PSOE, Podemos e Izquierda Unida unen sus votos para frenar la iniciativa conservadora a la que acusan de tener «afán privatizador»
15 sep 2017 . Actualizado a las 13:12 h.El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado hoy iniciar la tramitación de la proposición de ley del PP para reformar el ciclo educativo de 0 a 3 años con el voto en contra de PSOE, Podemos e IU a una iniciativa que sí ha concitado el respaldo de los grupos de Foro y Ciudadanos.
En su defensa de la iniciativa, la portavoz del PP, Mercedes Fernández, ante su previsible rechazo, ya había advertido de que esta decisión constataba que el Ejecutivo socialista «no gobierna para la mayoría de los asturianos» y mantiene un discurso «rancio», actúa «con demasiada pasividad» y «así les va a ir».
A su juicio, la votación de su propuesta constituía «un termómetro de la solidaridad social y de la equidad» dado que pretendía universalizar y convertir en gratuita una red educativa «insuficiente y muy cara» y su toma en consideración habría sido «una buena antesala para un acuerdo presupuestario».
El texto planteaba que, de cara al curso 2018/2019, se llevase a cabo una primera fase en la que todas las escuelas infantiles se integrarían en la red pública y que sus trabajadores pudieran optar a mantener sus puestos a través de un concurso-oposición.
La segunda fase contemplaría la extensión de la red mediante conciertos con centros privados, como se hace en el resto de etapas educativas, y la tercera plantearía su extensión tanto a pequeños municipios como a parques tecnológicos o polígonos industriales recurriendo también si es necesario a la figura de los conciertos.
En el caso de los concejos rurales, el PP planteaba aplicar una iniciativa similar a la desarrollada en Galicia con las denominadas 'casas nido', de forma que se puedan habilitar hogares en los que implantar una escuela infantil para un máximo de cinco niños.
La proposición de ley había contado con el criterio desfavorable del Consejo de Gobierno, que había advertido de que sólo la gratuidad del servicio supondría un gasto adicional de 14,1 millones al margen de los gastos de conservación de los centros y de las inversiones para construir otros nuevos, que ahora depende de los ayuntamientos.
La actual red funciona a través de 65 centros ubicados en 38 concejos a través de convenios con ayuntamientos a la que añaden cuatro más de competencia autonómica dependientes de Servicios Sociales y diez privados bajo la fórmula de guarderías infantiles laborales en los que están matriculados 3.500 alumnos, el 18 por ciento de los cerca de veinte mil niños de hasta tres años.
Para la diputada socialista Elsa Pérez, la propuesta del PP «bajo la apariencia inocente» de la defensa de la red de 0 a 3 «rezuma un afán privatizador» que constata que el PP «ve la educación como un negocio» y tendría «un dudoso encaje constitucional» a la vez que ha recordado, en alusión a la carestía del servicio, que el 70,6 por ciento de los actuales usuarios tienen bonificación en las tarifas.
En la misma se ha expresado la parlamentaria de Podemos Lucía Montejo, que ha ironizado sobre «la capacidad imaginativa» del PP para intentar «vender» como una cuestión de gratuidad un intento de privatizar el ciclo educativa con una proposición de ley que constituye además «una chapuza jurídica».
También para IU la propuesta de los populares suponía «arrimar el ascua a su sardina» al intentar beneficiar «a los sectores que le interesan» y favorecer a empresas privadas y, aunque su diputada Concha Masa se ha mostrado también «decepcionada» con la gestión del Gobierno en este ámbito, ha rechazado una iniciativa que, además, apuesta por convertir las escuelas infantiles en guarderías.
Por el contrario, para el forista Pedro Leal, el actual modelo de esta red consorciado con los ayuntamientos está «estancado» y quita recursos a las administraciones locales pese a tratarse de una competencia como la educativa que corresponde al Principado.
Pese a su voto favorable, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha señalado que la propuesta era «poco realista» e inasumible tal y como estaba redactada y que supondría un coste «muy alto» para el Principado por lo que ha abogado por incorporar la regulación del ciclo 0-3 en el seno de un pacto educativo nacional.