El acuerdo presupuestario entre PSOE, Podemos e IU supone el único gran acuerdo a tres bandas de la legislatura y llega a seis meses de las elecciones
29 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Solo en noviembre de 2018 se hizo realidad el pacto de la izquierda asturiana que parecían anunciar los resultados electorales de mayo de 2015. Entre las dos fechas, se evaporaron siete de los ocho semestres que caben en una legislatura, tres años y medio imposibles de recuperar en los que tres fuerzas que suman 28 de los 45 asientos del Parlamento autonómico prefirieron jugar a las siete diferencias, una por cada seis meses, antes que a los parecidos razonables. El resultado fue un bloqueo legislativo que ha arrojado meses estériles para la acción política. Eso se acabó el 27 de noviembre, cuando el Gobierno regional envió a la cámara su anteproyecto de presupuestos para 2019 con la certeza de su aprobación al final de todos los trámites legislativos. La tarde anterior, Podemos había sumado su sí al de que Izquierda Unida ya había comprometido varios días antes.
Fue una negociación larga, que llevó casi un mes. Su puesta en escena recordó con frecuencia los intentos anteriores en los que la izquierda se reunió sin resultados. Al final, sin embargo, pesó la cercanía de las urnas para engrasar un acuerdo en torno a un presupuesto que reserva más de dos de cada tres euros para gastos sociales. Esa elección deja abierto un flanco para las críticas compartidas por los empresarios, el PP y Ciudadanos: las cuentas no atienden lo suficiente a la inversión productiva. A la izquierda, sin embargo, ese reproche le duele poco. El proyecto le permite situarse ante las urnas como defensora del estado de bienestar y los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales. Podemos, además, puede presentar a sus bases la satisfacción añadida de haber logrado que el Gobierno socialista fuese más allá de sus previsiones iniciales en la contratación de médicos para hacer frente a las listas de espera, en la financiación de las escuelas infantiles y en la rebaja de unas tasas universitarias que ya estaban entre las más bajas de España.
Podemos dejó la negociación en manos de su portavoz parlamentario, Enrique López, pero fue su secretario general, Daniel Ripa, quien formuló en pocas palabras el espíritu que había impulsado a los morados a deponer su oposición sin cuartel al PSOE y a impedir que, por segundo año consecutivo, Asturias no tuviera presupuestos, algo que no ha ocurrido nunca. Dijo Ripa que el razonamiento de Podemos era poner fin a la prórroga de las cuentas para 2017 pactadas por PP y PSOE y pasar de la austeridad a un presupuesto social. Es un análisis similar al de IU. También al de los socialistas, o al menos al de la parte del socialismo afín a Adrián Barbón, que en este año ha afianzado su control del partido y aguarda a la confección de las candidaturas electorales y a los resultados de las votaciones de mayo para reventar las últimas bolsas de javierismo. Entonces llegará a su fin esta larga etapa de transición entre liderazgos y la cohabitación de un secretario general y un presidente del Principado que hablan lenguajes políticos diferentes y proceden de generaciones con experiencias vitales incomparables.
Hay quien interpreta el acuerdo de la izquierda como un ensayo general para un pacto más ambicioso a partir de mayo si la aritmética parlamentaria lo permite, aunque la sacudida de Andalucía invita a la cautela a la hora de aventurar pronósticos. Esa sería la señal de, en efecto, se ha entrado en un nuevo tiempo. Javier Fernández, mientras tanto, asegura que dejará de morderse la lengua el día que dé el relevo a su sucesor en la presidencia. Cabe preguntarse qué tendrá de decir del acercamiento a Podemos. La antipatía mutua entre ambas partes es uno de los rasgos perdurables de la legislatura. Y Fernández tuvo mucho cuidado de estar fuera de los focos en todas las presentaciones del acuerdo. Como si su Gobierno fuera solo el medio para lanzar un presupuesto que, en realidad, tiene otros dueños.
Último acto para Gabino de Lorenzo
Es muy posible que, vista en perspectiva, la carrera política de Gabino de Lorenzo se acabara de verdad el día en que salió por última vez del despacho oficial del alcalde de Oviedo. Su estancia en la Delegación del Gobierno, aunque durara más de seis años (de enero de 2012 a marzo de 2018), siempre tuvo el aspecto de una jubilación anticipada. De Lorenzo, más de 30 años en política y 21 al frente del Ayuntamiento de la capital asturiana, se marchó fiel a su estilo de siempre: heterodoxo, imprevisible, con una veta populachera e implacable a la hora de aprovechar cualquier ventaja. No quiso preguntas incómodas y se marchó dejando un vacío repentino. Al empezar la primavera, envió un folio a deshoras a los medios de comunicación. Eran más de las once de la noche cuando llegó el comunicado de que, horas antes, de manera inopinada, había enviado su carta de dimisión a Mariano Rajoy. De Lorenzo se fue con sus polémicas, sus escándalos y su habilidad para salir indemne de ellos. Con su dimisión y el desalojo del PP en el Gobierno central, este ha sido en Asturias el año de los tres delegados: De Lorenzo, Mariano Marín y Delia Losa.