La portavoz del PP y otros ediles del Ayuntamiento de Aller están investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa en el «Caso Hulla»
31 jul 2019 . Actualizado a las 16:11 h.La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la imputación de la actual diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María Teresa Mallada, junto a los 16 miembros del Ayuntamiento de Aller por su supuesta responsabilidad en un delito de prevaricación administrativa en el «caso Hulla».
La corporación allerana aprobó en 2008 la cesión de los terrenos para construir con fondos mineros el geriátrico del Montepío de la Minería, en Felechosa, que es objeto de investigación el caso Hulla.
El tribunal de la Sección Segunda ha dictado un auto, fechado el pasado 25 de julio, por el que desestima el recurso de apelación que interpusieron los miembros de la corporación, que en 2008 estaba gobernada por PSOE e IU, contra la decisión del juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo de aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción número 2 de Pola de Lena.
Xente por Aller había denunciado en 2017 ante la Fiscalía Especial para la Corrupción y la Criminalidad Organizada a la corporación allerana y, tras la imputación de toda la corporación, Mallada había presentado un escrito al juzgado donde solicitaba su sobreseimiento, en una petición a la que se opusieron el Ministerio Fiscal y el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), que está personado en la causa como acusación popular.
La Audiencia confirma en el auto, al que ha tenido acceso EFE, que varios hechos denunciados en el Juzgado de Pola de Lena están incluidos en la querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar a la investigación del «caso Hulla».
Esta investigación se había abierto a raíz de que el exsecretario general del sindicato SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente.
La Audiencia se remite a las supuestas irregularidades que se describen en la denuncia, entre las que destaca el hecho de que el terreno donde se decidió construir la residencia, con 31 millones de inversión de fondos públicos, estuviera calificado urbanísticamente como suelo no urbanizable y de interés agropecuario y la petición de licencia contara con los informes desfavorables de la Secretaría municipal y la Oficina Técnica.
Asimismo, resalta que la corporación aprobó por unanimidad la cesión gratuita de una parcela sin que constase «a qué obedecía dicha liberalidad» o el hecho de que cuando se concedió la licencia de obra mayor ya se hubieran emitido diecisiete certificaciones de obra.
El presidente del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), Manuel Benayas Bode, ha asegurado, en un comunicado, que el auto resulta «un revés judicial» para las tesis mantenidas por los investigados de que su actuación fue correcta y refuerza su papel como acusación popular para que se diluciden las posibles responsabilidades en las que ha podido incurrir la corporación allerana que aprobó la cesión de terrenos.
El auto es firme y contra el mismo no cabe interponer recurso ordinario alguno, informó EFE.