La prolija sentencia de 1.079 folios describe una red de corrupción en la administración del Principado
14 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia describe con todo lujo de detalle, en una prolija sentencia, que consta de 1.079 folios, cómo se gestó el «caso Marea», la mayor trama de corrupción en el Principado cuyo coste ha sido imposible determinar, pese a los seis años de instrucción de la causa, cuatro meses de celebración de la vista, ingentes y exhaustivos informes policiales, periciales, la declaración de más de un centenar de testigos, pinchazos telefónicos y seguimientos.
El tribunal concede el mayor protagonismo en estas prácticas delictivas a cinco de los 13 acusados: en la cúspide sitúan a la exnúmero 2 de Educación, María Jesús Otero, al consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, durante la etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, a la exfuncionaria Marta Renedo y a los empresarios Víctor Manuel Muñiz, exgerente de Igrafo y a Alfonso Carlos Sánchez, expropietario de Almacenes Pumarín S.A. (APSA). Estas son algunas de las claves del modus operandi con el que los empresarios obtenían contratos de obra sin pasar por los filtros oficiales y éstos devolvían los tratos de favor con el pago de dádivas y liberalidades, entre las que figuraban viajes de lujo, cruceros, joyas y mordidas producto de los sobornos en sus cuentas bancarias
Las dádivas de María Jesús Otero
María Jesús Otero, directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, adscrita a la Consejería de Educación, mandaba más que su jefe, el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, a la hora de decidir a qué empresas y con qué personas se contrataban las obras. Estaba considerada su mano derecha y persona de absoluta confianza. Es la acusada con una condena mayor en el denominado «Caso Marea»: 9 años y medio.
Ella resumió su proclama de inocencia en el turno de la última palabra: «Nunca recibí una liberalidad en el ejercicio del cargo, ni la pedí ni me la dieron. Si se recibió algo se facturó y se pagó». Una contundente afirmación de la exnúmero 2 de Educación, que no sólo no convenció al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, sino que recibió «un no menos rotundo desmentido tras la práctica de la prueba», expresa la resolución. Los magistrados calculan que obtuvo 1,8 millones de euros financiados por los empresarios y coacusados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez a cambio de la adjudicación de contratos que se sustraían a la licitación pública.
Los enchufes que pedía José Luis Iglesias para su hijo
Pese a los seis años de condena que ha recibido el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, los magistrados entienden que su papel en la trama si bien merece «un reproche penal», eran de una entidad menor que la de Otero. Más bien hacía la vista gorda, porque su interés más que centrarse en un posible enriquecimiento personal venía enfocado hacia la contratación de la empresa Geogal, participada por su hijo Ernesto en un 75% y por su esposa en un 25%. «Recibió también liberalidades, ciertamente de mucha menor relevancia cuantitativa», admite la Sala. «Ha de notarse que no se ha acreditado que de tales hechos derivara un menoscabo para las arcas públicas, pues lo que suponían, en esencia, orientar la contratación a favorecer a Ernesto Iglesias, hecho sin duda grave, pero que difiere sustancialmente de lo que aquí se ventila», reconoce el fallo.
Del supuesto arrepentimiento a la ingeniería delictiva de Renedo
Las primeras palabras de Marta Renedo, exjefa de servicio, al ser descubierta su suplantación de identidad en la apertura de una cuenta bancaria a la que desviaba dinero fueron de arrepentimiento. «Lo siento mucho y quiero arreglarlo. Por favor sólo quiero contaros todo lo que sé, tengo hijos y también me han engañado. Soy también una víctima», manifestó a una de las perjudicadas.
Una confesión que contrasta con la obra de ingeniería delictiva que describen los magistrados sobre su actuación en los hechos y que comprende, además de suplantar identidades, la falsificación de la firma de sus superiores y compañeros, la creación de empresas fantasmas a las que desviaba los fondos obtenidos fraudulentamente y que revestía de aparente legalidad con la contratación de su asesor fiscal, la esposa de éste y la profesora de inglés de sus hijos, pese a que nunca desempeñaron actividad alguna en la sociedad.
Aprovechando la capacidad que tenía como Jefa de Servicio en las Direcciones Generales en que estuvo destinada para «proponer, desarrollar, verificar y supervisar » la ejecución de contratos menores y de suministro de material homologado, siendo la que se encargaba de contactar con los proveedores y decidir «a qué y a quién se contrataba», favorecía la contratación desde su departamento con las empresas de Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez y promovía adjudicaciones de material homologado que «se pagaban sin que existiera prestación alguna de bienes y servicios, como ocurrió en los expedientes de Belén de la Montaña y de San Julián de Bimenes», ratifica la Audiencia.