La diputada Reyes Fernández Hurlé reclama una auditoria sobre la prestación y critica la gestión del sistema de dependencia
03 feb 2020 . Actualizado a las 11:58 h.La diputada del PP Reyes Fernández Hurlé ha acusado este lunes al Gobierno regional de estar «regalando» el salario social al limitarse a pagar esa prestación a sus beneficiarios -22.123 en la actualidad- por lo que ha pedido una auditoría sobre la gestión realizada en ese ámbito por el Principado.
En rueda de prensa, Fernández Hurlé ha vinculado esta situación con el conjunto de la gestión del Ejecutivo de Adrián Barbón en materia de políticas sociales, un «fracaso» que, a su juicio, merece un suspenso tras seis meses de una gestión «plagada de contradicciones» al frente de la administración autonómica.
La parlamentaria popular ha asegurado que no le cuadran las últimas cifras facilitadas por el Gobierno sobre el salario social dado que, tras registrarse una media de 246 nuevas peticiones entre septiembre y noviembre, en el último mes del año el Ejecutivo asegura que sólo se presentaron 57 nuevas demandas de la prestación.
«Hay falta de transparencia y de rigor económico a la hora de gestionar el salario social y están hacen ingeniería contable», ha apuntado Fernández Hurlé tras incidir en que quienes lo solicitan «lo que quieren es trabajar» y desde el Principado no se incentiva que los beneficiarios busquen acceso al mercado laboral.
Según la diputada del PP, esta circunstancia hace necesario llevar a cabo una auditoría sobre el salario social para constatar «que se está dando bien» y que quienes lo están percibiendo actualmente «cumplen los requisitos» necesarios para acceder a esta prestación.
Fernández Hurlé ha extendido sus críticas a la gestión del sistema de dependencia en una comunidad autónoma con la población más envejecida de España y en la que, ha advertido, en diez años se puede triplicar el número de personas dependientes y , pese a ello, es el territorio junto a Extremadura con menos beneficiarios de las prestaciones derivadas de la ley.
Así, ha instado al Ejecutivo a explicar a la ciudadanía que se recorte en 950 el número de beneficiarios a la vez que crecen las listas de espera en un 7,8 por ciento, los expedientes acumulan un retraso de ocho meses -once las alas- y existen casos de demandantes a los que aún no se ha reconocido la dependencia un año y medio después de solicitarla.
A esta situación se añade, según la parlamentaria popular, la del establecimiento autónomo ERA que el Gobierno lleva «seis meses analizando y sin dar una solución» y, pese a tener una lista de espera de 1.622 personas, existen 101 camas vacías mientras el Ejecutivo rechaza construir nuevos centros residenciales para ancianos y no soluciona las carencias de personal; según recogió EFE.
