Este es el trámite que las edificaciones de más de 50 años de antigüedad tienen que cumplimentar para asegurar su buen estado
15 dic 2018 . Actualizado a las 12:45 h.La Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, ha registrado desde 2013 y hasta la actualidad un total de 10.662 Informes de Evaluación de Edificios (IEE), el trámite que las edificaciones de más de 50 años de antigüedad tienen que cumplimentar para asegurar su buen estado.
Según información remitida a Europa Press, el grueso de estas inspecciones se han realizado en 2018, contabilizándose en lo que va de año 9.248 informes. En 2017 la cifra fue de 559 informes; en 2016 fueron 153; en 2015 sumaron un total de 370; en 2014, se realizaron 319; y en 2013, el año en el que entró en vigor la normativa estatal en esta materia, se recibieron trece informes. El Principado reguló la inspección a través del Decreto 29/2017 el Informe de Evaluación de Edificios, y creó el Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios para cumplir con la normativa estatal básica sobre esta materia, que obliga a las comunidades de propietarios de edificios de más de 50 años a realizar estas inspecciones.
La normativa autonómica permite dar cumplimiento a la legislación básica estatal, dictada en 2011 y modificada en 2012 y 2015 tras verse afectada por varias sentencias del Tribunal Constitucional, que establece la obligatoriedad de someter a una revisión los inmuebles más antiguos con el fin de asegurar su calidad y sostenibilidad. Una vez aprobado el decreto, para facilitar su aplicación, a petición de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el Principado decidió ampliar el plazo para la presentación de los informes y para la elaboración del censo de viviendas que debían realizar los ayuntamientos. La ampliación del plazo se dilató hasta el 30 de septiembre en el caso de los ayuntamientos y va hasta el 31 de diciembre para las comunidades de vecinos de los edificios afectados.
170.000 euros en 2018 para la elaboración de informes
El Gobierno autonómico, que no cuenta con las cifras globales del número de edificios que en Asturias estarían en esta situación, estimó cuando publicó el decreto que el total de inmuebles está en una horquilla entre los 8.000 que barajaba el Colegio de Arquitectos y las 20.000 viviendas reflejadas en el INE. Son los ayuntamientos los que han tenido que crear un censo de edificios en el que se registra la totalidad de los edificios de su concejo, su antigüedad y fecha de la obligación de efectuar el primer informe. Así, el Ayuntamiento de Oviedo cuenta con un censo de unos 1.200 edificios, cifra similar a la de Avilés, donde están censados 1.231 inmuebles. En Gijón, la cifra es mayor, con 1.879 edificaciones.
El informe debe redactarlo un técnico con la titulación de arquitecto, o arquitecto técnico o titulaciones equivalentes y cuenta con una vigencia de diez años. No obstante, el decreto regula que los ayuntamientos o la Consejería, de oficio o a instancia de parte, podrán declarar la pérdida anticipada de la vigencia del Informe si circunstancias sobrevenidas así lo requiriesen por haber empeorado sustancialmente las condiciones de seguridad, salubridad, u otras existentes en el momento de emitir el Informe vigente.
En lo que va de legislatura, y a la espera de la concesión de las subvenciones de 2018 para las que hay destinados 7.215.000 euros, el Principado ha concedido 26.628.086 millones en ayudas a comunidades para actuaciones de rehabilitación en zonas comunes en edificios --326 ayudas que han beneficiado a 5.825 familias--. En 2017, se concedieron 8.755.182 euros a 147 comunidades, lo que benefició a 2.673 familias. Con estas ayudas las comunidades podían pagar también el informe de evaluación de edificios que desde 2013 se exige a todas las comunidades que se presentaban a la convocatoria de subvenciones, aportando también ayudas a la elaboración de ese informe.
Así, desde 2013 se han concedido en esta materia un total de 287.579 euros, siendo el 2018 el año en el que más ayudas se prevé otorgar, con 170.000 euros destinados a este fin. Las ayudas concedidas, a la espera de los datos cerrados de 2018, han sido 359 y han afectado a 6.672 viviendas. El Principado ha celebrado el esfuerzo que se está llevando a cabo desde la sociedad asturiana, especialmente ayuntamientos y particulares, «para responder a esta nueva normativa, que tiene como único objetivo favorecer la conservación del parque de vivienda autonómico y garantizar la calidad de vida y la seguridad en las ciudades asturianas».