Asturias abandera la oposición al cupo, aunque sería de las menos perjudicadas con un concierto
ASTURIAS
La financiación por habitante caería un 0,3%. Ciudadanos e Izquierda Unida instan al Principado a recurrir el pacto al Constitucional
30 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El próximo jueves cuando arranque el primer pleno del nuevo periodo de sesiones de los debates en la Junta General del Principado, llegarán a la cámara asturiana dos iniciativas para recurrir ante el Tribunal Constitucional el cálculo acordado entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el PNV del cupo vasco que permitió la aprobación de los presupuestos generales del Estado el año pasados. Son dos proposiciones no de ley --una de Izquierda Unida y otra de Ciudadanos-- que instan al Gobierno asturiano a recurrir al alto tribunal el acuerdo sobre el concierto foral. A falta de que se debata en el pleno y se conozca el posicionamiento de los distintos partidos, no resulta difícil imaginar que, si no hay entendimiento sobre ese recurso, el Ejecutivo de Javier Fernández no será muy ajeno a sus argumentos. A lo largo de los últimos meses, en varias comparecencias en distintos foros, el presidente asturiano ha recalcado su posición: no pone en cuestión el modelo foral, que está incluido en la Constitución, pero sí reclama que se calcule de forma distintas haciendo hincapié en que la aportación vasca al fondo común de solidaridad inter territorial es demasiado exigua para la potencia económica de la comunidad.
Pese a todo, lo cierto es que Asturias no sería una de las comunidades más perjudicadas por la extensión generalizada del modelo de concierto económico en el conjunto de las comunidades autónomas, sí que perdería financiación, pero menos que otros territorios que resultarían seriamente perjudicados, como Canarias o Extremadura, en beneficio de las comunidades con mayor renta entre sus habitantes, singularmente Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia. Así se desprende de un informe elaborado por Fedea, y firmado por el economista asturiano Ángel de la Fuente. En él se toma como referencia datos de 2015 y apunta que en el caso de generalizar el sistema de concierto, esto es que las comunidades recaudaran la práctica totalidad los tributos para luego entregar una parte al sistema común para sufragar las competencias de ámbito estatal (desde defensa a cohesión territorial), Asturias aparecería entre las comunidades que pierden financiación, pero no demasiada, sería una rebaja de 0,3 puntos porcentuales y una cifra (con los datos de 2015) de alrededor de ocho millones de euros menos en el concepto de financiación por habitante. Con todo, el efecto general sería catastrófico para la mayoría de las comunidades, sólo saldrían beneficiadas cuatro --Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares-- mientras que el resto perdería, en casos como el de las Islas Canarías hasta una rebaja de 83 puntos porcentales, 42 en el caso de Extremadura, y entre 22 y 20 para La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia.
El informe señala, y es algo que ha repetido también en varias ocasiones el presidente asturiano, que en la práctica esta modificación significaría el cambio del estado español a un modelo confederal, con un gobierno central muy débil y extremadamente dependiente de la «'generosidad' de unas CCAA que tendrían la llave de la caja y operarían bajo una tentación permanente de reducir sus aportaciones». Las conclusiones de Ángel de la Fuente señalan que la extensión del modelo de concierto foral presentan más desventajas que virtudes, y en conclusión «un aumento muy considerable de la desigualdad territorial en financiación por habitante ajustado que plantearía serios problemas de equidad» además de «un pésimo negocio desde el punto de vista del interés general del país».
Lo cierto es que muy pocos economistas, tal y como señala el informe, han planteado seriamente extender el modelo del cupo al conjunto del Estado; aunque sí ha planeado como una posible oferta para extenderlo a Cataluña después del procés soberanista; algo que ya ha despertado fuertes críticas entre varios dirigentes autonómicos, entre ellos los asturianos.
Sí es cierto que la negociación del vasco en los pasados presupuestos contaminó profundamente el debate sobre la futura reforma del modelo de financiación --hasta el punto de que el primer experto propuesto por el Principado, el catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio presentó su dimisión entre fuertes críticas al acuerdo cerrado con el PNV--, una discusión en la que las diferentes posturas trascienden incluso los posicionamientos de los partidos. Así, mientras que Asturias se opone frontalmente a la introducción del principio de ordinalidad (un límite a la solidaridad entre territorios por parte de las comunidades más ricas-- Baleares (que también está gobernada por el PSOE) lo defiende.
A la salida de la Junta de Portavoces celebrada este lunes, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares defendió que el gobierno asturiano recurra al Constitucional el actual cupo por ser «una medida discriminatoria, con privilegios de unos ciudadanos frente a otros». Con el pacto alcanzado entre Rajoy y el PNV los ciudadanos vascos cuentan con una financiación 60% superior a la del resto. En este sentido, Llamazares apuntó además que ese acuerdo «aleja la posibilidad de negociar un sistema de financiación» común. El portavoz de IU lamentó que «no fuera posible» haber negociado con Ciudadanos la presentación de una iniciativa conjunta. El portavoz de los naranjas, Nicanor García, explicó que, a su jucio, se trataba de proposciones «complementarias pero sensiblemente distintas» e insistió en que su grupo fue «el único» que votó contra el cupo en el Congreso de los Diputados «mientras que Unidos Podemos votó a favor».
Más allá del debate sobre una hipotética extensión del sistema de conciertos, o sobre los posibles modelos que deban introducirse en la reforma de la financiación actual, varias comunidades y también Asturias llevan meses acusando al Ejecutivo Central de deslealtad institucional por retener las entregas a cuenta para las autonomías hasta que se aprueben los presupuestos generales. Esta decisión del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, supone para Asturias de la pérdida temporal de unos 116 millones de euros, en un contexto de prórroga presupuestaria y que según el Gobierno autonómico puede afectar a la financiación de servicios básicos, desde la sanidad a la educación. De forma reiterara, desde el Principado se ha exigido que la financiación autonómica no dependa de la aprobación o no de las cuentas estatales.