La letrada Francisca Fernández Guillén cree que se trata de una vulneración de los derechos fundamentales de la asturiana
27 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«Esto ha sido una vulneración de los derechos fundamentales de la persona, así que se podría llegar hasta el Tribunal Europeo de Estrasburgo». En estos términos se expresa Francisca Fernández Guillén, la letrada de la embarazada asturiana ingresada en el Hospital Universitario Central (HUCA) por orden judicial y que ha dado a luz por cesárea. Fernández Guillén reconoce que los últimos días han sido «extenuantes» y que ahora la prioridad es que la familia se recupere de todo lo que ha pasado. Es el primer hijo de esta madre y ahora es el momento del apego. Luego llegará el momento de valorar si cabe ejercer acciones legales. No obstante, por su experiencia cree que hay margen para montar un caso.
«Se han pasado por el forro los convenios internacionales de bioética, la ley de autonomía del paciente y la protección de los derechos fundamentales», ha explicado esta letrada, una especialista en negligencias médicas y que defiende que «toda mujer atendida en servicios de Ginecología y Obstetricia tiene derecho a recibir una atención adecuada no sólo desde el punto de vista clínico, sino también a que se respete su dignidad e intimidad, a decidir libremente sobre su propia salud y su propio cuerpo, a elegir entre las opciones clínicas disponibles, y a que se pida su consentimiento expreso antes de ser sometida a cualquier intervención que afecte a su salud o ser utilizada con fines docentes».
Fernández Guillén indica que lo que ha sucedido en el Principado es algo que implica a todos los ciudadanos como posibles pacientes. La solicitud del subdirector de Servicios Quirúrgicos y Críticos del HUCA -que iba a compañada por un informe del jefe de Obstetricia- en la que se reclamaba el ingreso de una embarazada para practicarle un parto inducido es algo que considera muy grave. Pone algunas comparaciones para explicar la importancia de lo sucedido: «Es como si a un anciano que quiere morir en casa lo obligan a morir en el hospital». Aceptar algo así es, a su juicio, «permitir que vayan más allá de lo tolerable».
Explica que la gravedad no solo radica en la incapacitación legal de esta mujer embarazada para inducirle un parto sino en que se ha autizado «que se pueda lesionar su cuerpo». Y explica que el HUCA «está en el punto de mira» por su elevado intervencionismo en los partos, con una tasa de las tasas más altas del Principado. «Las mujeres son iguales en todos los hospitales. ¿Por qué la forma de abordar los partos cambia tanto entonces en función del centro?», se pregunta.
