El acusado de acumular 3.000 fotografías eróticas de menores niega haber consumido pornografía infantil
ASTURIAS

La defensa del acusado ha pedido su libre absolución por la «duda razonable» en torno a la posesión de esas imágenes
28 oct 2019 . Actualizado a las 11:59 h.El acusado de un delito de explotación sexual y corrupción de menores por supuestamente haber almacenado más de 3.000 imágenes eróticas de niñas de entre 9 y 15 años en un disco duro que envió a una empresa para su reparación ha negado ser consumidor de pornografía infantil. El procesado, que se enfrenta a una petición fiscal de nueve meses de prisión, ha admitido ser consumidor de pornografía, pero no infantil.
Según ha relatado durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, el disco duro que envió a reparar en 2016 contenía pornografía de adultos y fotografías de carácter familiar, pero en ningún caso imágenes de menores. La defensa del acusado ha pedido su libre absolución por la «duda razonable» existente en torno a la posesión de pornografía infantil por parte de su representado, según informa Efe.

A este respecto, ha incidido en que el acusado llevó el disco duro a reparar a una empresa asturiana, que ante la imposibilidad de arreglarlo, lo envió a otra de Madrid, que a su vez lo derivó a una tercera para el volcado de los datos. Fue esta última empresa la que denunció ante la policía al encontrar las imágenes de menores, según ha declarado uno de sus responsables. Sin embargo, la defensa ha subrayado que el informe policial se hizo sobre el disco duro en el que se volcaron los datos, y no sobre el original propiedad del acusado, que estaba inservible, tal y como han admitido varios peritos policiales.
La Fiscalía, que ha elevado sus conclusiones a definitivas, sostiene que la información recuperada contenía con 3.367 fotografías descargadas de Internet, de niñas menores de edad, de entre 9 y 15 años, muchas de las cuales mostraban el cuerpo desnudo y en posiciones eróticas y pornográficas. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para el acusado la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 4 años y 9 meses, así como la medida de libertad vigilada por tres años.