El colectivo de Maestros Capacitados denuncia que Educación ha vuelto a incumplir la reserva de plazas, pese a las sentencias judiciales que acumulan a su favor
24 ago 2017 . Actualizado a las 18:36 h.«Más de lo mismo». Con esta lacónica expresión califica el colectivo de Maestros Capacitados la adjudicación de plazas vacantes a los interinos docentes en Asturias. La Consejería de Educación realizó la adjudicación provisional el miércoles, 23 de agosto. Las primeras críticas surgieron ese mismo día porque se había ahorrado plazas. Puestos que había anunciado en julio no fueron concedidos a nadie. El segundo frente llega ahora desde el colectivo con discapacidad. Denuncia que no se ha ha cumplido con el mínimo legal de reserva del 7% y anuncian una cascada de alegaciones. Si el 30 de agosto, con la adjudicación definitiva, sus reclamaciones no son atendidas, volverán a los tribunales, una vez más.
Tienen decenas de ejemplos de los incumplimientos de la Consejería de Educación. No quieren dar nombres para no colocarse en la diana, porque temen represalias, pero cuentan sus casos. Una integrante de Maestros Capacitados era, por nota, la séptima interina con discapacidad en su disciplina. Pidió para 164 centros. Se ha quedado sin plaza. «No me han adjudicado. Lo comprobé y si hubieran cumplido con el cupo me habría correspondido a dos calles de mi casa», señala. Su situación no es única. Otra compañera está la tercera en su lista. Pidió en 70. También se ha quedado fuera.
Muchos de los afectados llevan años batallando para que la Administración educativa cumpla con la reserva de plazas para docentes con discapacidad. No solo tienen que guardar el cupo en la oferta pública de empleo. Tienen que utilizarlo también en la gestión de las listas y en la concesión de vacantes. Algunos de los que están sin contrato cuentan incluso con una sentencia judicial favorable y están esperando que el Gobierno del Principado dé cumplimiento al fallo. Unos cuantos están trabajando fuera del Principado sin posibilidad de retorno.
Están dispuestos a volver a los tribunales. Pero agotarán antes la vía administrativa. Ahora presentarán la reclamación ante la consejería. El día 30 verán su reacción. Si no cumple, tramitarán hasta reclamaciones a título individual. Lo lamentan porque es un desgaste personal y económico tremendo, que se alarga en el tiempo. «Queremos que se hagan efectivos los principios de discriminación positiva establecidos constitucionalmente y refrendados jurisprudencialmente», insisten los docentes.