El informe del Observatorio Estatal señala que se ha reducido el número de personas atendidas a lo largo del año pasado
02 mar 2020 . Actualizado a las 13:59 h.Asturias no sólo suspende, sino que obtiene la peor nota de todo el país y la peor de su historia en la atención a la dependencia desde la aprobación de la ley ya que en el último Observatorio Estatal para la Dependencia sólo obtuvo un 1,1 puntos sobre 10.
Esta baja puntuación y la pérdida de posiciones respecto a otras comunidades autónomas obedece principalmente al hecho de que durante 2019 en Asturias se redujo en un 4,38 por ciento el número de dependientes atendidos (996 menos), mientras que en el conjunto del país aumentó en un 6,38 por ciento.
La tasa de desatendidas (limbo) también se ha incrementado en 2019 en 8 puntos al pasar del 13,8 con que arrancó el año al 21,6 al finalizar 2019, con lo que esta tasa se ha situado por encima de la media del país.
En concreto, al finalizar el año los dependientes atendidos en Asturias se habían reducido de 22.049 a 21.073, mientras que las personas con derecho a serlo se habían incrementado en 1.304 al pasar de las 25.573 con las que acabó 2018 a 26.877 un año después.
Entre los atendidos, también fueron 508 menos los que lo fueron con cuidados familiares, una situación en la que se encontraban 8.468 dependientes asturianos al finalizar diciembre del pasado año.
No obstante, el ritmo de valoraciones y personas con derecho sigue aumentando a ritmos razonables, aunque inferiores a la media nacional, lo que demuestra la incapacidad del Sistema de atender la demanda como consecuencia de contar con presupuesto insuficiente.
En concreto, Asturias dedica de media 486 euros por persona potencialmente dependiente, la segunda más baja del país y muy por debajo de la media estatal que, al finalizar el año fue de 664.
Este informe, coordinado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, también avisa de que a esta situación contribuye una organización centralizada, al margen de los servicios sociales municipales, «que ha demostrado su ineficacia».
En su conjunto, los servicios a la dependencia se han reducido en un 4,31%, y las PECEF en un 6 por ciento, reducciones que contratas con los incrementos del 6,38 y del 7,31 por ciento, respectivamente, en el conjunto de las comunidades autónomas.
El Sistema en Asturias ha perdido además el 5 por ciento del empleo generado en el ejercicio anterior, rompiendo una tendencia de generación constante de empleo de los últimos 5 años.
El coste del Sistema en Asturias alcanza los 175 Mill € (+1,1%), y del total del Gasto Público la CA aporta el 81% y la AGE el 19% restante.
De haberse aprobado el incremento los 459 millones del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de Estado por la Dependencia, Asturias habría obtenido once millones más para reforzar el sistema, y con ese dinero podría haber atendido a 1.880 nuevos dependientes, y generado 330 nuevos empleos.
El Sistema de la Dependencia se ha ralentizado: más dependientes en lista de espera, mayor brecha entre regiones y 30.000 personas que mueren cada año sin recibir atención, denuncia el Observatorio de la Dependencia, que urge al Gobierno central a aumentar ya 459 millones de euros su financiación.
El Observatorio, coordinado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, analiza cada año con los datos oficiales del Imserso la implantación de la ley de Dependencia y alerta en su último informe que a cierre de 2019 había 426.000 personas desatendidas, 50.000 más que el año anterior.
«La dependencia se para y en 2019 se inicia la fase de ralentizacion; 2020 puede ser el despegue del sistema si el Gobierno de España habilita esos 459 millones de euros» para aumentar el Nivel Mínimo -lo que da a las CCAA para atender a los dependientes-, ha dicho el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, quien ha pedido arrinconar «discursos progresistas cuando siguen vigentes los presupuestos de Montón».
En 2019, 20.000 dependientes más que un año anterior esperaban recibir prestaciones reconocidas por la ley (alcanzan los 270.000) y 30.000 personas más estaban pendientes de que les valoraran su grado de dependencia (un total de 160.000); según informó EFE.