El abogado de Gonzalo Montoya Jiménez denuncia que no hubo una comprobación «médica y técnica» al darle por muerto y despertar en la morgue
15 feb 2019 . Actualizado a las 11:00 h.El preso cuya muerte fue certificada por error en la cárcel de Asturias, el 7 de enero de 2018, ha reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una indemnización de 50.000 euros por los daños morales y los perjuicios causados, tanto física como psíquicamente, a él y a su familia.
Según el abogado Luis Tuero Fernández, el recluso, Gonzalo Montoya Jiménez fue dado por muerto debido a la falta de comprobación «médica y técnica» necesaria para confirmar «la realidad del fallecimiento», ya que «un simple electrocardiograma» o una monitorización de la función cardíaca hubieran permitido descartar la muerte «de inmediato».
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, relata que sobre las 8:00 horas del 7 de enero de 2018, cuando iba a realizarse el recuento diario de internos, funcionarios del Centro Penitenciario de Asturias encontraron a G.M. en la celda 34 del módulo 8 «inmóvil, inconsciente, con muy baja temperatura corporal y sin señales de respiración».
Ante esta situación, se avisó a los médicos del Centro Penitenciario, que le examinaron «superficialmente» y concluyeron «precipitadamente» que había fallecido.
Así, certificaron su muerte y seguidamente se comunicó oficialmente el fallecimiento al Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, que se encontraba en funciones de guardia.
A continuación, G.M. fue introducido en una bolsa de plástico de las utilizadas para el transporte de cadáveres y trasladado en un vehículo funerario al Instituto de Medicina Legal de Asturias (IMLA) para que se le realizase la autopsia.
Allí, cuando el recluso iba a ser colocado en la mesa de autopsias, comenzó a emitir «ronquidos y gruñidos y a moverse», por lo que personal del IMLA abrió la bolsa, encontrándole allí «consciente, muy agitado y con graves dificultades para respirar», por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Para tratar las dolencias, que a juicio del letrado se ocasionaron «por el deficitario trato que se le dispensó» por los servicios médicos del Centro Penitenciario de Asturias, G.M. tuvo que permanecer ingresado diez días, del 7 al 16 de enero de 2018, sometido a un fuerte tratamiento farmacológico y aplicándole varias sesiones de hemodiálisis para salvar sus riñones.
Además, Luis Tuero ha presentado un recurso subsidiario de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo contra el auto, de 28 de mayo de 2018, por el que se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas al considerar que no aparecía debidamente justificada la perpetración del delito.
El abogado alega que la instrucción se «niega a investigar» por qué se declaró erróneamente muerto a G.M. y explica que ha limitado «su brevísima instrucción» a investigar si el interno estaba o no drogado e incide en que lo que se ha de aclarar con la actividad instructora es qué fue lo que ocurrió para que se le diera por muerto a su representado y si cabe apreciar o no la existencia de algún tipo de infracción penal.
