La acusación popular eleva la petición de penas de la Fiscalía por los cursos de formación de la UGT
ASTURIAS
El Observatorio Ciudadano Anticorrupción espera que el juicio por el presunto fraude en los cursos de formación comience a finales de 2020 o principios de 2021
05 feb 2020 . Actualizado a las 13:58 h.El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan) solicitará 11 años y 6 meses de cárcel y una multa de 1,7 millones para el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, como presunto autor de cinco delitos de fraude en las subvenciones recibidas para los cursos de formación entre 2010 y 2014, por valor de 1,4 millones, y su desvío para afrontar gastos estructurales del sindicato. Ocan, que ejercita la acusación popular en el procedimiento por el que han sido procesados cuatro exdirigentes -entre ellos Rodríguez Braga-, dos técnicos y el sindicato como persona jurídica ha hecho público este martes su escrito de calificación provisional. Las peticiones de Ocan son más elevadas que las reclamadas por la propia Fiscalía.
La asociación reclamará al propio sindicato el pago de una multa de 244.028 euros, así como la pérdida de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 4 años. El presidente de Ocan, Manuel Benayas, y el abogado Alberto Suárez han anunciado que interesarán la misma pena de 11 años y 6 meses de cárcel para Manuel Díaz Cancio, secretario general de Formación, y Mónica Menéndez, secretaria de administración desde 2002 a 2013.
Para la administradora de Localmur, María Jesús Ocaña, solicitarán 6 años y 6 meses y multa de 869.044 euros, así como sendas condenas de cuatro años de prisión para Alberto González, responsable de Contabilidad, control y justificación de las subvenciones, y Silvia Sariego, encargada de las mismas funciones en la Delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). Benayas y Suárez han pedido que el Parlamento regional retome de nuevo los trabajos que «cerró en falso» en la comisión de investigación o que constituya una nueva comisión para que se corrijan los mecanismos de control que, a la vista de la dinámica de la operativa empleada por UGT, han dicho, demuestra que «se burlaron», según recoge Efe.
Suárez confía en que se acuerde la apertura de juicio para que la vista pueda celebrarse a finales de este año o a lo largo de 2021, si bien previamente la Audiencia tendrá que resolver los recursos de apelación de las defensas contra el auto de transformación por el que han sido procesados. La Fiscalía emitió recientemente su escrito por el que pedirá 10 años de cárcel para Rodríguez Braga y penas que oscilan entre 4 años y dos meses y 10 años de cárcel para el resto de procesados y solicita la misma pena que Ocan para la UGT como persona jurídica.
