El parlamento también acuerda que los trabajadores públicos puedan cobrar en septiembre el incremento salarial máximo autorizado por el Ejecutivo central y los atrasos acumulados
24 jul 2018 . Actualizado a las 12:49 h.El pleno de la Junta General del Principado ha acordado por unanimidad fijar para los empleados públicos del Principado una jornada semanal de 35 horas -dos horas y medio menos que la actual- a partir del 1 de enero de 2019, siempre y cuando lo permita la legislación básica y previa negociación colectiva. Así se contempla en una enmienda de adición presentada por el grupo socialista al proyecto de Ley en materia de función pública que ha sido aprobada sin ningún voto en contra en un pleno extraordinario del parlamento regional.
Esta ley permitirá que los trabajadores públicos puedan cobrar en septiembre el incremento salarial máximo autorizado por el Ejecutivo central y los atrasos acumulados desde el mes de enero. La recuperación de las 35 horas había sido objeto también de enmiendas por parte de Podemos e IU, que retiraron en el momento de la votación por el acuerdo alcanzado con el Gobierno asturiano para incluir en el texto de la ley, a través de una enmienda socialista, un disposición en la que se deja claro que se aplicará «siempre que la legislación básica lo permita y previa negociación colectiva».
La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, había advertido previamente de que la recuperación de los derechos de los funcionarios y empleados públicos «será progresiva» y que debe hacerse teniendo en cuenta el marco legal, así como el escenario presupuestario y el cumplimiento de la regla de gasto y déficit.
Carcedo ha incidido en que el proyecto aprobado avanza en las condiciones laborales de éstos en la medida que es posible y que «no puede desnaturalizarse situándole en marcos irrealizables» sin contar con un marco legal que lo avale, la prórroga presupuestaria o las posibilidades de financiación. «Este proyecto recoge lo que es posible acometer, y acometer nuevas medidas exigirá analizar el marco financiero de 2019», ha subrayado la consejera, que ha incidido en que el Gobierno asturiano «ni puede ni debe asumir ninguna medida más».
La ley refleja la máxima subida salarial permitida por el Gobierno central para los empleados públicos: un 1,50% el primer semestre, y un 1,75%, lo que arroja una subida media anual del 1,62%, lo que tendrá un coste de 32 millones de euros para este año. El resto de medidas incluidas en este proyecto para impulsar la carrera profesional entre interinos y crear 103 puestos de trabajo, en su mayoría en el ente autónomo de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), elevará el gasto del Principado a unos 53 millones de euros en 2019.
Desde Podemos, Enrique López ha incidido en que podría haberse subido un 0,2% más la retribución de los empleados, pero que el Gobierno asturiano vetó la enmienda de la formación morada que así lo planteaba, al igual que otras en las que pedía que se adelantase el segundo grado de la carrera profesional a este año. Sí que mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado para ir a la jornada de 35 horas, una medida que, entre otras consecuencias, «permitirá crear cientos de puestos de trabajo». Desde IU, Ovidio Zapico ha señalado que este proyecto debería haber incluido el segundo tramo de la carrera profesional este mismo año, no en 2019, aunque también se ha mostrado satisfecho por la decisión de seguir avanzando hacia las 35 horas.
El portavoz popular Luis Venta también criticó los retrasos acumulados en la aplicación de la carrera profesional y reclamó el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los sindicatos para que los empleados públicos asturianos tengan los mismos beneficios que los de otras comunidades. «Es un proyecto cicatero y rácano para los empleados públicos, para salir del paso y por imperativo legal», ha señalado Venta, que ha asegurado que si el Gobierno apoya finalmente ir hacia la jornada de 35 horas es para colgarse una medalla «y evitar que les corran a gorrazos».
Ciudadanos y Foro se centraron en que el segundo tramo de la carrera profesional se ampliase a los 11.000 docentes porque, según el diputado de la formación naranja, Armando Fernández, «es una injusticia manifiesta que se les deje fuera» y porque, según el forista Pedro Leal, muestra «el desdén del Gobierno con los docentes». Estas enmiendas quedaron rechazadas al igual que todas las presentadas por el PP y sólo salió adelante por unanimidad la presentada por los socialistas sobre la jornada de 35 horas y otra de carácter técnico presentada por Podemos. A este proyecto se presentaron 25 enmiendas, de las que 14 no fueron debatidas hoy al haber contado con el veto y pronunciamiento en contra del Gobierno, que sí aceptó el debate de otras 11 -cuatro del PP, tres de Podemos y una de Foro, Ciudadanos, IU y PSOE.
