El empresario ovetense José María Fernández Mayo «Morgan» está acusado de llevar deliberadamente a la quiebra a Inverfema
20 mar 2018 . Actualizado a las 13:53 h.El empresario ovetense José María Fernández Mayo, «Morgan», acusado de falsear las cuentas de su empresa Inverferma y llevarla a concurso de acreedores voluntario para no pagar una deuda de más de 100.000 euros, ha declarado hoy que no era el encargado de llevar las cuentas y que la decisión de llevar la empresa a concurso la tomó «exclusivamente» su abogado.
Fernández Mayo, ex marido de la actriz, cantante y presentadora Leticia Sabater, está acusado de un delito de alzamiento de bienes, entre otros, y la Fiscalía pide para él una pena de siete años de prisión, así como al pago de la deuda con la empresa Inyco y una multa de 37.800 euros.
Según el escrito de la Fiscalía, la empresa Inverferma, que no había presentado en el Registro Mercantil las cuentas de 2010, 2011 y 2012, acompañó la solicitud de declaración de concurso acompañada de las cuentas correspondientes a esos ejercicio, pero «no reflejaban la situación real de Inverferma».
Durante su declaración, el acusado ha explicado que las labores de contabilidad estaban derivadas a un despacho «de confianza» y que él sólo firmaba los documentos que le requerían, ya que sus conocimientos en la materia eran escasos.
Respecto a la decisión de llevar Inverferma a concurso voluntario con liquidación, ha asegurado que la decisión fue tomada por su abogado después de que éste le explicase la situación de la empresa, y que incluso «desconocía el hecho de que se fuese a liquidar la empresa».
Inverferma contrajo en 2013 una deuda de unos 105.000 euros con la empresa Inyco derivada del contrato de construcción del Hotel M de Oviedo, cuyo pago fue ordenado por un juzgado que decretó el embargo de todas las cantidades que pudiera percibir el establecimiento por sus actividades hoteleras.
El escrito de la Fiscalía señala que el procesado, con el objetivo de eludir las responsabilidades de Inverferma frente a Inyco y frente a otros acreedores, otorgó el 25 de junio de 2013 escritura pública por la que la primera vendió el establecimiento hotelero a Solvia Hotels por 3,5 millones de euros, así como el mobiliario por 120.000 euros.
Además, la Fiscalía sostiene que el acusado presentó una solicitud de declaración de concurso de acreedores voluntario, así como la simultánea apertura de la fase de liquidación por situación de insolvencia de Inverferma.
En este sentido, Fernández Mayo ha manifestado que con la venta del hotel liquidó unas deudas pendientes de unas hipotecas y que los únicos beneficios que obtuvo fue un cheque de 107.000 euros tras la venta del mobiliario.
Un dinero que retiró el mismo día en el que firmó la venta, con carácter previo a la declaración de concurso, y que ingresó «en efectivo» en la caja de una de sus empresas acreedoras, Marina San José Siglo XXI, con la que tenía una deuda de 1.400.000 euros y de la que también era dueño y administrador único.
Fernández Mayo ha incidido en que decidió hacer ingreso en efectivo para evitar «retenciones» ya que pasaba una situación complicada y tenía la necesidad urgente de hacer frente al pago de los proveedores de dicha empresa.
Sobre este asunto, ha subrayado que, con el pago a esos proveedores, Marina San José Siglo XXI podía finalizar las obras de 18 chalets en Ibiza, cuya venta podría reportarle unos beneficios cercanos a los 11 millones de euros y con los que pretendía «salvar ambas sociedades».
El acusado ha reconocido que la situación que pasaba en aquel momento era «complicada» y que salvar Marina San José podía suponer también la de Inverferma y, por consiguiente, el encauzamiento de su situación económica y la liquidación de deudas con sus múltiples acreedores, algo que finalmente «no pudo ser», ha apuntado.
Respecto al pago de la deuda a Inyco, que había acordado en tres plazos y que tras el incumplimiento del segundo plazo motivó la denuncia de la empresa, ha insistido en que trató de llegar a un acuerdo ofreciendo varias plazas de garaje propiedad de Inverferma y que estaban tasadas en unos 900.000 euros.
Esta posibilidad fue descartada por Inyco ya que, según ha explicado el representante de la empresa en su declaración ante el tribunal, lo que necesitaban era «liquidez inmediata» para hacer frente a unos pagos pendientes que les acabaron llevado a concurso.