Su comentario sobre los «desequilibrios» de la justicia gratuita se ha hecho viral en las redes: «Me comprometí a defender a quienes lo necesitaran, tuvieran o no dinero; no a perseguirles hasta los infiernos para que nos paguen nuestro trabajo»
30 dic 2019 . Actualizado a las 19:21 h.Borja Álvarez es un abogado asturiano que entró en el turno de oficio hace 20 años. Recientemente, a propósito de la decisión del Ministerio de Justicia de no abonar las minutas correspondientes a los servicios prestados a quienes finalmente no ven reconocido su derecho a la justicia gratuita, publicaba un largo comentario en las redes sociales que pronto se hizo viral entre sus compañeros de profesión y turno. Un relato pormenorizado de todos los «desequilibrios» y obstáculos, en buena parte burocráticos, de un turno de oficio que en principio garantiza que todas las personas, aunque no tengan recursos económicos, tengan derecho a la defensa como recoge la Constitución española.
Álvarez, de mano, explica que accedió al turno de oficio, en los órdenes penal y civil, tras cinco años de carrera, dos años de escuela de práctica jurídica «que ahora es es el master de la abogacía», otros dos de pasantía y dos más colegiado como ejerciente, además de pasar los diferentes cursos de especialización para los dos turnos. «A diferencia de lo que piensa la gente somos los que más preparados estamos», deja claro. «Al final logré darme de alta y comencé mis guardias, mis asistencias a detenidos, mis días entre comisarías, cuarteles, juzgados y calabozos y mis tardes encerrado en el despacho estudiando cómo ayudar o sacar del apuro a todas aquellas personas que necesitaban que alguien les defendiera mientras con el otro ojo atendía al busca, ahora al móvil, por si aún tenía que salir pitando a asistir a cualquier otra persona que se encontrara detenida».
El malestar entre los abogados del turno de oficio viene en todo caso de lejos, pero como dice Borja Álvarez pesa mucho la cuestión vocacional: «Soy abogado: cuando juré como tal prometí la Constitución y me comprometí a ser su garante y a defender a todas aquellas personas que lo necesitaran, tuvieran o no dinero para pagarme adecuadamente mis servicios. Lo mío no es un trabajo, es una profesión vocacional de la cual estoy demasiado orgulloso como para renunciar ahora a ser garante constitucional de los derechos de quienes lo tienen más difícil».
Ahora no es que precisamente se haya producido un cambio. Álvarez explica que en el turno civil, por ejemplo, la persona que recurre a la justicia gratuita acude al colegio de abogados para solicitarla. Una vez allí, se le pide una serie de documentación y, con ella, el colegio realiza un estudio preliminar sobre si realmente tiene o no derecho a la justicia gratuita. «Si lo tiene se hace una designación provisional y se le remite a un abogado del turno de oficio mientras el expediente pasa a la Consejería de Justicia», explica, matizando que Justicia depende de la actual Consejería de Presidencia del Principado.
Una vez en la Administración de Justicia, se revisa de nuevo toda la documentación y se emite una calificación definitiva sobre si hay o no derecho a la justicia gratuita. «Si lo hay, miel sobre hojuelas, pero si no la hay, ahí es donde nos dejan desamparados. Todo lo que hayas trabajado se lo tienes que cobrar a tu cliente y empiezas una persecución para que te pague lo que no te quiso pagar la justicia gratuita», indica Álvarez, que explica también que así como los colegios de abogados de Oviedo y de Gijón «funcionan muy bien, gestionándolo todo rápido», la Administración va muy lenta. Podría incluso llegar a pasar hasta un año para que emita la calificación definitiva: «Es decir, que se puede dar el caso de que hayas cobrado el asunto, con la asignación provisional, y que luego te venga la consejería pidiendo que le devuelvas el dinero y que se lo cobres al cliente si resulta que no tiene beneficio de la justicia gratuita».
En penal quien llama no es el cliente
La documentación que tienen que aportar las personas que acuden a este derecho es abundante. «Son un montón de documentos y eso produce el primer desequilibrio, pero es aún más grave en penal», sostiene Álvarez. En el turno civil el colegio de abogados actúa de filtro y casi todos los casos se confirman «porque el colegio hace muy bien su trabajo», insiste. En penal el problema surge cuando los abogados están de guardia: cada día puede haber medio centenar de letrados disponibles durante 24 horas en todos los partidos judiciales de Asturias y, si alguien es detenido por cometer un delito y no tiene abogado propio, la Policía o el juzgado de guardia llama a uno de esos abogados para que les asistan.
Aparte de la asistencia, que siempre tiene su enjundia, «estamos obligados a rellenarles la solicitud de la justicia gratuita y tienen que firmar una cláusula de cesión de datos para su tramitación, así como una declaración jurada de que lo datos son auténticos», explica Álvarez. A ello se suma que le dan al justiciable el listado de todos los documentos, que no son pocos, que tiene que conseguir para justificar su derecho a la justicia gratuita. «Yo hago mi trabajo como abogado de oficio y, aparte, un trabajo burocrático para la Administración. Y, con todo esto, llegamos a lo que dice ahora la ministra (de Justicia, Dolores Delgado), teniendo en cuenta además que normalmente los detenidos con los que tratas no son precisamente el embajador de China y sus amigos».
Pero puede que a quienes asisten los abogados del turno de oficio cuando son reclamados por un juzgado o por la Policía sí les suene a chino todos los papeles que tienen que conseguir, y más en las circunstancias en las que se encuentran. Aún así, lo que dice la ministra, según expresaba Borja Álvarez en su comentario viral, es que «cuando estemos de guardia debemos acudir y asistir, pero si esa persona luego no acredita su falta de ingresos, no presenta una lista eterna de documentos que acredite que es pobre de solemnidad, la Administración no nos pagará nuestros servicios y debemos perseguirla hasta los infiernos si hace falta para que nos pague nuestro trabajo. Es decir, que la abogacía está obligada a hacer un trabajo para la Administración, pero a lo que no tenemos derecho es a que quien nos contrata, esa administración de justicia que nos llama a las asistencias, nos pague la miseria que nos paga si no se solicita el beneficio de justicia gratuita adecuadamente».
Esas asistencias, que hasta ahora siempre se pagaron independientemente de que el justiciable consiguiera reunir todo el papeleo, vienen a ser unos 80 u 85 euros de compensación. «En estos 20 años he recorrido miles de kilómetros con mis diferentes coches (ninguno me ha durado ese tiempo), he dormido pegado a mi teléfono móvil, me he levantado a media noche y acudido a defender a quien me llamara mientras, en el coche, intentaba abrir los ojos y me repetía ‘no te duermas, no te duermas’. He aguantado olores, salivazos, insultos, broncas, miedo y amenazas, he tenido que enfrentarme y enfadarme -no sólo con mis clientes sino también con agentes, funcionariado, jueces y fiscales-, he malcomido algo en cualquier bar antes de volver al juzgado, he llegado tarde porque no había manera de acabar la asistencia, he tenido que soportar interminables esperas y he llegado a casa muchas veces con el olor a calabozo metido en la piel y sin poder quitarlo ni siquiera frotándome muy fuerte bajo el agua caliente de la ducha».
El turno de oficio, insiste Álvarez, es voluntario pero tiene ese fuerte componente vocacional por el que se resiste a dejarlo pese a todos los obstáculos. «Con el turno de oficio hay una batalla eterna y es que cada vez que aparece un nuevo gobierno, y cuanto más a la derecha está, más se habla de privatización», lamenta, considerando en todo caso que ya hubo intento de privatizar la asistencia de justicia gratuita en el aeropuerto de Barajas sin éxito alguno. «Que una ministra salga haciendo determinado tipo de declaraciones que desprestigian el servicio que prestamos es algo que no puedo entender. No puedo entender que nadie jamás nos agradezca todos los esfuerzos que estamos haciendo, porque la Administración de Justicia funciona porque nosotros la hacemos funcionar. Si no hay un abogado de oficio el juzgado no puede seguir adelante con el procedimiento y no se garantiza el derecho a defensa de la persona», recuerda.
«El turno de oficio te conecta con la realidad»
Por ello, considera una «injusticia» que se pretenda ahora que los abogados de oficio actúen como si fueran cobradores del frac. «Quien nos llama no es un cliente. Es un juzgado o la policía», reitera, apuntando también cuáles son los requisitos para acceder a la justicia gratuita. Si se es una persona sola, los ingresos no deben superar el doble del IPREM: unos 1.240 euros al mes. Si el núcleo familiar lo forman tres miembros, 1.500 euros. Álvarez pone un ejemplo: «¿Tengo que ir a reclamarle a una persona a la que le han denegado la justicia gratuita porque son un matrimonio con un hijo y ganan más de 1.500 euros? ¿De dónde les tengo que reclamar? Al final muchas veces trabajamos gratis sólo por la cuestión vocacional y eso que todavía cobramos algo porque los dos colegios hacen un esfuerzo enorme para proteger a sus colegiados», indica.
«He atendido a indigentes, a personas con trastornos mentales graves, a gente totalmente excluida de la sociedad, a personas analfabetas… es decir, mis clientes en las guardias son personas que no comprenden cómo, no saben o no pueden, en muchos casos, conseguir esa documentación que la ministra considera necesaria para probar una situación que la Administración de Justicia conoce perfectamente por tener acceso directo a la documentación que está reclamando», decía también en su perfil social. En este sentido, el abogado asturiano considera que «el turno de oficio tiene cosas muy buenas: te conecta con la realidad y te aporta mucho personalmente. Puedes hacer muchas cosas por gente que se encuentra en situaciones muy difíciles y que te da lecciones de vida, pero también por otro lado te llevas una cantidad de desesperaciones y desastres que a veces te hacen flaquear. De las guardias vuelves agotado, son momentos de mucha tensión y hay días que recibes de todo. Pero es un trabajo vocacional, que hacemos porque nos gusta. Porque creemos en en el sistema y porque creemos que hay que mantener el derecho a la defensa».
En Asturias, apunta además, son muchas las personas que tienen que recurrir a la justicia gratuita en sus diferentes turnos. «Lo que se trataría realmente es de mejorar la posición de quienes somos garantes constitucionales en lugar de dejarnos abandonados una vez más por ahorrarse cuatro pesetas. En lugar de desprestigiarnos diciendo que no nos van a dar cobertura ni a proteger», lamenta. Y recuerda: «Los abogados que estamos en el turno de oficio no sólo nos dedicamos al turno. Somos especialistas cada uno en su campo». Álvarez lo es en derecho de familia «y cuando me toca un asunto de familia el justiciable que va conmigo gratis no sabe la suerte que tiene. Tratamos los temas de oficio exactamente igual que los de pago y, por mucho que le moleste a la ministra, somos garantes de un derecho constitucional como es el derecho a la defensa».