25 menores asturianos están retenidos en el extranjero por uno de sus progenitores
ASTURIAS
Según el último informe de personas desaparecidas, que recoge las sustracciones que se han producido en la región en la última década, en 2018 se produjeron dos casos en la región. En España casi 3.000 padres luchan por recuperar a sus hijos, aunque sólo se resuelven un 12% de los expedientes
20 ene 2020 . Actualizado a las 20:49 h.No saber si su hijo está bien o mal, si ha cambiado su aspecto, si le recuerda después de tantos años sin verse… Es la agonía que viven 25 asturianos que luchan por recuperar a sus hijos después de que estos fueran sustraídos por el otro progenitor, que de forma unilateral un día decidió llevárselo y lo mantiene retenido normalmente en el que es su país de origen. Ante esta situación, los padres o madres españoles se enfrentan a una dura batalla que en pocos casos se resuelve de forma favorable porque las justicias extranjeras tienden a dar la razón a sus compatriotas. Según el Informe de personas desaparecidas en España del año 2019, publicado por el Ministerio del Interior, es la situación en la que se encuentran unas 3.000 familias españolas, que han sido víctimas de la sustracción parental. La cifra se vuelve más desalentadora aún si se tiene en cuenta que sólo se resuelven un 12% de los expedientes.
Asturias es de las comunidades autónomas que menos casos de sustracción de menores ha registrado en la última década, un total de 25, como se decía anteriormente. Si bien en el 2018, último año incluido en el informe elaborado por el Centro Nacional de Desaparecidos, en la región sólo se denunciaron dos casos, 2012 y 2015 fueron años críticos en los que se produjeron cinco sustracciones de menores en el transcurso de cada uno de ellos. El informe precisa que los datos relativos a hechos conocidos por delitos de sustracción de menores en Espan?a proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) y no de la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH). Las infracciones penales conocidas y registradas en el SEC por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad muestran una media de 300 casos por año si se analizan los datos registrados desde 2010 a 2018.
Javier Somoza es el presidente de la Asociación Niños sin Derechos contra la sustracción parental (Nisde), una asociación que nació a principios de 2016 en Galicia después de que un grupo de madres y padres afectados por la sustracción internacional de sus hijos se unieran para sumar fuerzas y buscar una mayor implicación de los organismos públicos. En España, este colectivo se ha convertido en referente en la lucha contra la retención de menores en el extranjero, sin embargo, las circunstancias de cada caso hacen que no tengan contacto con todos las familias víctimas de la sustracción de sus hijos.
En las bases de datos de Nisde no tienen identificados a esos padres o madres de Asturias con menores retenidos en otro país por el otro progenitor. La explicación que da Javier Somoza es que en muchos casos el afectado por una situación así «trata de llevar el tema en privado por miedo, para evitar problemas con su ex pareja y que no se acaben de romper los lazos o, incluso, por el chantaje emocional, porque les llegan a decir que si lo hacen público no volverán a ver al pequeño». Javier Somoza lo sabe bien porque él es un afectado. Hace tres años y medio que no ve a su hijo «porque desobedecí una orden de la sustractora». El niño está en Rusia con su madre y él es consciente de sus escasas opciones, porque ese país nunca devuelve un niño pero también porque «España es de los países de Europa que menos protege a la infancia» en ese sentido, denuncia el mismo.
Crear la figura del Defensor del Menor
La asociación Niños sin derechos contra la sustracción parental reclama, entre otras cuestiones, que se cree la figura del Defensor del Menor. «En España se incluye dentro de la del Defensor del Pueblo -indica el presidente de Nisde- pero no tiene competencias ejecutivas». Se trata de que los derechos de los niños prevalezcan sobre cualquier otro y de que haya una figura institucional que vele por ellos. Pese a que a nivel internacional disponen del Convenio de La Haya, la entidad cree que es «papel mojado», porque los jueces se escudan en un artículo que hace referencia al bienestar del menor para no dejarlo volver a España. Las maraña administrativa depende de tres ministerios: Interior, Justicia y Exteriores, y ni hay información ni coordinación, denuncian desde el colectivo.
La asociación es hoy por hoy un pilar para los padres y madres que luchan por recuperar a sus hijos retenidos en el extranjero sin su permiso. Nisde les brinda un servicio de psicólogos y abogados, tanto en el país de origen como en el de residencia del menor.