La elaboración del techo de gasto, el primer paso del proyecto presupuestario para el 2019, se ve condicionada por la retención de parte del IVA y por el veto de los diputados a relajar el déficit autonómico
10 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Principado cumplirá el ritual de presentar el techo de gasto para el próximo proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma en uno de los primeros consejos de gobierno después de las vacaciones del gabinete. Queda menos de un mes para ese momento, que llegará a finales de agosto o principios de septiembre, y la Consejería de Hacienda ya ha comenzado el trabajo interno de contactar con los departamentos de la Administración para sondear sus necesidades en el 2019. Pero a la titular de la cartera, Dolores Carcedo, y a su equipo aún se les hace difícil a estas alturas precisar la cuantía de las cuentas regionales. El conflicto con el Ministerio de Hacienda a propósito de la retención de parte del IVA recaudado en Asturias y el descarrilamiento en el Congreso de la primera propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para fijar el techo de gasto del presupuesto del Estado tienen un efecto dominó sobre las cuentas de las comunidades. A Carcedo le faltan pistas para establecer los ingresos y, por lo tanto, para acotar los gastos máximos que puede permitirse el Ejecutivo regional.
Están bailando alrededor de 120 millones de euros, una cantidad sustancial a la hora de financiar políticas de gasto. Entre 70 y 75, según la estimación avanzada por el propio presidente Javier Fernández, procede de la retención de la doceava parte del IVA recaudado en Asturias. Después de un cambio técnico decidido por el Ministerio de Hacienda aún bajo la dirección del exministro Cristóbal Montoro y ratificado después por el nuevo Gobierno socialista, la nueva forma de devolución retrasa el momento en que el dinero queda a disposición de las comunidades autónomas.
Casi 50 millones más proceden del margen que deje al Principado el objetivo de déficit para las regiones que el Congreso debe aprobar como parte del paquete del techo de gasto del Estado. En julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se sientan el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos, decidió aprovechar el permiso de Bruselas para relajar la austeridad y elevar del 0,1% al 0,3% del PIB el tope de déficit de las comunidades. Pero antes de concluir el mes el proyecto enviado por la ministra María Jesús Montero naufragó en el hemiciclo. Solo consiguió los votos del PSOE y el PNV. Según establece la Ley de Estabilidad, ante ese rechazo, el Gobierno debe buscar otra senda financiera y enviarla de nuevo al Parlamento este mismo mes. Ganar esas dos décimas permitiría al conjunto de las comunidades ganar un margen de 2.327 millones de euros, de los que a Asturias le corresponden más de 49.
3.939 millones el año pasado
Las dificultades procedentes del sistema de financiación autonómica en vigor, que apenas prevé mejoras en los ingresos por esa vía, añaden una última complicación a la tarea. Con todo, Carcedo logró cerrar el año pasado un techo gasto expansivo, superior a los 3.900 millones de euros, que se convirtió en la base de un presupuesto de 4.485 millones, una vez añadidas las amortizaciones de deuda. El proyecto, sin embargo, no llegó a aprobarse. Las negociaciones del PSOE con Podemos encallaron y, a pesar de la buena disposición de IU, las tres fuerzas más a la izquierda de la Junta General no pudieron cerrar un acuerdo.
Asturias, por lo tanto, está viviendo el 2018 en una situación de prórroga. Es pronto para saber si esa situación se repetirá. Los contactos entre el Gobierno y las fuerzas políticas aún no han empezado en esta fase tan temprana de la elaboración del proyecto. La gran pregunta es si la poderosa presencia en el horizonte de las elecciones autonómicas de mayo del próximo año llevará a los grupos a acentuar su propio perfil y huir del acuerdo o si, por el contrario, los partidos intentarán evitar llegar a las urnas dejando sin aprobar las cuentas por segundo año consecutivo y preferirán pactar inversiones que luego puedan capitalizar en la campaña electoral.