Asturias espera a la cita del viernes con Hacienda para decidir cómo reclamar los 75 millones del IVA
ASTURIAS
Las comunidades plantearán sus demandas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera mientras el Principado busca una solución negociada
05 feb 2020 . Actualizado a las 05:10 h.El malestar de las comunidades autónomas con el Gobierno Central por la negativa de Hacienda a abonar la deuda con los territorios correspondiente a la devolución del IVA del último mes de 2017 es general y, sin embargo, la respuesta de cada región varía de forma considerable. En el caso de Galicia la Xunta ya anunció la semana pasada que agotará todas las posibilidades en el ámbito judicial y llevará a los tribunales al Gobierno Central para exigir un monto de alrededor de 200 millones de euros, este martes el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, región presidida por el socialista Emilio García-Page, autorizó a su gabinete jurídico a que adopte las medidas administrativas y las acciones judiciales que procedan ante el Estado y otras comunidades también de signo socialista, como Aragón o Baleares, sopesan acudir a los tribunales. Asturias no lo descarta pero tampoco ha avanzado en ese sentido. Desde el Principado se reclama una cantidad relevante, unos 75 millones de euros, pero por el momento prefieren esperar a ver qué dan de sí las conversaciones al respecto que con toda seguridad tendrán lugar este viernes cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el primero que sentará en una misma mesa al Ministerio y las autonomías desde el verano de 2018.
En el orden del día no está este asunto. El CPFF se convoca, según explicó la ministra María Jesús Montero, para trasladar a las comunidades autónomas la nueva senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública, comprometidos con Bruselas. Todo con el propósito de preparar la difícil negociación de los presupuestos generales del Estado de 2020. Pero incluso en la misma rueda de prensa en la que Montero anunció la convocatoria surgieron las preguntas sobre cómo se tratará la cuestión del impago del IVA. Lo cierto es que, de forma tangencial, también guarda relación con el equilibrio de las cuentas de las comunidades, no en vano la consejera asturiana, Ana Cárcaba, ya advirtió de que que la no llegada de esos millones pendientes desde 2017 puede hacer que el Principado incumpla el objetivo del déficit en este ejercicio 2019. A finales de abril se conocerá el balance de 2019 y Asturias no podrá exceder el 0,1% de su PIB (es decir, alrededor de 23 millones de euros) pero con la ausencia de esos 75 millones Asturias se encontraría superando tres veces el límite fijado por el Ministerio precisamente porque el mismo departamento se niega a abonar lo que le adeuda.
El Ejecutivo asturiano ha optado por la prudencia en sus declaraciones. Si hace unas semanas destacó que no descartaba acudir a los tribunales para reclamar los millones, siempre ha puntualizado que preferiría una solución negociada con el Ministerio. De momento, Montero no se ha cansado de repetir que no tiene intención de devolver el dinero a las comunidades (son 2.500 millones para el conjunto de las regiones); destaca que el mecanismo contemplado por el Ejecutivo socialista para abonar esa deuda decayó cuando lo hicieron los presupuestos fallidos del pasado ejercicio y que no hay forma de recuperarlo. Insiste en que se trata de un tema «zanjado» y, después de conocer que puedan materializarse las demandas en los juzgados de las comunidades, señaló que era «una roca para las amenazas». Eso sí, Montero se abrió a que puedan estudiarse «medidas paliativas».
«Tengas pleitos y los ganes»
Y esta puede ser una esperanza para Asturias. Porque lo cierto es que, como en la maldición gitana de «tengas pleitos y los ganes», ni siquiera una sentencia favorable y en el Principado lo saben por experiencia. Ocurrió con 2011 cuando el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió dejar de pagar los fondos mineros correspondientes a Asturias y por una cantidad importantísima, más de 200 millones de euros. El gobierno de Francisco Álvarez-Cascos inició un proceso de reclamación en los tribunales que siguió el Ejecutivo de Javier Fernández. Y Asturias ganó, pero todavía no ha terminado de recibir esa deuda pendiente. «No significa que se gane por judicial un recurso cuando no es de obligación la ejecución. Es más importante alcanzar una vía de acuerdo aunque también te refuerza que la justicia te dé la razon»; señaló el alcalde de Morcín y responsable de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), Maximino García. En este sentido insistió en que «lo que está claro es que no sería un proceso de aplicación inmediata. En el caso de los fondos mineros se hizo una reclamación judicial ya en la época de Cascos como presidente, se gana y a día de hoy no hay aplicación».
¿Pero de cuánto dinero se trata? En la hemeroteca las cifras varían desde los 250 millones a los 125. Lo cierto es que la justicia dio la razón a Asturias en unos caso y se la quitó en otros, convenio a convenio (y la revisión con exceso de celo por parte del ministerio de Industria dirigido por José Manuel Soria se encargó en su momento de ralentizar todo lo posible la entrega).
Al respecto y a preguntas de este diario sobre esta cuestión, la directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, declaró que «muchos expedientes de anteriores fondos mineros siguen pendientes de resolución en los tribunales, por lo que no podemos llegar aún a ninguna conclusión final. En este sentido, además, como es práctica habitual, no sería prudente manifestarnos o realizar valoraciones sobre un tema que está judicializado hasta que no tengamos resolución en firme».
De Montoro a Montero
¿Y por qué surge esta deuda de Hacienda con las comunidades? Es la ministra socialista María Jesús Montero la que tiene que bregar con las quejas de las comunidades, pero lo cierto es que el problema se arrastra desde ya dos legislaturas, cuando Cristibal Montoro era responsable del departamento en el último mandato de Mariano Rajoy.
En el año 2017 Montoro llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.
El cambio normativo provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018.
De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad; informó Europa Press.
