Los morados quieren la gratuidad ya para el ciclo de 0 a 3 años pero sólo para los matriculados y el Gobierno insiste en que sería un modelo desigual
21 dic 2017 . Actualizado a las 14:05 h.A falta de menos de 24 horas para el debate en el parlamento asturiano sobre las enmiendas a la totalidad del presupuesto, las negociaciones se encuentran totalmente encalladas y la prórroga parece la opción más certera. PSOE e IU cerraron ayer un acuerdo que garantiza el respaldo de los cinco escaños de la coalición a los 14 de los socialistas pero el resto de grupos presentaron enmiendas a la totalidad, también Podemos (cuyo respaldo sería la única salida para las cuentas) que se comprometió a retirarla si el Ejecutivo accedía a destinar 2 millones de euros para doblar la actual bonificación prevista para las escuelas infantiles y que fueran gratuitas a partir del 1 de enero. Pero esa gratuidad sería sólo para las familias que ya han solicitado plaza, para unos 3.600 niños, y es aquí donde las posiciones de ambos grupos se han atrincherado sin avance posible.
Esta mañana la diputada de Podemos, Lorena Gil compareció junto a concejales de su grupo en las tres principales ciudades de Asturias --estuvieron con ella Rubén Rosón de Somos Oviedo, Nuria Rodríguez de Xixón Sí Puede y David Salcines de Somos Avilés-- para explicar de nuevo su propuesta y resaltar las dificultades que se encuentran los gobiernos locales a la hora de desplegar el servicio de escuelas de 0 a 3. En la actualidad se organiza desde los consistorios con financiación autonómica pero este modelo, según destacó el concejal de Hacienda de Oviedo, supone que en la práctica haya una desigualdad entre los concejos de manera que los que cuenta con más recursos pueden conceder más medios a sus escuelas que otros. Salcines, de Avilés, apuntó además que las maestras de estas escuelas tienen también grandes diferencias salariales en uno u otro ayuntamiento.
A juicio de los morados resulta «inexplicable» que la negociación no pueda culminarse por una cifra tan baja, pero desde el Gobierno insisten en que ese argumento tiene trampa. El portavoz del Ejecutivo Guillermo Martínez destacaba que con esos dos millones se daría gratuidad sólo a los niños ya inscritos, 3.600, y sólo en 38 de los 78 concejos de Asturias, «si el 1 de enero es gratuito para esas familias habría que preguntarse qué pasa con los demás», añadió que la propuesta de Podemos supone la implantación de la escuela infantil «por la vía de la imposición» en lugar de «con un estudio serio y riguroso» insistió de forma reiterada en que en modo alguno puede asumirse que el coste de la extensión de la escuela infantil al conjunto del territorio dependa de 2 millones «hagan los cálculos, estamos hablando ahora de un coste de 15 millones de euros para ese número (de 3.600 niños) imagínense hasta los 26.000 (la cifra de menores de 4 años en Asturias) aun sabiendo que no va a ser el 100% por decisión de las familias». Ese cálculo supone un gasto de lago más de 100 millones de euros, es una partida similar a la que el Principado destina anualmente al salario social.
Desde Podemos se insistió en que habían renunciado temporalmente a la universalización del modelo y a la integración de las escuelas en el sistema público para afianzar la gratuidad ya en 2018, y respecto al hecho de que sólo se beneficiarían de ella un número reducido de familias, la concejal de XsP, Nuría Rodriguez, señaló que «por algún sitio hay que empezar», reclamó al Gobierno los informes sobre trabas jurídicas que pudieran darse «porque nos encontramos con datos inexactos» y respecto a cómo se concretaría en los años sucesivos esa gratuidad en el caso de que se aceptara darla ya a las familias con plaza señaló que «habrá una transición progresiva, primero para los niños que están matriculados y luego ya veremos, el esfuerzo nos merece la pena».
A juicio del portavoz del Gobierno, sin embargo, este plante supone que «Podemos vuelve a la casilla de salida, a la negociación del 100% o nada y frente a eso hemos hecho avances significativos, hemos hecho la bonificación del 50% y la extensión de la red» y recalcó que defienden «una gratuidad sobre bases jurídicas y financieras sólidas».