los niños, sin excepciones, «participen y aprendan en los mismos espacios». Para lograrlo debe empezar por modificar la resolución de escolarización, ya que tal y como está planteada «resulta regresiva a cualquier mandato de derechos humanos».