«Con las víctimas del franquismo todo es posible. Siguen sin ser víctimas de pleno derecho»

La asamblea general de la ONU condenó con una resolución firmada en Nueva York en 1946 la dictadura franquista por ser un «régimen de carácter fascista establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini». Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que las Naciones Unidas han exigido a España que atienda las reclamaciones de las víctimas del franquismo. Sin éxito, al menos en lo que respecta a los tres derechos que tienen todas las víctimas de conflictos similares: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. 

La última ocasión en la que la ONU reclamó que estos derechos se apliquen en España fue este mismo año, cuando el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, insistía una vez más en que el Gobierno de España tiene la obligación de atender esas reclamaciones, dando prioridad a las exhumaciones de fosas comunes para poner fin al sufrimiento de quienes siguen sin saber dónde están sus familiares. Estas recomendaciones de la ONU no son de obligado cumplimiento y, aunque las normas internacionales de derechos humanos que vienen a decir lo mismo sí lo son, «con las víctimas del franquismo todo es posible porque no se consideran víctimas de pleno derecho». 

En la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) insisten en que las fosas comunes de las víctimas del franquismo son un asunto de Estado por ser pruebas de delitos contra la humanidad que, según el derecho penal internacional que prevalece siempre sobre el interno de un país, son aquellos hechos que forman parte de un ataque sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, por motivos políticos, raciales, nacionales, culturales, religiosos, de género o cualquier otro reconocido como inaceptable. Estos crímenes, dada su extrema gravedad y por constituir una ofensa a la humanidad en su conjunto, nunca prescriben con lo que no cabe amnistía alguna.

«Hubo años y años de oportunidades»

Conseguir que se apliquen esos derechos y acabar con el llamado modelo de impunidad español (que no reconoce ese papel de víctima que recoge el derecho internacional) es el principal caballo de batalla de todas las asociaciones memorialistas de España. Por ello, en Famyr consideran que las exhumaciones, como en cualquier delito y más si es contra la humanidad, deben ser ordenadas por los tribunales. Cigarría pone como ejemplo el caso de Marta de Castillo. «Nadie cuestiona que sea la justicia quien ordena la búsqueda de Marta del Castillo. Sería impensable que lo tuviera que hacer la familia en solitario». En Asturias, se presentaron varias denuncias en los juzgados en 2006 para realizar exhumaciones en fosas comunes pero los casos se desestimaron por haber prescrito el delito. Y las pocas exhumaciones que se han realizado para que los familiares encontraran al menos respuestas, incluidas las de este año, no han sido ordenadas por un juzgado.

«España es el único país en el que las exhumaciones se hacen de manera administrativa y ese es uno de los problemas del modelo español de impunidad, que las víctimas del franquismo carecen de esos derechos», dice Cigarría, que recuerda que «hubo años y años de oportunidades» para desatar lo que el franquismo había dejado bien atado. Por miedo, por statu quo o debido al «déficit democrático» que evidencia esta situación, ningún gobierno estatal lo hizo. Independientemente de su color político. 

La ley regional de memoria histórica, pendiente del debate

En Famyr también consideran que, con las exhumaciones particulares o administrativas, en el fondo se destruyen pruebas de un crimen de lesa humanidad (al no aplicarse los protocolos policiales y judiciales que se aplicarían ante cualquier delito violento) y se perpetúa la impunidad. Por ello, instan a los familiares a que presenten denuncias. «Respetamos el dolor de las familias, pero hay que explicarles que esa labor la tiene que hacer un juzgado. Tiene que realizarse por la vía legal», dice Cigarría, que reconoce el conflicto que existe entre la memoria familiar y la memoria política y colectiva, pero que insiste en que «a esta gente la asesinaron por su significación política y, cuando trasladas esos restos, robas parte de la verdad a esa memoria colectiva». 

En Asturias, a principios del año pasado, el grupo parlamentario de IU presentaba el proyecto de una ley de memoria regional que, entre otras cuestiones, proponía un plan de identificación de restos en fosas comunes y la supresión de la simbología franquista en un plazo máximo de 12 meses. «Es una copia de las leyes de Andalucía y Valencia, que dicen que las fosas son una cuestión administrativa. Es decir, convierten los derechos de las víctimas en un asunto de un comité administrativo o de expertos», indica Cigarría. En todo caso, el debate en torno a esta ley sigue pendiente. 

Miedo al discurso en torno a la retirada de símbolos franquistas

También lo está la retirada de la simbología franquista que aún permanece en algunos concejos asturianos. Cigarría recuerda que en 2014 Famyr puso en marcha la campaña ¡Madreñazu al franquismo! para recordarlo. «Es un tema de obligado cumplimiento y, aunque la ley estatal de Memoria Histórica no establezca plazos, hay que quitarlos», explica, «por ignorancia o directamente porque algunos ayuntamientos pasan, se siguen manteniendo y depende de la voluntad del concejal de turno».

Esos restos del franquismo en Asturias están corriendo distinta suerte. En Tineo, gobernado por el PSOE, «vamos a ir a juicio cuando saben que lo tienen perdido». En Gijón, aún existe un colegio que lleva el nombre de Julián Gómez Elisburu, que fue jefe local de Falange. En su momento, llegó a plantearse cambiar este nombre por el de Margarita Salas, pero la propuesta no tuvo demasiado recorrido. «El cambio depende del colegio y de la Consejería de Educación», explica Cigarría, «y cuando la propia comunidad educativa no le da importancia a tener como nombre del colegio a un falangista, la derrota es absoluta». 

La retirada de símbolos y nombres franquistas es pura «higiene democrática» que, por ejemplo, si han asumido en Cangas de Onís, con un gobierno del PP, y en Oviedo, en donde «el cambio fue radical» tras la llegada del tripartito. En Famyr, en cualquier caso, lamentan que la retirada de esta simbología, en vez de tomarse como un ejercicio de pedagogía democrática, se vea en ocasiones como algo vergonzante. «Tienen miedo a ese discurso pese a que lo tienen ganado con personas con mediana sensibilidad democrática», considera Cigarría, que también recuerda cómo hasta en dos ocasiones el Gobierno socialista del Principado rechazó que se concedieran las distinciones anuales de Asturias a guerrilleros antifranquistas como Felipe Matarranz y José Antonio Alonso Alcalde. 

A este último, el comandante Robert, los honores le llegaron fuera de España, puesto que, entre otras condecoraciones, tenía en su haber la medalla de Caballero Oficial de la Legión de Honor de Francia, la más alta distinción del país vecino. «Por dos veces hicimos una campaña para que se les concediera la medalla de oro de Asturias y, sin ninguna explicación, siempre se negaron», recuerda Cigarría, explicando que incluso en 2013 este galardón asturiano quedó desierto por primera vez. 

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