Educación firma un acuerdo con la patronal y los sindicatos para mantener el empleo. Flexibiliza los ratios y habilita una bolsa de contratación prioritaria
30 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La renovación de los conciertos educativos en 2017 destapó la caja de los truenos. No era algo nuevo. Cada vez que se negocia el número de unidades financiadas en cada centro, detractores y defensores de la doble red -pública y concertada- se enzarzan en un duelo de declaraciones y manifestaciones que se apacigua con el tiempo. Una de las quejas de la patronal y de los trabajadores era que la supresión de los conciertos podría derivar en despidos. Finalmente, se recortaron 23 clases. ¿Se ha traducido este recorte en la rescisión de contratos? El Gobierno del Principado, la patronal y los sindicatos acaban de firmar un acuerdo para que esto no suceda. A grandes rasgos, la administración flexibiliza las ratios de profesores por clase para esquivar los despidos y reclama a las empresas que esa mejora horaria en las plantillas se destine a la calidad educativa. Además, crea un censo en el que los docentes que pierdan el empleo pueden pasar 18 meses. Ese censo es una bolsa de contratación prioritaria, así que otros colegios que necesiten personal se comprometen a mirar primero en esa bolsa para ver si hay profesionales que se adapten al perfil que buscan.
Este acuerdo, alcanzado en diciembre, acaba de salir publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). La resolución, de 21 de diciembre, se denomina Acuerdo para la mejora de la calidad educativa de la enseñanza y el mantenimiento del empleo en el marco de la concertación de unidades escolares adscritas a centros privados. No es el primer pacto de este tipo en Asturias. De hecho, se trata de una actualización del firmado por las partes en septiembre del año 2000. Entonces se reguló un marco para la recolocación de los profesores de la concertada. El nuevo tendrá el mismo periodo de vigencia que los conciertos, desde este curso 2017/2018 al 2022/2023. En esta ocasión, sin embargo, adquiere especial importancia, ya que por primera vez el número de clases concertadas en los colegios privados podrá modificarse sobre la marcha, al final de un curso, si la matricula así lo justifica, y no habrá que esperar hasta el final del periodo. Esto podría traducirse en recortes en la plantilla cada verano. Esta resolución trata de evitarlo.
Las partes del acuerdo
El acuerdo publicado por el Principado justifica los motivos y las consecuencias. La exposición de hechos precisa que los incrementos de la ratio de docentes por unidad se destinarán a la calidad de la enseñanza, con una mejora de la distribución de la carga lectiva del profesorado. Esta decisión coincide en el tiempo con el incremento en las movilizaciones de los docentes de la red pública que piden, precisamente, la reducción de la carga lectiva y la recuperación de las condiciones previas a la crisis.
Educación se compromete con los concertados a permitir el incremento progresivo de esa ratio de docentes por unidad en la etapa de Infantil. En concreto, se beneficiarán los que tengan línea 1, los centros de Educación Especial y aquellos que únicamente tengan concertada este primer ciclo, además de todos los que hayan perdido unidades en la última renovación de los conciertos. De manera, excepcional también será para los centros que incorporen personal despedido por los recortes en otros colegios. La Administración flexibiliza la proporción de profesores en aquellos centros que se vean sometidos a recortes antes del 2023, tanto en Primaria, como en Secundaria y en Educación Especial. En realidad, la dirección podrá mantener la misma plantilla, aunque pierda clases, siempre que no exceda unos límites que la propia resolución fija para cada supuesto.
Lo único que reclama a cambio el Gobierno del Principado es que esos incrementos que está autorizando se amorticen cuando se produzcan ceses del profesorado, por jubilaciones, fallecimientos o por otro tipo de causas, ya que no tiene carácter permanente. Asímismo, reclama a los colegios que apliquen todas esas horas de más en cubrir las sustituciones que se puedan generar a lo largo del curso.
¿Y si el despido es inevitable?
La resolución establece la forma en la que las empresas que gestionan los colegios tendrán que rescindir los contratos si, finalmente, es inevitable acometer algún recorte en la plantilla por la reducción o extinción de los conciertos educativos. Primero tiene que pedir voluntarios. Si no los hay o no son suficientes para cubrir las bajas necesarias, entonces les tocará a aquellos que tengan contratos temporales. Si llegan a los fijos, el orden será el de la antigüedad. En caso de que haya dos con la misma antigüedad, tendrán preferencia para continuar los que tengan más hijos menores de 21 años.
El acuerdo se pone en los peor y crea un Censo de profesorado para la recolocación. En otras palabras, habilita una bolsa de empleo en la que se pueden inscribir voluntariamente los despedidos y en la que podrán pasar hasta 18 meses. Exige, no obstante, una serie de requisitos como tener más de dos años de antigüedad o una jornada igual o superior a 12 horas lectivas. Durante este periodo de año y medio, no recibirá la indemnización por despido a la que tiene derecho y que debe pagar la Consejería de Educación. Esta compensación se pagará a los que no quieran incorporarse al censo o a los que, pasados esos 18 meses, no hayan conseguido recolocarse.