El Gobierno aplaza la aprobación de nuevos incentivos para la industria, que harían más atractivas las plantas para los inversores
26 abr 2019 . Actualizado a las 08:05 h.El Consejo de Ministros no aprobará este viernes el estatuto del consumidor electrointensivo, como prometió que haría el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Con lo cual, la venta de las fábricas de Alcoa en A Coruña y en Avilés antes del 30 de junio, para salvarlas del cierre parcial, podría frustrarse. Porque los inversores ya no tendrían asegurado un precio competitivo de la electricidad. El estatuto queda en el cajón hasta después de las elecciones generales y depende de cuánto tarde en formarse el nuevo Gobierno para que las medidas lleguen a tiempo de salvar las plantas y de evitar el despido del 43 % de sus trabajadores.
El estatuto superó casi en tiempo récord una serie de trámites que a ritmo normal se prolongarían durante seis meses. Del 1 al 15 de febrero estuvo a exposición pública una propuesta de borrador; y el 18 de marzo hizo público el proyecto de real decreto que regula el estatuto. Durante poco más de una semana se aceptaron alegaciones y el texto se remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que emitiese su dictamen. También debía hacerlo el Consejo de Estado.
Competencia sí ha informado el estatuto, y son precisamente sus alegaciones las que han frenado la aprobación este viernes del real decreto, según avanzó primero el consejero de Empleo del Principado de Asturias, Isaac Pola; y poco después el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, quien comunicó la noticia a una representación del comité de empresa de Alcoa en A Coruña.
El informe del regulador tiene fecha de 9 de abril, pero fue hecho público este mismo jueves a mediodía. Acepta el texto, pero le ve algunos problemas de cierta enjundia, como que algunas de las medidas contenidas para abaratar la factura eléctrica de las industrias puede ser considerada como una ayuda de Estado, la gran bestia negra de la Comisión Europea, y, por tanto, le aconseja al Ejecutivo que ande con cuidado con las autoridades comunitarias. Estas ya han puesto en entredicho las subastas de incentivos por prestar el servicio de interrumpibilidad, el mecanismo en vigor para aliviar los altos costes energéticos de estas industrias, como Alcoa, Ferroatlántica, Megasa o Celsa, en Galicia.
Literalmente, Competencia avisa de que «ante el elevado riesgo de la concurrencia de los elementos constitutivos de una ayuda de Estado [...] se sugiere que se actúe siguiendo el criterio de prudencia, evitar inseguridad jurídica, y que el órgano proponente de la norma notifique las medidas proyectadas a la CE».
Miguel Conde, del comité de empresa de A Coruña, avanzó la preocupación de los trabajadores con este incumplimiento por parte del Gobierno, que los deja a los pies de los caballos. El presidente del comité de Avilés, José Manuel de la Uz, habló de «gran engaño del PSOE y de Pedro Sánchez, que garantizó la continuidad de Alcoa».
Los sindicatos UGT, CCOO y USO en Asturias considera una «mentira», un «engaño» y una «traición» por parte del Gobierno de España el aplazamiento.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia justificó que se va a «retrasar un tiempo» el texto para dar «una estabilidad a largo plazo» a los inversores interesados en Alcoa, mientras remarcó que «hay ofertas concretas sobre la mesa».
La CNMC cifra el impacto de las medidas contenidas en el estatuto en 41 millones de euros, una nimiedad en comparación, por ejemplo, con los 500 millones que se repartían hasta el 2017 en las subastas antes mencionadas.
