«Nuestra lucha es por nuestros hijos y por nuestros nietos», aseguran los jubilados que hoy se manifestarán en Gijón contra las pensiones «de miseria» para reivindicar que sean un derecho constitucional
17 mar 2018 . Actualizado a las 11:00 h.Las estadísticas dicen que Asturias es una de las comunidades autónomas con la pensión media más alta de España. Los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social son del 1 de febrero y cifran en 301.038 el número de pensionistas y jubilados de Asturias, con una pensión media de 1.098,8 euros mensuales. Por encima solo está el País Vasco, con 1.157,71 euros. La pensión por jubilación, según estos mismos datos, la perciben 177.659 asturianos que cobran de media 1.309,32 euros al mes. De nuevo, la segunda cifra media más alta de España solo por detrás del País Vasco, en donde asciende a 1.331,79 euros.
Se puede seguir cayendo en la trampa de la estadística que resulta de sumar lo que cobran los que más cobran y los que menos para hallar una media que, al que menos cobra, puede que le haga sentir que vive en un mundo paralelo. Sin embargo, la realidad de la mayoría de los pensionistas asturianos es la de las pensiones paupérrimas que hoy se denunciarán en las manifestaciones convocadas en toda España para defender que sean dignas. Así, si se analizan los datos de la campaña de la renta de 2016, que especifican el número de declarantes por los distintos tramos de ingresos (de 0 a 3.000 euros hasta más de 30.000 euros al año), la cruda realidad es que seis de cada diez pensionistas asturianos cobran de media 8.000 euros al año.
Y, de hecho, el mayor número de los 274.379 asturianos que declararon haber tenido ingresos únicamente por pensiones en 2016 se engloba en el tramo de los que percibieron entre 6.001 y 9.000 euros en todo el año. El 36% de esos 274.379 pensionistas declararon ingresos superiores a los 24.000 euros, con una pensión media de 28.461 euros al año. «Asturias tiene la particularidad de que somos una de las comunidades autónomas con la pensión media más alta», indica Pepe Fuertes, presidente de la Asociación de Pensionistas de Asturias, que advierte de que los salarios de la minería y de la siderurgia ya están bajando drásticamente y, por lo tanto, «veremos también como acaban haciéndolo también las pensiones».
Pero hasta que baje esa media que coloca a los asturianos como los segundos con mejor pensión de España, la realidad va a seguir siendo la de las pensiones de miseria que este año tenían una subida de un 0,25% que solo ha causado más indignación si cabe de la que se venía acumulando tras una pérdida de poder adquisitivo de hasta siete puntos en los últimos años.
«Estamos en un país tercermundista y, sin embargo, tras la salida del Reino Unido, somos la tercera potencia económica de la Unión Europea», remarca Fuertes para insistir en que las pensiones españoles sigan siendo raquíticas y, aún así, sigan siendo también el colchón familiar en demasiados hogares. El PP aúna el voto del 41% de los jubilados españoles. «Por desgracia, es cierto que en España los pensionistas votan mayoritariamente a Rajoy, pero se están quitando las gafas de madera», asegura, recordando que en Asturias es el partido con mayor ventaja en los concejos más pequeños. «El sistema se ha dedicado en cuerpo y alma a adormecer al pueblo con programas absurdos de televisión. Se hace del debate un show para que la gente acepte la corrupción como un entretenimiento y no se vea en su gravedad», añade.
«Ya sabemos cómo son los planes de pensiones privados: te quedas a dos velas»
La Asociación de Pensionistas de Asturias está integrada en la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que es la que ha convocado la manifestación que, en Asturias, se celebrará a partir de las 12 horas en Gijón, con salida de la plaza de toros y término en el paseo de Begoña, en donde la escritora Ángeles Caso leerá un manifiesto. También se convoca junto a las federaciones de pensionistas y jubilados de UGT y CCOO, la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias y la Asociación de Pensionistas de Gijón.
Jóvenes y trabajadores en activo también están llamados a unirse a los pensionistas en la defensa de unas pensiones dignas para el presente y para el futuro. «Es una cuestión de solidaridad. Se está lanzando el mensaje de que los jóvenes vayan haciéndose a la idea de que no van a tener jubilación. Y duele que piensen que, como no la van a tener, no se manifiestan. Es un peligro porque ya sabemos lo que son los planes de pensiones privados: te quedas a dos velas. Las pensiones públicas hay que defenderlas como el vivir. La lucha nuestra es por nuestros hijos y por nuestros nietos», asegura Fuertes, que se jubiló en 2004, tras trabajar diez años en Alemania y Canadá y 30 en España, 20 de ellos como traductor.
¿Cuáles son las reivindicaciones de los pensionistas?
La primera es que las pensiones sean un derecho constitucional y se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado. Las pensiones en la Constitución española, recuerda Fuertes, aparecen en el artículo 50 del capítulo dedicado a los principios rectores de la política social y económica, que indica que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. «Eso son solo recomendaciones que el gobierno de turno lleva a cabo o no y lo que queremos es que sean recogidas negro sobre blanco, como ocurre con la libertad de expresión y la libertad de reunión», que sí son reconocidas en la Constitución como derechos fundamentales.
Los pensionistas también quieren que se restablezca la jubilación ordinaria a los 65 años y que la anticipada no se penalice con cuarenta o más años cotizados al 100%. «Ahora hay trabajadores que se quedan con una pensión raquítica porque no llegan al final», indica Fuertes, que añade que también se reivindica la recuperación del subsidio para mayores de 55 años y la integración de los regímenes especiales en todos sus campos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Una pensión mínima de 1.080 euros como dice la Carta Social Europea
Otra reivindicación clave es que la pensión mínima en España sea de 1.080 euros, que es el mínimo que según la Carta Social Europa garantiza hoy en día una vida digna. En 2018, la pensión mínima de jubilación después de los 65 años, en el caso de quienes no tienen cónyuge a cargo, es de 606,70 euros. «El problema es que en España las pensiones son raquíticas -insiste Fuertes- y, por eso, exigimos que se actualicen no solo con el IPC, sino también con el eventual aumento de la riqueza nacional», explica Fuertes, que recuerda que por primera vez desde 2012 las rentas del trabajo sin inferiores a las rentas de capital. «Hasta entonces era al revés y ahora están languideciendo. Desde 2011 hemos perdidos siete puntos. Las rentas del trabajo no pueden estar por debajo de las de capital», asegura, explicando que, para mantenerlas por encima, deberían actualizarse los convenios de los trabajadores y actualizar las pensiones como exigen. Y tendría todo el sentido cuando son continuos los mensajes de que España sigue en la senda de una recuperación económica que aún no ha llegado a buena parte de los hogares españoles, pero «este gobierno, además de corrupto, está formado por malos gestores y son dos factores que lo hacen un gobierno nefasto».
Fuertes añade que también se exige que se modifique el tipo mínimo en caso de doble pagador y que se reduzca la brecha de género en las pensiones hasta que su desaparición. En Asturias, los hombres pensionistas cobran un 30% más que las mujeres pensionistas. Entre tanto fleco pendiente, además se reivindica el inmediato y pleno funcionamiento de la Ley de Dependencia, «que todavía están renqueando porque Zapatero la sacó sin presupuesto». O que se elimine todo tipo de copago y se restablezcan los derechos sanitarios. Con tanto pensionista que no llega a final de mes más si cabe cuando los servicios básicos, si suben, lo hacen más del 0,25%, otra reivindicación fundamental es que se garanticen los suministros básicos que son energía, agua y transporte. «Mientras exista pobreza, las administraciones tienen que garantizar esos suministros», insiste Fuertes, que como trabajó seis años en Canadá menciona lo que allí ocurre cuando alguien se jubila: «Cualquier persona, por el mero hecho de existir y tener más de 65 años, recibe 600 dólares canadienses al mes».