El colectivo apoya a los SAC y exige la celebración de un nuevo proceso más trasparente para que todos puedan concursar en igualdad de condiciones
28 jun 2018 . Actualizado a las 18:49 h.El pasado 26 de mayo tuvo lugar una Oferta Pública de Empleo (OPE) en la que se ofertaban 124 plazas fijas para Médicos de Familia. Sin embargo, los trabajadores del Servicio de Atención Continuada (SAC) se quedaron fuera de la oportunidad, ya que se enteraron apenas días antes de que se incluían buena parte de sus plazas en la oposición. Desde entonces, se mueven con el objetivo de frenar la convocatoria y, ahora, las Asociaciones de Médicos Eventuales del Principado de Asturias se han sumado a la causa. Según afirma Josué Lázaro Arienza, presidente de la Asociación de Eventuales del Área VII del Sespa, «hemos decidido por unanimidad plantear un recurso de alzada, previo a la vía judicial, para impugnar el cambio de plazas ofertadas que 48 horas antes del examen anunció el Servicio de Salud del Principado de Asturias».
Muchos de los eventuales llevan más de 20 años trabajando como interinos, por lo que consideran que son «los máximos interesados en la celebración de una OPE que nos permita acceder a un puesto de trabajo digno y estable». Consideran pues que la falta de comunicación por parte de la Consejería «pasa por encima de los derechos de nuestros compañeros del SAC» y que el diseño de dicha oposición «parece como una venganza contra un colectivo que ha reivindicado con fuerza sus derechos en los últimos años», teniendo en cuenta que las condiciones laborales de ambos profesionales son «las peores dentro de todo el colectivo médico del Sespa».
La ley exige que se expliciten las características de las plazas que se ofertan en una oposición para que no sucedan casos como este, en el que los SAC no se inscribieron debido a que se convocaban a médicos de familia, una categoría distinta a los primeros. También exige que se publicite en los servicios correspondientes, aspecto que no se hizo visible hasta 48 horas antes del examen, cuando ya no era posible que ningún SAC pudiera inscribirse en la prueba. La suma de argumentos lleva a los eventuales a reclamar al Gobierno del Principado «que deje de usarse la sanidad pública asturiana como el cortijo de algunos», que se paralice la OPE por ir contra la legislación vigente y se convoque una nueva y transparente «para que todos podamos concursar en igualdad de oportunidades».
El presidente de la asociación recuerda que un caso similar tuvo lugar hace tres años, cuando miembros de su colectivo fueron suspendidos de empleo y sueldo durante cuatro meses por denunciar la política laboral Sespa. Tras recurrir, la justicia dio la razón a los trabajadores y el Principado tuvo que indemnizar a los afectados con una suma total que supera los 120.000 euros. Con el objetivo de que no se vuelva a repetir una situación similar, «cuyo gasto asumimos todos los asturianos», desde el colectivo piden que se rectifique y asuman los errores, en lugar de «llevarnos a callejones sin salida que solo conducen a un deterioro del sistema de salud pública».
