Hasta 65 asociaciones nacionales e internacionales firman un manifiesto en el que critican la «mirada reduccionista» con la que se aborda la salud mental y las técnicas de contención mecánica
11 jun 2019 . Actualizado a las 20:54 h.Colectivos de salud mental, asociaciones de pacientes, coordinadoras feministas, comités de discapacidad, redes de apoyo a pacientes con patologías mentales, plataformas de defensa de los derechos humanos,... Hasta 65 colectivos han firmado ya el manifiesto en el que se exige justicia para Andreas Fernández, la joven que falleció en el HUCA tras pasar más de tres días atada a una cama de la unidad de Psiquiatría. La ola de solidaridad ha llegado hasta Oviedo procedente de 15 provincias y cuatro países, ya que también se han sumado al comunicado grupos de Chile, Argentina o México. Su intención es que se haga justicia y que los médicos que la trataron asuman su responsabilidad. Aplauden también el informe elaborado en tiempo récord por 50 profesionales sanitarios que trata de desmontar la versión oficial.
El pronunciamiento, titulado Manifiesto de repudio por la muerte de Andreas, se basa en dos pilares, la denuncia de la «mirada extremadamente reduccionista» con la que se aborda la salud mental y la condena por el uso de técnicas de contención mecánica. Ambas cosas, creen, contribuyeron al fallecimiento de una joven que sufría una amigdalitis y que terminó falleciendo a consecuencia de una meningitis y una miocarditis.
El manifiesto habla de esa perspectiva reduccionista porque considera que los médicos decidieron ingresar a Andreas en Psiquiatría, primero con su beneplácito y posteriormente en contra de su voluntad, simplemente porque su madre está diagnosticada con esquizofrenia. «Deberían habérsele realizado pruebas para comprobar si los síntomas se debían a una patología orgánica. Se dio por sentado que se trataba de una problemática psiquiátrica de forma precipitada. No olvidemos que tenía un diagnóstico previo de amigdalitis aguda», señala el documento ratificado por esos 65 colectivos. Además de los antecedentes maternos, en la enésima visita a Urgencias, Andreas había referido que escuchaba algo parecido a las voces. En ese momento, llevaba días con la infección y con fiebre alta.
Otro de los problemas añadidos es la negativa del personal médico a compartir información con la familia. Los firmantes entienden que esa reticencia a protagonizar un intercambio «fluido y abierto» de datos básicos para llegar a un diagnóstico imposibilitó que se aclarase lo que estaba sucediendo antes de que el desenlace fuese irreversible. De hecho, la hermana de la fallecida, Aitana Fernández, estaba intentando sacarla de la unidad y trasladarla a una clínica privada donde se le hiciese un estudio completo para aclarar el diagnóstico. No fue posible.
El segundo motivo de denuncia es el procedimiento aplicado, es decir, la contención mecánica. El manifiesto asegura que atar a la cama a un paciente, sea cual sea su diagnóstico, supone una «grave vulneración de los derechos de las personas». «Con problemas de salud mental o sin ellos Andreas no debería haber sido atada a la cama porque nadie merece ser contenido mecánicamente», añade. «No podemos tolerar que el lugar al que acudimos para sanarnos sea un lugar en el que recibamos toda esta violencia», insiste.
El gran obstáculo que detectan es que existe «un conjunto de prácticas negligentes» en torno al paciente cuando se sospecha alguna patología psiquiátrica. No solo se trata de la contención mecánica sino también de esos diagnósticos precipitados o de la existencia de lo que consideran «protocolos excesivamente rígidos».
La familia de Andreas Fernández, con su hermana Aitana a la cabeza, espera que todos estos documentos -tanto el manifiesto como los informes elaborados por profesionales independientes - sirvan para que la jueza no archive el caso. Asociaciones como Activament, Federación Andaluza En Primera Persona o Hierbabuena han redactado otro documento con la perspectiva legal. Sus páginas pretenden poner en contexto el marco legal establecido en 2006 por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
