El Principado se sumará al criterio de la Fiscalía en la petición de ingreso en prisión
ASTURIAS
«En ningún caso la posición del Principado va a distar de la que adopte la Fiscalía», ha recordado Guillermo Martínez
11 sep 2017 . Actualizado a las 12:15 h.El Gobierno del Principado se sumará al criterio de la Fiscalía sobre la posible petición de ingreso en prisión de los condenados por el «caso Marea», dado lo elevado de las penas impuestas por la Audiencia Provincial, ha avanzado el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez.
Martínez ha recordado que hay que esperar a conocer, mañana, el contenido del fallo judicial, pero ha asegurado que «en ningún caso la posición del Principado va a distar de la que adopte la Fiscalía».
La Audiencia Provincial de Oviedo dará a conocer mañana, en lectura pública, el apartado de hechos probados y un extracto de los fundamentos de la sentencia del «caso Marea», cuya parte dispositiva se dio a conocer el pasado 1 de septiembre.
La sentencia condena al exconsejero de Educación del Gobierno asturiano José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a 6 y 9 años y medio de prisión, respectivamente.
También condena a la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyas iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso, a 9 años de prisión por su participación en la trama de adjudicación irregular de contratos a varias empresas.
Por su parte, los cuatro empresarios juzgados -Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería- han sido condenados a un total de 15,9 años de prisión.
Guillermo Martínez también ha reiterado hoy la disposición del Gobierno regional para desbloquear la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, texto que el Ejecutivo trasladó al Parlamento regional hace más de un año después de que el texto elaborado en la anterior legislatura decayera en su tramitación parlamentaria.
El Gobierno regional, ha apuntado, va a continuar con los contactos con los diferentes grupos en la Junta General para alcanzar un consenso en una norma que pretende reforzar los controles y la lucha contra la corrupción.