El Principado excluye a 11.000 docentes de la reapertura de la carrera profesional
ASTURIAS
El sindicato ANPE llevará al Gobierno regional a los tribunales por incumplir los acuerdos sindicales
02 jul 2018 . Actualizado a las 22:51 h.Habrá segundo segundo nivel de la carrera profesional para los funcionarios del Principado, para todos excepto para los docentes, que ya están en pie de guerra. El sindicato ANPE ya ha anunciado que llevará al Gobierno asturiano a los tribunales para exigir los mismos derechos que el resto de empleados públicos. La diferencia parece radicar en que todos los trabajadores de la administración regional cuentan con una carrera profesional así establecida pero los profesores firmaron lo que denominaron Plan de Evaluación Docente, que funciona de la misma manera pero que responde a otro nombre. De hecho, en su artículo 5, en la cláusula 5, el Ejecutivo se compromete a que la evaluación de la función docente «siga un recorrido paralelo, en sus plazos y cuantías económicas, al previsto para la carrera profesional que en su caso se establezca para el personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias, hasta la plena implantación de la carrera profesional de los funcionarios docentes». Eso se firmó en el 2009. Nueve años después el criterio que parece emplearse es otro. Pero ANPE recuerda que el plan sigue en vigor y, por tanto, la cláusula también. «La discriminación es flagrante», lamenta.
Los sindicatos han tenido conocimiento de esta noticia en una Mesa General de la Función Pública convocada para dar a conocer el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria. Ese anteproyecto recoge en su artículo 2, llamado complemento de carrera profesional, la regulación del complemento de carrera profesional destinado a retribuir la progresión del funcionario dentro del sistema y fija la cuantía de la segunda categoría. Hasta ahora sólo está habilitado el primer nivel de la carrera profesional, que es un incentivo para promocionar. Lo que se hace con la prórroga es abrir el segundo paso para los que quieran seguir mejorando.
Las explicaciones de ANPE
«Hace falta remontarse al 2007, año de la puesta en marcha de la llamada carrera profesional, para entender cuál es el grado de olvido del Principado respecto de sus docentes», rememora ANPE, que también critica a otras organizaciones sindicales que «boicotearon sistemáticamente la aplicación del llamado plan de evaluación». Las negociaciones en el ramo educativo, que ni siquiera tiene en vigor un Estatuto Docente, no fructificaron y tuvieron que esperar al 2009 para rubricar su propia carrera, pero con el formato de plan de evaluación. Los suscribieron ANPE y FETE-UGT y se concretó enla Ley del Principado de Asturias 6/2009, de 29 de diciembre, de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, aprobada por la Junta General del Principado de Asturias.
«Con esta medida el Principado propicia una discriminación flagrante del personal docente y establece distintas categorías de trabajadores en función de la consejería en la que presten sus servicios», denuncia el sindicato. Exige la efectiva incorporación del personal docente en un segundo nivel, al igual que se ha hecho con la carrera profesional del resto de funcionario, y que se dote presupuestariamente. «Recordamos que se trata de una adhesión voluntaria y que la evaluación del desempeño de la tarea docente, caso de ser superada, genera un derecho económico como complemento de productividad», argumenta.
«El Gobierno del Principado incumple sistemáticamente el Estatuto Básico del Empleado Público, en vigor desde hace más de once años, y más concretamente, el Capítulo II del Título III, regulador del Derecho a la carrera profesional y promoción interna. La evaluación de desempeño. Sólo este último concepto, la evaluación de desempeño, parte de la carrera horizontal, ha sido desarrollada por el Principado, pero el resto de las modalidades integrantes de la carrera profesional del personal docente, sigue pendiente de implantación», explica.
Los servicios jurídicos de ANPE ya están trabajando en la demanda, para forzar a la Administración asturiana a abonarles lo que les niegan en la negociación en los foros oficiales. «Los tribunales tendrá que permitir que los docentes tengan el mismo complemento que el resto de funcionarios y que se cumpla lo mandatado por el Acuerdo de 5 de noviembre suscrito por el Gobierno del Principado y las organizaciones sindicales ANPE y UGT», concluye.