«No existe voluntad de las fuerzas políticas para hacer cumplir la normativa sobre igualdad»

Elena Ocejo es la presidenta de Abogadas por la Igualdad, una activa asociación que lucha contra el machismo dentro de un mundo especialmente señalado como bastión conservador y patriarcal por el movimiento feminista. En esta entrevista, esta abogada oriunda asturiana arroja luz sobre algunos de esos machismos micro y macro y desgrana las reivindicaciones que abandera la organización, y en especial la de que también se persigan como delitos de odio las agresiones verbales contra las mujeres por razón de su género.

-¿Qué es Abogadas para la Igualdad? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?

-Abogadas para la Igualdad es una asociación de mujeres juristas provenientes de distintos ámbitos del derecho, sobre todo de la abogacía, que desarrolla su labor en el Principado de Asturias. Fue fundada en 2008 y desde entonces trabajamos por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres centradas en el ámbito jurídico. Otra gran parte de nuestra actividad está orientada a trabajar contra la violencia de género.

Entre las actividades concretas que llevamos a cabo, puedo citar  el Proyecto de Asistencia Jurídica y Formativa en el Módulo 10 (mujeres) del Centro Penitenciario, la organización en colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Oviedo del Curso de Especialización para abogadas y abogados que integran el Turno especial de Violencia de Género, así como la participación en charlas, conferencias, talleres, mesas de divulgación y sensibilización en temas de igualdad y no discriminación. Sin olvidar la formulación de quejas y denuncias ante diversos organismos, siempre en defensa de los derechos de las mujeres.    

Reivindicamos una justicia igualitaria para cuya consecución es preciso incorporar la perspectiva de género a la hora de impartir justicia. El derecho, las normas no son neutras, forman parte de la misma sociedad patriarcal y machista en la que vivimos, por ello la utilización de una herramienta como la perspectiva de género nos permite evaluar el impacto diferenciado que produce la legislación sobre hombres y mujeres, para así tratar de paliarlo.

-Han sido pioneras en reclamar que se tipifique como delito de odio la apología del machismo y de la violencia de género. Esa demanda, ¿ha encontrado el eco que esperaban?

-Hemos sido pioneras junto con la asociación Women’s Link, en presentar una querella por un presunto delito de odio contra las mujeres, el tipo delictivo que fundamenta la querella contra un psicólogo forense es el previsto en el artículo 510.2 del Código Penal, establece una pena para quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito, y lo hagan entre otros, por motivos de género. Se trata de un delito contra la integridad moral de las personas.

La asociación desde hace años viene detectando que en los casos de violencia de género y abusos sexuales a menores que son evaluados por el citado psicólogo forense, este concluye desacreditando el testimonio de las mujeres y de los niños y niñas sobre la base de estereotipos de género y prejuicios. Acusa a las mujeres de mentir, de utilizar la denuncia para conseguir sus fines, de manipular a sus hijos e hijas para que también mientan, y finaliza afirmando categóricamente que los testimonios de las víctimas no son creíbles.

Hemos presentado los casos de cinco valientes mujeres y de sus hijos e hijas, que vivieron un auténtico infierno al ser evaluados por el psicólogo forense. Este psicólogo determinó que todas las mujeres eran unas mentirosas y manipuladoras y que sus testimonios y los de sus hijos e hijas no eran creíbles. A raíz de sus informes, todos los casos, excepto uno, fueron archivados y no se investigó más. Con la querella, esperamos que ninguna mujer ni sus hijos e hijas vuelvan a sufrir lo mismo. Estos casos no son aislados, sino que se repiten en toda España. Es necesario que se revise el papel tan crucial que juegan los informes periciales en los procesos judiciales. No se puede seguir admitiendo informes periciales basados en prejuicios porque obstaculizan la labor de los jueces y juezas para impartir justicia.

Actualmente estamos a la espera de que se resuelva el Recurso de Reforma que hemos presentado frente a la no admisión a trámite, y estamos recibiendo nuevos casos como para formular nueva querella con otras mujeres víctimas. Estos hechos no pueden permaneces silenciados por más tiempo.

-¿Qué expresiones concretas quisieran que se penalizasen? ¿Cuál sería el umbral del odio castigable?

Considero que ya está todo tipificado, las vejaciones, las injurias, así como los delitos  que atentan contra la integridad moral de las personas; la novedad es la motivación en la comisión del delito y precisamente ahí estriba la dificultad probatoria, pues es complicado demostrar el ánimo del que comete la humillación o la vejación. Los delitos de odio atentan directamente contra los derechos fundamentales de las personas y castigan a quienes fomenten, inciten o promuevan al odio, la hostilidad o directamente la violencia por motivos racistas, xenófobos y también por razones de género.

-¿Serían penalizables, por ejemplos, exabruptos machistas como los que el cantante Francisco lanzó hace unos meses contra Mònica Oltra: «Catalanista, alemana, descerebrada, incómoda de ver, anti española, anti valenciana, anti constitucional... y te atreves a criticar la decisión de un país, España (...) ¿Tú eres demócrata? Tú eres escoria. Esto que le pasada 'señora' es el bajón de la medicación que se fuma y mete, le recomiendo pollardón y pichicilina. Eso sí, si hay un valiente que tenga estómago»?

-Sin duda tales afirmaciones suponen una humillación, un menosprecio y atentan contra la dignidad de la señora Oltra, además es evidente que una parte de su discurso van dirigidos a ella por razón de género. Un caso para estudiar.

-¿Es muy machista el mundo judicial? ¿Podrías poner dos o tres ejemplos, dos o tres anécdotas, dos o tres situaciones que hayas vivido y que sean ilustrativas al respecto?

-Propongo un viaje a la foto, del inicio de cada año judicial, un acto institucional donde prácticamente no hay mujeres, pese a que en la judicatura y en fiscalía hay mayoría de mujeres, en los órganos de poder, de decisión la ausencia de mujeres es alarmante, se reproduce en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, y podemos seguir en los Colegios de la Abogacía, en los que son muy pocos los que cuentan con una decana al frente. Aunque ahora mismo la presidenta de la Abogacía es una mujer, Victoria Ortega, que me consta está trabajando por la igualdad en nuestro colectivo con gran decisión y medidas efectivas.

Personalmente, en mis inicios no me he librado del trato condescendiente de algún compañero, y algún cliente receloso.

-¿Se hace todo lo que se puede, desde las instancias judiciales y administrativas, contra la violencia de género? ¿Qué nuevas medidas les gustaría que se aprobasen?

-Sin dudar del avance que ha supuesto la legislación en esta materia en los últimos 15 años, (Orden de Protección, Ley Integral, modificaciones del Código Penal, Estatuto de la Víctima, etc.) pensamos que no existe una voluntad firme y decidida por parte de las fuerzas políticas para cumplir y hacer cumplir la normativa que tenemos. Se precisan medios, dotación presupuestaria, para hacer efectiva, por ejemplo, la necesidad de formación de todos los operadores jurídicos y personal que interviene en violencia de género: judicatura, fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad, abogacía, equipos psico-sociales, forenses con especialización. Una formación transversal, obligatoria y continua. Es paradójico que se acepte la necesaria especialización en derecho Mercantil o Fiscal, pero no en Igualdad y Violencia de Genero, como si estas materias no precisasen un conocimiento exhaustivo para desarrollar un trabajo de calidad.

Una de nuestras aspiraciones como asociación es que algún día se considerase que todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada, fueran considerados como actos de violencia de género, sin enmarcarlo dentro de la relaciones de pareja como entiende ahora la legislación española, y ello a tenor de lo previsto en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul 2011)

-¿Se ha encontrado, a lo largo de su propia carrera como abogada, con situaciones en las que se haya puesto en duda la palabra de una mujer que denuncia un caso de violencia de género?

Desgraciadamente muchas, demasiada diría yo. En ocasiones directamente les preguntan, si están seguras de lo que afirman, por qué no han denunciado esos hechos tan terribles antes, y en otras ocasiones a medio de gestos de incredulidad, muecas de desaprobación, incluso reproches a las víctimas tratándolas de exageradas.

Así mismo se les pone en duda cuando denuncian violencia, maltrato o abusos sexuales sobre sus hijas e hijos, tildándolas de manipuladores e interesadas, movidas por fines espurios (cito textualmente) 

Estas situaciones se deben a la falta de formación en género, al desconocimiento de lo que supone la relación violenta para la víctima y las dificultades de salir del maltrato, a la existencia de estereotipos de género muy arraigados en general.

-¿Cuál es su posición personal, y la de Abogadas para la Igualdad en general, sobre la prisión permanente revisable, sobre la que últimamente se ha reabierto el debate y que tiene una posible argumentación feminista en lo que respecta a los numerosos violadores que reinciden tras salir de prisión?

Creo que ya me he pronunciado en alguna ocasión al respecto y lo primero es señalar que, como asociación, no tenemos una posición uniforme, pues existe entre las compañeras discrepancias al respecto. En principio nos posicionamos por el cumplimiento íntegro de las penas, algo que no ocurre actualmente.

Desde mi punto de vista personal, y por supuesto sin desconocer lo previsto en el artículo 25 de la Constitución y el carácter reeducador de las penas, entiendo que, en casos de varios delitos de agresiones sexuales y violaciones, creo que la prisión permanente revisada puede ser una solución para controlar que efectivamente ha habido una reinserción y el agresor se encuentra en condiciones de vivir en sociedad con garantías suficientes para el resto de la ciudadanía. Se trata de salvaguardar la seguridad de las mujeres víctimas potenciales. Incluso considero preciso revisar los permisos, pues en un número elevado de ocasiones son aprovechados para cometer una nueva agresión.   

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