Este verano, época de vacas gordas del empleo, los contratos de un día de duración aumentaron un 50 % mientras siete de cada diez empleos creados duraron menos de tres meses. No nos debe extrañar que, con estos contratos, el sueldo medio en España se esté reduciendo, según la EPA.
Además, siendo España uno de los países con mayor tasa de paro de la UE, nos hemos anotado el dudoso éxito de conseguir que los fondos de desempleo tengan superávit. Eso sí, a costa de que la cobertura a los parados siga en mínimos. Y por eso las estadísticas europeas informan de que España es -junto a Grecia y Rumanía- el país de la UE con mayor porcentaje de trabajadores que no alcanzan ingresos superiores al nivel de pobreza. El 40 % de las personas que acuden a Cáritas lo hace a pesar de proceder de hogares con uno de sus miembros empleado.
Nuestra Autoridad Fiscal estima un coste de 15.000 millones para dar una renta básica a dos millones de beneficiarios en riesgo de pobreza, a propuesta de CC.OO. y UGT. Apenas sería necesario recortar en dos puntos el diferencial de ingresos públicos que tenemos con la media europea (y nos sobraría en caso de igualarnos en ingresos sobre PIB con Portugal).
En el otro lado de la ecuación de la desigualdad rampante, en los nueve primeros meses del año, Repsol incrementó sus beneficios en un 40 %. Y la luz se ha encarecido un 12 %. Son márgenes que se consiguen a costa del deterioro de nuestra competitividad empresarial.
Y mientras algunos fondos privados de pensiones han entrado en rentabilidades negativas, se estarían soportando comisiones muy elevadas. Buen ejemplo de lo que los inspectores del Banco de España denuncian cuando sostienen que su banco y el BCE están en manos de la banca. Todos ellos son buenos ejemplos de lo que Antón Costas, en su último libro, denomina daño social de la ausencia de competencia, ya que esos beneficios salen tanto de los bolsillos de los consumidores como de la erosión de nuestra competitividad.
Por eso, la tasa de ahorro de los hogares ha llegado a mínimos en nueve años (del 13,5 % en el 2009 al 6,5 % en el 2017), porque cada vez un mayor porcentaje de las rentas de los hogares se absorben por mayores precios y gastos en sus consumos. Por eso el 60% de los hogares se ven obligados a endeudarse para llegar a fin de mes.
En noviembre, el Gobierno consiguió aprobar en el Parlamento un cálculo del cupo vasco que agravará la ya hoy escandalosa balanza fiscal de aquella parte de España que, en vez de aportar recursos para la cohesión social interna (pensiones, sanidad, educación, dependencia, servicios generales o I+D), los recibe. Reforzando así un argumento de oro para que otras partes de España reclamen lo mismo (por ejemplo Cataluña). Lo que sucederá de forma unilateral, bilateral o colateral.