El Principado exige una financiación basada en el coste real de los servicios. «Los fondos recortados por el Gobierno central permitirían atender a 3.000 asturianos más», señala Varela
22 mar 2018 . Actualizado a las 19:39 h.No se trata de un debate sobre millones. La clave está en las personas. El Principado carga contra la Administración del Estado por los recortes en la financiación del sistema público de dependencia que comenzaron en 2012. Este tijeretazo, que alcanza los 71 millones de euros, supone que hay 3.000 asturianos al año que no puede ser atendidos. Es decir, hay 3.000 beneficiarios menos debido al dinero que el Gobierno del PP ha dejado de poner. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales reclama que se calcule el coste efectivo de las prestaciones y que se avance hacia un sistema de financiación que cubra los gastos reales.
Así responde el Ejecutivo asturiano tras conocer el diagnóstico del Observatorio de la dependencia, un informe que periódicamente publica la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con datos facilitados por las propias administraciones. El Principado es, de hecho, una de las comunidades más castigadas económicamente, donde el Gobierno regional ha tenido que asumir un mayor peso por el modo en el que el Estado ha diluido sus funciones. De los 139 millones que se necesitan al año, los beneficiarios aportan el 16,2%; la Administración General del Estado, el 15,6% y el 68,1% restante el Ejecutivo asturiano.
El informe tiene otra parte más negativa para la propia Consejería de Servicios y Derechos Sociales, que es la valoración que hacen los expertos en base a unos baremos, idénticos para todas las autonomías. Asturias suspende con un 3,2. No obstante, también es cierto que la media nacional ni siquiera llega al 5 y se sitúa en un 4,2. ¿Qué dice el departamento que gestionar Pilar Varela sobre esto? Explica que los criterios utilizados por el Observatorio priman a las comunidades que tienen un alto porcentaje de personas dependientes mayores de 65 años respecto a la población total y que, por otra parte, no tienen en cuenta el servicio a las personas de esta franja de edad que son atendidas fuera del sistema de dependencia con el fin de alargar su autonomía. Esta segunda labor le cuesta al Principado unos 65 millones al año.
«Los fondos recortados por el Gobierno central desde 2012 a diciembre de 2016 permitirían atender en Asturias a más de 3.000 personas en situación de dependencia», señala la consejería de Varela. Pone ejemplos concretos de la infrafinanciación. El coste medio de una plaza en un centro de día alcanza los 964,23 euros mensuales. De ese dinero el Ejecutivo central solo sufraga 47,38 euros. La comunidad autónoma y el usuario tienen que cargar con los 916,85 restantes.
Varela desataca aspectos positivos recogidos en el informe. Uno de ellos es la reducción del limbo de la dependencia. Ese concepto abarca a todas aquellas personas con una valoración positiva, con su plan de atención descrito, pero que todavía no están siendo atendidas. En esta situación están el 13,9% de los asturianos con derecho a acceder al sistema. La media nacional es de casi el doble, con un 24,5%.
«Ante esta situación, Servicios Sociales reitera la importancia de que el Estado establezca un sistema de dependencia con criterios homogéneos para todo el territorio y en el que se considere que hay necesidades fuera del propio sistema que es necesario cubrir para favorecer la autonomía de las personas», insiste el Principado. Esos servicios también deben tener reflejo en la financiación y en los datos estadísticos que utilizan entidades privadas como la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, argumenta.