La consejera Pilar Varela critica al Gobierno Central por bloquear financiación autonómica por la falta de Presupuestos Generales
26 feb 2018 . Actualizado a las 12:33 h.La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha avanzado hoy que el salario social básico es una prioridad para su Consejería y por ello, 15 de los 111 millones de los créditos extraordinarios se destinarán a asegurarlo.
Valera ha hecho estas manifestaciones en su intervención en la Comisión de Servicios y Derechos Sociales de la Junta General del Principado, donde ha indicado que con la prórroga presupuestaria el Departamento que dirige pierde 35 millones de euros de incremento proyectados en el proyecto de presupuestos para 2018.
«Yo no tengo una máquina de hacer dinero, tengo que gestionar lo que tengo», ha remarcado la consejera, quien ha asegurado que será una «prioridad absoluta» presupuestar el salario social básico para el que se necesitan 15 millones de euros adicionales, que se incluirán en la primera propuesta de créditos extraordinarios.
«Sí o sí el salario social hay que asegurarlo», ha defendido la consejera, que ha indicado que están estudiando cambios en el salario social que favorezcan una mayor eficiencia en la gestión de la prestación.
En materia de vivienda, la consejera ha asegurado que harán las convocatorias de ayudas al alquiler y la rehabilitación, pero con los recursos con los que ahora cuenta el Gobierno autonómico, que son los créditos autonómicos y no los del Estado, a falta del Plan Estatal de Vivienda.
Varela ha asegurado que se podrán hacer las modificaciones legislativas previstas en materia de vivienda y ha afirmado que también están trabajando en una Ley de Mínimos Vitales, una de Acción Concertada, una de Servicios Sociales e Infancia y en resolver definitivamente la colaboración con el tercer sector.
En materia de inversión ha indicado que si no hay créditos están en duda las viviendas proyectadas en Soto del Barco.
Otra de las prioridades que ha citado la consejera son los 18 empleos para la Unidad de Convalecencia en la Residencia Mixta de Gijón, para los que se necesitan 748.000 euros, y ha estimado que en el último trimestre del año se necesitarán nuevos créditos para los acuerdos marco de la discapacidad y de la infancia.
Al Estado le ha echado en cara no haber aportado los créditos necesarios para la financiación del sistema de la Dependencia, al tiempo que ha reprochado que no haya dado a Asturias los 116 millones que le corresponden como entregas a cuenta.
A este respecto, ha considerado «inaceptable» la vinculación que se está haciendo entre las entregas a cuenta y la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha considerado «antidemocrático» que no se desbloqueen en un margen temporal «pequeño y cierto».
La consejera ha instado a los Grupos Parlamentarios a que colaboren al pedir al Gobierno los 116 millones de las entregas a cuenta, que atienda el informe de Dependencia y los créditos del Plan de Vivienda.
El diputado popular Matías Rodríguez Feito ha asegurado que el «único responsable» de que no haya presupuestos es el PSOE, que interpuso sus intereses partidistas al general de todos los asturianos y ha criticado el «experimento fallido del nuevo PSOE» del secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, al que el Gobierno «ha disfrutado viendo naufragar».
«Les ha faltado responsabilidad y trabajo», ha denunciado el parlamentario, que ha considerado que esta prórroga y este primer «parche», en referencia a la primera ley de créditos extraordinarios, «no será suficiente para hacer frente al salario social básico».
Desde Podemos, la diputada Rosa Espiño ha recriminado al Gobierno que hable sobre responsabilidades de no tener presupuesto, cuando «quien tenía la tinta para escribir el futuro de Asturias en 2018 era el PSOE y su Gobierno, pero no quisieron cambiar ni una coma».
Por su parte, la parlamentaria de IU Marta Pulgar ha cuestionado la actitud de los diputados populares, que rechazaron el presupuesto y que tienen el Gobierno del Estado, que podría desbloquear recursos para la comunidad autónoma, y ha instado al Gobierno a presentarán «lo antes posible» la ley de créditos extraordinarios, que IU está dispuesta a consensuar.
Por último, la parlamentaria de Ciudadanos Diana Sánchez ha afirmado que su Grupo esperará a ver qué cuenta la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, sobre los 111 millones que se habilitarán como créditos extraordinarios para poder emitir una valoración.