Aunque el Gobierno ha remarcado que se atendrá al programa con que fue a las elecciones, IU y Podemos quieren impulsar ya una reforma
09 oct 2017 . Actualizado a las 14:47 h.Con los informativos, y no sólo los nacionales, repletos hace dos semanas de imágenes sobre el desarrollo del proceso soberanista en Cataluña, pasaba bastante desapercibida una noticia que, al menos en el ámbito asturiano, sí era digna de la calificación de histórica. No sin debate, y tampoco sin discusión pero por mayoría, el congreso de la Federación Socialista Asturiana aprobaba una enmienda para apoyar la oficialidad de la lengua asturiana, para hacerlo una vez que se afrontara una próxima reforma del Estatuto de Autonomía. No era una decisión que fuera a precipitar ningún acontecimiento pero sí suponía un cambio trascedental en la estrategia de política lingüística del socialismo asturiano y los colectivos más veteranos en la defensa de la llingua así lo destacaron.
La enmienda socialista apuntaba a una reforma futura del Estatuto de Autonomía. Por eso, al término del Consejo de Gobierno celebrado la semana pasada, el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, destacaba en esta legislatura el el gabinete de Javier Fernández se limitaría a aplicar el programa con el que fue a las elecciones, y que no contempla la oficialidad. En su primera comparecencia como secretario general de la FSA, tras celebrar su primera ejecutiva, Adrián Barbón confirmaba dos cosas: que Martínez estaba en lo cierto y que sería «difícil» poner en marcha un proceso semejante en los dos años que restan de mandato, y también que la enmienda aprobada en el congreso se incluiría en el programa con el que los socialistas concurran a los próximos comicios.
Sin embargo, son varios los grupos que tienen más prisa. La Xunta Pola Defensa de la Llingua se ha marcado el objetivo de poner fecha a la aprobación de la oficialidad el próximo 2018. Dentro del parlamento, Podemos ha instado a «aglutinar el mayor consenso posible para recuperar el asturiano y que el idioma no desaparezca», en palabras de su responsable de Derechos Lingüísticos, Lluis Miguel Orviz. Desde su puunto de vista, la estrategia de los morados pasaba acordar el máximo desarrollo de la vigente Ley de Uso pero, una vez que los socialistas aprobaron su enmienda,«ha cambiado el panorama de forma significativa, y ahora mismo sobre el papel en la Junta General ya hay una mayoría suficiente para aprobarla». Orviz consideró posible una reforma «parcial» del Estatuto que sólo afectara a la llingua y destacó que s interés pasa por busca el máximo consenso posible en esta materia.
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, apuntó a que pronto tendrán que dictaminarse las conclusiones de la mesa por la normalización y la dignificación del asturiano en el parlamento y que en ellas podría incluirse de forma expresa el respaldo a la oficialidad. «No vemos imposible que se pueda hacer durante esta legislatura» apuntó Llamazares quien señaló en todo caso que para hacerlo resulta imprescindible la reforma estatutaria y «no deberíamos desaprovechar esta circunstancia para avanzar hacia la oficialidad».
¿Qué pasos jurídicos tendrían que darse en todo caso? Hay dos interpretaciones posibles, una pasa por una reforma del Estatuto que puede ser solicitada por la cuarta parte de los miembros de la cámara --sólo con la unión de Podemos e IU ya habría escaños suficientes-- pero luego tendría que ser respaldada por tres quintas partes del parlamento. Sería posible acogerse a una reforma de competencias no reservadas al Estado, apelando a un ámbito lingüístico meramente asturiano, y en ese caso podría aprobarse por mayoría absoluta. En todo caso, con la férrea oposición explícita del PP y con un grupo parlamentario socialista y una FSA que pese a sus diferencias coinciden en que no se dan las circunstancias precisas en el presente, la posibilidades reales son nulas.
El letrado del Tribunal Constitucional, José Manuel Pérez, destacó que, además de salvar todos los requisitos establecidos en el parlamento autonómico, la norma tendría que recibir además el apoyo como ley orgánica en el Congreso de los Diputados. A su juicio, a corto plazo debería «desarrollarse al máximo» la Ley de Uso y buscar un «compromiso de las fuerzas políticas para poner en marcha la reforma estatutaria en la próxima legislatura». Pérez destacó que con la Ley de Uso deben resolverse las cuestiones que atañen a la toponimía, y destacó la necesidad de alcanzar un acuerdo con el Estado para el reconocimiento de la especialidad docente de lengua asturiana por los graves perjuicios que su ausencia está causando no sólo al profesorado sino también a los alumnos.
El PP, que ha llevado a los tribunales el plan piloto para introducir de forma voluntaria el asturiano como lengua vehicular de la enseñanza en determinadas materias, no está por la labor en absoluto. Su secretario general en Asturias, Luis Venta, apuntó que, en su opinión, para la sociedad asturiana la oficialidad no es algo prioritario y que «viendo lo que está pasando en este país hay que buscar lo que nos une y no lo que nos separa». Además resaltó que ni siquiera la medida tiene, desde su punto de vista, suficiente apoyo dentro del mismo partido socialista.
Desde Foro Asturias se ciñeron a su programa electoral que pone la oficialidad como «un camino a recorrer con su normalización y su uso». En el texto está explícitamente recogido que «apoyaremos, cuando se den las circunstancias políticas y el consenso social necesario que permitan la reforma de nuestro estatuto de autonomía, la modificación de su artículo 4 para incluir la oficialidad».
En Ciudadanos apuestan por desarrollar al máximo la Ley de Uso, que consideran desaprovechadas y abandonada por los anteriores gobiernos socialistas. Su portavoz parlamentario, Nicanor García consideró que la postura de Podemos empujando el debate es «oportunista» toda vez que el gobierno y la FSA han descartado aplicarla esta legislatura. Los naranjas, destacó, apuestas por extender las posibilidades de la Ley de Uso que «habla de profundizar su uso e impulsarlo en los medios de comunicación, de publicaciones, de su conocimiento por parte de los funcionarios, también de toponimia, hay que desarrollar esa ley y produndizar en todas y cada una de las acciones que propugna». Pero García dejó claro que «no toca» y su partido no apoyaría la oficialidad «en estos momentos».