El Acuerdo que presentará en la Mesa del Carbón contempla indemnizaciones, bajas voluntarias y prejubilaciones para los trabajadores. Plantea un plan para la transición energética de la empresa estatal Hunosa
13 sep 2018 . Actualizado a las 20:24 h.El Gobierno da sólo 110 días de vida a la minería. La propuesta que el Gobierno Estatal presentará esta mañana en la Mesa del Carbón a los agentes sociales y a la patronal mantiene el 31 de diciembre como fecha de cierre de las minas que hayan recibido ayudas para tal fin por ser no competitivas sin tener las empresas que las hayan recibido más opción de futuro que la devolución de las mismas. El borrador del documento titulado 'Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras', al que ha tenido acceso La Voz de Asturias, deja claro en las tres primeras líneas de la introducción que «este Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas sociales excepcionales necesarias para una transición justa de los trabajadores de la minería del carbón y las comarcas mineras a partir del 31 de diciembre de 2018» aludiendo, seguidamente, al marco normativo de la Decisión 2010/787 de la Unión Europea, con la que no plantea ninguna negociación para dar continuidad al sector. Así, el documento contempla prejubilaciones, indemnizaciones y bajas voluntarias para los trabajadores; propone un plan para la transición energética de la empresa estatal Hunosa; y cita en un anexo las unidades de producción de la minería privada que tienen plan de cierre derivado de esa Decisión 787 y que de forma «irrevocable, insiste, debe concluir el 31 de diciembre de 2018».
Los planteamientos del borrador del Acuerdo los hace el Gobierno asumiendo el «alto nivel de dependencia económica de la industria minera del carbón» que aún tienen las áreas en las que se localiza la producción de carbón en Asturias, Aragón y Castilla y León, por lo que señala que para que se produzca una transición justa, resulta «urgente y esencial» paliar la repercusión «que el inminente cierre de las minas no competitivas puede provocar en dichas zonas mineras.
Para «abordar el impacto social y regional que conllevan esos procesos de cierre» concreta el documento que se diseñará «un Plan de Acción Urgente» para llevar a cabo esa transición justa entre los años 2018 y 2021, el cual se consensuará con las comunidades autónomas, las entidades locales y los actores sociales. Éste propondrá, entre otras actuaciones, un Plan para la Transición Energética de la empresa estatal Hunosa; un plan para la restauración de explotaciones en las comarcas mineras; un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética; o el lanzamiento de estos territorios en la Plataforma Europea de Regiones Mineras para que éstos tengan acceso a los fondos que se establezcan para las regiones mineras en transición. Con el Plan Urgente se buscará promover una economía alternativa en las zonas y favorecer su impulso económico, «teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo en las mismas».
Entre los objetivos que fija el borrador está también el de atenuar «el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo y las repercusiones» que tiene el cierre de las minas de carbón en las economías regionales. Por ello, contempla como «imprescindible extender el alcance de las medidas sociales» previstas para los trabajadores, «de modo que el mayor número de trabajadores de las plantillas propias de las empresas de la minería privada del carbón puedan tener acceso a prestaciones económicas e indemnizaciones ajenas al sistema legal como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo».
Bajas voluntarias y prejubilaciones
En la propuesta del Gobierno se establecen dos tipos de ayudas destinadas a la plantilla de unidades de producción de carbón que cierren: ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario y ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o prejubilaciones.
Las primeras están dirigidas «a los trabajadores del sector que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones», de forma que se produzca «una salida no traumática». Podrán acogerse aquellos trabajadores cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, dentro del plazo máximo de los 36 meses siguientes a dicha fecha siempre y cuando lleven tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para ellos el importe de la indemnización será la suma de una cantidad fija común de 10.000 euros más una cantidad variable calculada individualmente, correspondiente a 35 días de salario por año trabajado con un límite de 30 mensualidades. La cuantía de la indemnización se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado que acrediten dicha circunstancia.
Las segundas prestaciones que propone el Gobierno en el «Acuerdo de Medidas Excepcionales para una Transición Justa de la Minería del Carbón» serían destinadas específicamente «a trabajadores de edad equivalente avanzada», con lo que se podrán acoger a estas ayudas quienes tengan 50 o más años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que corresponda, con una antigüedad en la empresa de al menos tres años y nueve cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para acceder a estas prestaciones, la extinción de su contrato habrá de producirse con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.
Este es el Acuerdo que hoy presentará el Ministerio de Transición Ecológica en la Mesa del Carbón a los sindicatos y a la patronal, aunque en el mismo documento se apostilla que «la vigencia efectiva del mismo está condicionada a su aprobación por parte de la Comisión Europea».