Tratan de paralizar las OPE del Principado a 24 horas de las oposiciones docentes
ASTURIAS
La Asociación de Interinos y Laborales impugna la oferta global de 4.491 plazas y solicita al TSJA que adopte medidas cautelares
21 jun 2018 . Actualizado a las 18:55 h.La Asociación Nacional de Interinos y Laborales (Anil) ha interpuesto una demanda contra la oferta pública de empleo (ope) del Principado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y ha solicitado la adopción de medidas cuatelares, que pasan por la paralización de las oposiciones de la Consejería de Educación que comienzan este sábado, 23 de junio. Así consta en el documento registrado por su presidenta, el abogado Manuel Martos, a las dos y cuarto de la tarde de hoy, 21 de junio. El letrado argumenta que existe una grave vulneración de los derechos fundamentales, por esa razón ha reclamado esas medidas cautelarísimas. Reconoce que es complicado que el alto tribunal actúe con tanta premura de tiempo pero insiste en que si quiere podría hacerlo.
Martos detalla en su escrito que la oferta de empleo público del Principado, publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) 290 del 18 de diciembre, es discriminatoria y nula, al no afectar a todo el personal de la administración, y al discriminar a los indefinidos y laborales con respecto a los interinos, que gozan de mayor protección que ellos. Añade que se han retirado sin justificación plazas que en próximos ejercicios se estabilizarán por concurso, lo que considera que podría ser un delito. Al mismo tiempo, argumenta que no existe ninguna partida presupuestaria que contemple las posibles indemnizaciones del personal laboral, entre otros incumplimientos. Otro de los argumentos que utiliza es que esta ope se basa en el acuerdo de 29 de marzo de 2017, firmado entre el Gobierno y los sindicatos, que está impugnado y pendiente de juicio.
Por esta razón, impugna la oferta y reclama medidas cautelares, al considerar que si se llevan a cabo las oposiciones «se pueden producir más daños que beneficios, tanto a los propios trabajadores afectados como a la Administración». Calcula que las indemnizaciones que podrían generar «supondrían una cantidad de varios millones de euros». La asociación explica que este caso «es de interés de general, ya que se puede prestar servicios perfectamente sin producir ningún perjuicio hasta que se negocie una Oferta Pública de Empleo que garantice todos los derechos de los trabajadores». El expediente que incorpora «acredita el funcionamiento anormal de la Administración y calcula que la indemnización media de cada trabajador con 15 años de empleo y un sueldo medio de 115 euros al día alcanza los 57.000 euros, lo que supondrá una demanda de un total de 252.747.000 euros».
Martos recuerda en su demanda algunos datos básicos de la ope del Principado. Afecta a 4.491 plazas de funcionarios y laborales con diferentes índices de interinidad. Así la temporalidad es del 100% en las categorías de patrón y marinero, del 63% en telefonistas, del 60% en auxiliares de servicios, del 50% en guardas, y menos del 20% en ingenieros técnicos de minas, asistentes sociales y auxiliares de laboratorio.